Operación policial contra un grupo de empresas que amañaron adjudicaciones públicas en Cataluña junto con altos cargos del Govern de Artur Mas

La Guardia Civil ha llevado a cabo este martes una operación contra un grupo de empresas que pudo amañar adjudicaciones públicas en Cataluña junto con altos cargos del Govern de Artur Mas. La denominada Operación COLUSORIUM, enmarcada en las Diligencias Previas dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, busca información comprometedora contra los políticos de Convergencia de Catalunya. Los agentes han registrado un total de ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lleida, Vizcaya y Sevilla, todos supuestamente relacionados con la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración Pública.

Son operaciones relacionadas con el conocido asunto del 3%, porque esa cifra era la comisión requerida en las operaciones comerciales realizadas. La investigación se inició con el análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados, datados entre los años 2008 y 2011. Gracias a estos emails se pudo saber que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas.

Mediante dicho pacto, las empresas privadas que lo integraban acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a las empresas competidoras, que eran ajenas al mismo. Las pesquisas de los investigadores han demostrado la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en el entramado corrupto.

La Guardia Civil continúa en la búsqueda del posible direccionamiento irregular de varios expedientes de contratación pública, y constatándose la celebración de diversas citas con este objetivo entre los empresarios adjudicatarios y miembros del poder adjudicador.

La Guardia Civil registra una empresa en Getxo 

En las actuaciones realizadas, también se ha procedido a requerir los 10 expedientes objeto de investigación que estaban en poder de la empresa pública de Infraestructuras de Cataluña, el órgano licitador y adjudicador de los mismos, para su posterior estudio y análisis.

También se ha entregado un mandamiento judicial dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte las diversas actuaciones que haya llevado a cabo en relación con el entramado de empresas que pudieron involucrarse en la adjudicación de determinados concursos.