25 de febrero de 2020
|
Buscar
FIN DE SEMANA
Patio de columnas

Patio de columnas

José Ignacio Herce Maza

Los hijos no son ni serán del Estado

Uno de los principios clásicos de la teoría política y jurídica es el conocido principio de subsidiariedad. Este principio ubica a la persona en el centro del sistema y establece unas relaciones Estado-Sociedad cuyos pilares son la máxima libertad, la máxima solidaridad y la máxima responsabilidad.

Subsidiariedad procede del latín subsidium y su origen pertenece al ámbito castrense romano. Las subdidiarii cohortes eran las tropas de reserva que estaban preparadas para apoyar a las prima acies, que se encontraban en primera línea. Por ello un Estado subsidiario es aquel que auxilia y promociona a la sociedad civil en aquellos casos en los que sola no puede satisfacer el interés general. Se parte por tanto de la autonomía e independencia de los cuerpos intermedios y del individuo.

Dado que parte de la dignidad de la persona y pretende fomentar la libertad y la solidaridad, se aleja de los sistemas centralizados y burocráticos de asistencia e intervención excesiva que eliminan uno de los elementos aparejados a la libertad: la responsabilidad.

Los ciudadanos son responsables de sí mismos, de sus familias y de los colectivos de los que forman parte ¿Esto qué quiere decir? Que una sociedad será mejor en la medida en que los ciudadanos tomen sus decisiones y se relacionen con los demás de una manera libre, responsable y por supuesto, solidaria. Es un principio, por tanto, de abstención, salvo que el interés general no pueda satisfacerse de manera autónoma por la sociedad. En ese caso y sólo mediando una causa justa real podrá el Estado asistir y apoyar a la sociedad en aras del interés común.

Precisamente por lo anterior la subsidiariedad se asienta sobre los cuerpos intermedios de la sociedad civil. Estos cuerpos intermedios se destinan al fomento de la dignidad de la persona y a su promoción. Uno de ellos es, por supuesto, la familia.

La subsidiariedad, vigente en España a través de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho debe tomar fuerza en estos días ya que es necesario un empoderamiento de la sociedad civil. Estoy seguro que una mayor subsidiariedad fortalecerá la legitimidad del gobernante frente al gobernado en unos tiempos en los que, poco a poco, nos acercamos a las clásicas novelas distópicas del siglo XX. Una sociedad civil fuerte es el principal enemigo de las dictaduras totalitarias. 

Las reflexiones anteriores traen causa la abominable intervención de la ministra Celaá en la que llegó a afirmar que los hijos no pertenecen a los padres. Alejar a los hijos de los padres fue una técnica empleada por sistemas totalitarios con objeto de adoctrinar a los niños y romper la fuerza de las familias. ¿Recuerdan aquella frase del bolchevique Grigori Zinóniev que ordenó que había que apoderarse del alma de los niños? Pues conviene ahora recordarlo ya que el “enemigo” está cerca.

Parece que este desgobierno pretende anular, como trataron de hacer los regímenes totalitarios, la familia. Una familia que, no olvidemos, se alza como principal elemento estructurador de la sociedad a la que el Estado debe ayudar, apoyar y en ningún caso intervenir, adoctrinar y mucho menos disolver. El Estado ha de promocionar mecanismos de sano apoyo al cuerpo familiar e incrementar su libre participación en la sociedad.

La Familia es el principal cuerpo social y por eso les corresponde a los padres ser los primeros y principales educadores de los hijos. Los padres tienen un deber moral de ayudar a los hijos a desarrollar de manera plena sus potencialidades. La familia por tanto es autónoma frente al Estado y así nos lo recuerda el art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a los hijos.

La libertad de los padres para educar a los hijos se alza como un auténtico Derecho humano y por ello son contrarias no solo a la Justicia sino contra Derecho todas aquellas intromisiones del Estado que ataquen la precitada autonomía. La educación de los hijos es un derecho y un deber que se materializa en el hogar y en los centros educativos que los padres elijan para sus descendientes. Siendo coherentes con este principio, parece que acabamos de vivir una amenaza expresa al derecho humano de la libertad educativa para acercarnos, de nuevo y por desgracia, al totalitarismo.

Resulta amenazador ver como un gobierno sigue los pasos de otros dictadores y pretende romper los principios fundamentales de la cultura occidental a través de la destrucción de sus instituciones básicas, negando la figura del individuo y pervirtiendo su libre desarrollo para someterlo al poder de un Leviatán.

Creo que es el momento en que los partidos constitucionales deben luchar juntos mirando al interés general para proteger a las familias y cuerpos sociales de los ataques a la libertad. Una libertad conquistada gracias a la cláusula del Estado social y democrático de derecho que impone el debido respeto a los derechos humanos y fundamentales de las personas. Espero que así sea y se olviden de posiciones políticas e intereses propios para defender el interés general, al individuo y a su familia. La familia no es, ni debe ser, ni será del Estado. Los hijos son de los padres, y no suyos, Sra. Celaá. Y es que, ¿cómo podríamos denominar a nuestros hijos si no fuesen nuestros?

El Cierre Digital no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta sección que se hacen a título particular.

COMPARTIR: