Una trabajadora social de menores en Santander, investigada por 'maltrato infantil'

El caso de Paco y su hijo Paquito (nombres ficticios), relatado en elcierredigital.com, celebra la admisión de una querella contra una trabajadora social del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Una querella donde el padre del menor acusa a la trabajadora, encargada del expediente que evalua a Paquito, de cuatro presuntos delitos.

Los supuestos delitos por los que se señala a la acusada son "calumnia, prevaricación administrativa, encubrimiento del maltrato infantil y falso testimonio".

Esta trabajadora ya ha sido citada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander como investigada el día 29 de enero. Sin embargo, la vista se ha retrasado al 20 de febrero a las 9:45 horas de la mañana. Según el denunciante, la admisión de una querella a una trabajadora social es "muy difícil" de conseguir, ya que "va en contra de la administración".

Todo se remonta al pasado 26 de noviembre de 2024, cuando el Juzgado penal número 3 de Santander vio "indicios delictivos razonables" contra la trabajadora social. Esta trabajadora era la responsable del expediente del hijo del denunciante en los servicios sociales. Cabe recordar que los padres del menor mantienen pleitos judiciales, uno en contra del otro, por su custodia desde 2017, cuando se separaron.

La trabajadora social señalada ha acudido previamente como testigo por una de las demandas que el padre ha interpuesto contra los servicios sociales cántabros. Este órgano público del Gobierno de Cantabria es el encargado de estipular el tiempo que Paco pasa con su hijo Paquito, cuya guarda de hecho recae en la madre. A pesar de que, al igual que al padre, se le ha suspendido la tutela y la patria potestad, asumida por la administración.

La trabajadora social declaró entonces que, bajo su punto de vista, "no se trataba de un menor maltratado por su madre". Pero en sede judicial reconoció que no conocía al menor, siendo la última vez que los servicios sociales vieron a Paquito el 5 de mayo de 2021. Es decir, 14 meses antes de tutelarlo y separarlo de su padre. 

La versión de la trabajadora social señalada no concuerda con la de cuatro médicos

Su versión no concuerda con la de otros cuatro facultativos que también declararon en el juicio como testigos peritos. Estos habían atendido a Paquito cuando el padre lo llevaba "tras encontrarlo lleno de moratones". Y afirmaron que "se trataba de un caso de maltrato a un menor en su ámbito materno".

Una versión que se sostiene sobre dos claves fundamentales. Estos son el testimonio de Paquito, que lo calificaron de "natural y espontaneo", y las "claras y evidentes lesiones del menor".

En la prueba documental presente en el expediente de la demanda que el padre instó contra el ICASS figuran 14 partes médicos de lesiones por agresión a Paquito en su ámbito materno, diligencias penales anteriores a la medida y aún pendientes contra la madre por maltrato al menor y siete informes del Instituto de Medicina Forense corroborando las lesiones del menor, que le restan 30 días de calidad de vida a Paquito.

Según el padre del menor, "la trabajadora social no solo mintió en su declaración judicial, también ocultó informes médicos e informes forenses en su expediente". La sentencia del Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial de Cantabria reza que "se ha criminalizado indebidamente la figura del padre frente a su hijo”.

La sentencia, del 3 de abril de 2023, de forma clara indicó la “necesaria reincorporación de la figura paterna en la vida del menor". Y sostiene que esta presencia "se antoja imprescindible para su equilibrado desarrollo”.

A día de hoy y pese a dicha sentencia, Paquito solo puede compartir 30 minutos con su padre. Lo hace, además, en las dependencias del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Esta situación se debe a la unilateral decisión del ICASS. Decisión que ha supuesto que padre e hijo, en dos años y medio, se hayan visto 13 horas. Un total de 26 visitas de 30 minutos, vigilados en una habitación.

Inicio del caso en 2017

Paco y su pareja vivían en Madrid, pero su relación se rompió en julio de 2017, cuando el hijo de ambos, Paquito, tenía un año y medio. Desde entonces el padre trató de llegar a un acuerdo con su expareja para regularizar la situación del hijo con una custodia compartida. Una intención que no fue mutua y que derivó en una demanda por parte del padre en octubre de ese mismo año.

El juzgado emplazó a la madre el 26 de febrero de 2018 para contestar a la demanda del padre. Y también al día siguiente, el 27 de febrero. A su vez, la madre del pequeño interpuso contra su padre una denuncia por presunta violencia de género que no prosperó. Un día más tarde y tras un juicio rápido, el Juzgado de Violencia de Género número 1 de Madrid la archivó.

En 2018, la madre se llevó a Paquito a vivir a Cantabria, "sin notificárselo al padre y sin autorización judicial". Una decisión que obligó a Paco a abandonar su vida en Madrid. A partir de aquí se iniciaron un sinfín de disputas judiciales. 

La Audiencia Provincial de Santander aceptó pruebas forenses del supuesto "maltrato al menor por parte de su madre", a expensas de fecha para el juicio a finales del año 2022. Los servicios sociales dinamitaron aquel procedimiento de Modificación de Medidas por aquella Resolución y al padre no le quedó más opción que desistir del mismo.

A día de hoy, Paco sigue luchando por recuperar el tiempo perdido con su hijo y prueba de ello son los avances judiciales logrados. El próximo mes de febrero se presenta clave para saber hasta dónde llegará la querella contra la trabajadora de los servicios sociales.