Un padre, contra Servicios Sociales por solo poder ver a su hijo 30 minutos al mes

Todo se remonta a 2018, cuando la custodia del menor fue otorgada a su madre tras denunciar al padre por violencia de género  al día siguiente de que Paco solicitara la custodia compartida. La madre le denunció en varias ocasiones más, pero todas ellas fueron archivadas. Una vez las denuncias fueron archivadas, el padre formuló demanda solicitando la custodia.

Este 8 de junio se cumplen  tres meses desde que tuvo lugar la deliberación, votación y fallo en la Sección 2 de la Audiencia Provincial de Santander, sin embargo, todavía no se ha conocido la sentencia. Como explica Paco a elcierredigital.com, en dos años el menor ha podido ver a su padre solo 10 horas, es decir, un 0,05% de la vida del pequeño Paquito, nombres ficticios para preservar su anonimato.

De hecho, recientemente el Punto de Encuentro Familiar de los Servicios Sociales ha estipulado 30 minutos mensuales para los meses de julio, agosto y septiembre, basándose en que no existe sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria. 

“Nadie entiende por qué se está tardando más de tres meses en hacer pública una sentencia, pero luego se les llena la boca sobre el interés superior de un menor, cosa que en este caso no está ocurriendo. Se tiene que mirar por mi hijo. Estoy convencido de que los Servicios Sociales han influido en que yo lleve tres meses sin recibir la sentencia. La Justicia sabe que soy un excelente padre y que tengo la razón, pero estos tribunales saben que si me dan la razón me abocan a que pida una reclamación económica astronómica. No hay nada que evidencie que no tengo razón”, añade Paco.

Situación actual del progenitor que no puede ver a su hijo

Tras la denuncia efectuada por Paco,  la Audiencia Provincial de Santander aceptó pruebas forenses del maltrato que el menor estaba padeciendo por su madre, a expensas de que indicaran fecha para el juicio a finales del año 2022. Los servicios sociales dinamitaron aquel procedimiento de Modificación de Medidas por aquella Resolución y al padre no le quedó más opción que desistir del mismo. Además, los Servicios Sociales elaboraron una resolución en la que quitaban la tutela a ambos progenitores, pero lo dejaban al cuidado de la madre. 

Paco señala que “esto es algo totalmente ilegal. Parece que los Servicios Sociales están por encima de la ley. No entiendo por qué hacen caso omiso a las leyes del país. He llegado a recibir amenazas por parte de los abuelos maternos. Los Servicios Sociales han hecho una manipulación de la realidad de mi hijo. No entiendo qué interés tienen en que no pueda disfrutar de la vida de mi hijo cuando realmente no he hecho nada. Lo peor de todo es que están dejando al menor al cuidado de una madre que es presunta maltratadora”.

Hay una sentencia de abril de 2023 que ordena que se reincorpore de manera inmediata el padre a la vida del menor para su equilibrado desarrollo, ”aún así han seguido 18 meses más dándome 30 minutos al mes”, recalca Paco. Aparte de estar siendo investigada por presunto maltrato al menor,  la madre también está imputada desde 2023 por acosar al padre.

Desde que comenzó 2024 los Servicios Sociales de Cantabria solo han citado una vez al padre, donde le dijeron que el niño había suspendido cuatro y que emocionalmente estaba mal, no dándole ningún documento acreditativo. “Me siento destrozado, porque se está siendo muy injusto conmigo y me han quitado a lo que más quiero en mi vida. Lo único que me importa es la vida de mi hijo y poder disfrutarla con él, cosa que a día de hoy no puedo hacer”, concluye Paco.

Los problemas por la custodia compartida del menor

Los progenitores del menor se separaron cuando Paquito tenía poco más de un año. Era julio de 2017 y desde entonces se han visto envueltos en diversos procesos judiciales por la custodia del menor. Paco se quedaba con el niño 6 días de 14 con pernocta, y la madre los 8 restantes. Los periodos vacacionales se los repartían por mitades. Todo ello antes de la medida de Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), cuando Paquito tenía 6 años.

Paco explicó a elcierredigital.com que en 2018 la madre se llevó a Paquito a vivir a Cantabria, sin notificárselo a él y sin autorización judicial. Además, interpuso una denuncia de violencia de género al día siguiente de recibir del juzgado de familia la demanda que el padre instó donde solicitaba la custodia compartida del menor. A Paco no le quedó más opción que trasladar su vida a Cantabria, al lado de su hijo.

Como adelantó elcierredigital.com,  la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  dejaba claro el riesgo que la medida había supuesto para Paquito  y que ICASS sigue prolongando. “Se ha criminalizado de forma indebida su figura ante su hijo”, “más parece sanción a la actitud paterna que dictada en interés del menor” son algunas de las consideraciones de aquella sentencia, que de forma clara indicó “necesaria reincorporación de la figura paterna en la vida del menor, se antoja imprescindible para su equilibrado desarrollo”.

A pesar de ello, el menor solo ha podido ver a su padre 30 minutos al mes por la unilateral decisión de ICASS, que no ejecuta la sentencia judicial en espera de que la Audiencia Provincial de Cantabria se pronuncie al respecto, cosa que todavía no ha ocurrido pese a que el pasado 8 de abril tuvo lugar la deliberación, votación y fallo. 

En la prueba documental presente en el expediente de la demanda que el padre instó contra ICASS figuran  14 partes médicos de lesiones por agresión a Paquito en su ámbito materno, diligencias penales anteriores a la medida y aún pendientes contra la madre por maltrato al menor y seis informes del Instituto de Medicina Forense corroborando las lesiones del menor, que le restan 20 días de calidad de vida a Paquito.

Asimismo recogen una  exploración de Paquito en un Juzgado de Santander indicando ser maltratado en su ámbito materno,  vídeos de la violencia que la madre empleaba con el menor cuando era un bebé, abofeteándolo, gritándolo y agarrándolo de los brazos con extremada violencia, y audios y videos de la violencia ambiental que ha sufrido el padre por el entorno materno en presencia de su hijo, "donde se le amenaza con rajarlo, con partirle la cabeza, se le insulta e incluso se le intenta agredir". Todo ello conocido por ICASS y omitido en todos sus informes, como explica Paco.

Como peritos testigos imparciales acudieron cuatro facultativos a declarar. Todos se ratificaron en los informes médicos y de pleno todos confirmaron que en base a la anamnesis clínica se trata de un claro maltrato a un menor en su ámbito materno.

Por otra parte, en sede judicial las trabajadoras sociales, testigos de ICASS, reconocieron que no habían visto al menor desde el 5 de mayo de 2021, es decir, 14 mese antes de la medida que lo separa de su padre. A pesar de esto, el padre les tenía informados de todo lo que acontecía acerca de su hijo, de los partes de lesiones, de los informes forenses, etc.

Como explicaba Paco, “el menor está bajo el cuidado de una madre investigada por maltratar al propio menor  y que, como se indica en un Informe de los Servicios Sociales, tiene problemas psicológicos que no garantizan el bienestar del menor, y la define con aptitud impostada”. Además, el informe ha sido ocultado al Juzgado, incurriendo en una grave alteración documental, añade.

La lucha del padre para poder recuperar el tiempo continúa. Ahora Paco espera que la Justicia reconozca el derecho de su hijo a estar con su padre y con el resto de su familia paterna, y de una vez por todas desaparezca ICASS de la vida de su hijo.