Las cárceles españolas al límite: Sindicatos denuncian la falta de inhibidores en prisiones

La rueda de prensa convocada por el sindicato mayoritario de prisiones en el hotel AC de Algeciras ha concluido esta mañana. El evento tenía como objetivo la finalización de la problemática de la zona en la que se encuentra el centro penitenciario Botafuegos, ya que los acontecimientos de las últimas semanas han provocado gran preocupación en los trabajadores siendo necesario que se tomen medidas.

José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT sindicato mayoritario en prisiones, ha manifestado que“El ministerio debe de dar explicaciones de por qué no funcionan los inhibidores de frecuencia de móviles en las prisiones españolas”. El centro penitenciario vive una situación complicada que se ha visto acrecentada durante los últimos meses por las amenazas a los trabajadores y el aumento de conflictividad con los internos. Según datos del año 2022, se han registrado 11 agresiones a trabajadores del centro penitenciario y cuya gravedad ha aumentado ya que se han llevado a cabo prácticas como la quema de coches. 

Además de las agresiones, ha habido un incremento de la incautación de teléfonos móviles y de drones, un hecho que podría facilitar la introducción de objetos peligrosos como armas o explosivos. “Hay una necesidad de tomar medidas que eviten la facilidades de uso de móviles o el vuelo de drones, instalando inhibidores adecuados. Este problema afecta a todas las prisiones y en Algeciras se ha visto incrementado por el tráfico de drogas”, ha afirmado López.

El teléfono móvil, un objeto preciado entre los internos

El pasado viernes 4 de noviembre los funcionarios del centro penitenciario de Botafuegos intervinieron un total de diez teléfonos móviles de última generación en el interior de las celdas de los internos. Todos los teléfonos estaban ocultados de la misma forma. Los reclusos elaboraron un doble fondo en la estantería de su celda, empleando una tenue lámina de madera pintada de blanco que simulaba la pared, pero manteniendo el espacio suficiente como para ocultar el teléfono. 

En el último lustro, la cárcel de Botafuegos ocupa el primer puesto en el ranking nacional de teléfonos incautados a los reclusos, siendo un total de 690 terminales. ACAIP-UGT ha emitido un comunicado el 6 de noviembre donde señala que “curiosamente las cárceles que ocupan las primeras posiciones son las que albergan más internos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo”.

Teléfonos móviles incautados.

El teléfono móvil es uno de los objetos más preciados entre los internos, pese a estar autorizadas las llamadas telefónicas desde el interior de la prisión. Además, con motivo de la pandemia se aumentaron a 15 las llamadas permitidas por semana y se habilitaron cabinas para que los presos pudiesen realizar videollamadas, para ver y hablar con sus familiares y amigos que no podían desplazarse a la prisión.

Desde ACAIP explican que “los teléfonos son objetos prohibidos porque suelen ser utilizados por narcotraficantes, islamistas, bandas organizadas... para seguir dirigiendo actividades delictivas desde el interior de la prisión”. Por otro lado, estos teléfonos también se alquilan y cuando no se pagan las deudas se originan agresiones, amenazas y coacciones. Por lo tanto, los teléfonos móviles terminan alterando el buen orden regimental y la convivencia ordenada y pacífica. 

La introducción o tenencia de teléfonos móviles no conlleva ningún tipo de sanción a nivel penal, ya que en el peor de los casos tan solo se puede imponer una sanción administrativa de privación de paseos hasta un máximo de 30 días, “no hay miedo”.

La ausencia de inhibidores de última generación y sistemas antidrones

El 2 de noviembre ACAIP-UGT denunció que el 31 de octubre tuvo lugar una nueva entrega fallida por parte de un dron en la prisión de Botafuegos (Algeciras). Los funcionarios se encontraron dos teléfonos móviles, uno pequeño y otro de grandes dimensiones, con sus cables de conexión y 30 gramos de hachís.

Desde el sindicato aseguraron que el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, es conocedor de esta situación, ya que "durante su visita a Botafuegos en julio se le volvió a informar de la asiduidad con la que sobrevolaban drones sobre las cárceles españolas, más en concreto sobre la de Botafuegos". 

También afirmaban desde ACAIP que Ortiz "es consciente del grave problema que originan los drones, que pueden ser utilizados para introducir cualquier cosa. Esta situación genera cierto temor fundado al colectivo de empleados penitenciarios, conocedores de que pueden portar objetos muy peligrosos que puedan ir contra la vida de funcionarios y de internos”.

Alcaraz declara que “el temor de los funcionarios se debe a la posibilidad de que estos drones porten armas de fuego, lo que menoscabaría aún más la seguridad del establecimiento penitenciario y pondría en grave riesgo la integridad física de funcionarios, trabajadores y presos. Cuando hablamos con Ángel Luis Ortiz le repetimos que este problema es nacional. En lo que respecta a Botafuegos se le dijo que nuestros inhibidores de frecuencia están obsoletos, ya que son del 2008 y solo sirven para las frecuencias 2G Y 3G. El secretario general tan solo respondió que tenía una oferta valorada en 2 millones de euros y que estaban esperando más ofertas”.

José Luis Alcaraz declaró que “es necesario que se instalen equipos adecuados a la tecnología actual para poder resolver las actuales problemáticas en las prisiones. Tampoco contamos con sistemas antidrones y esto podría agravar mucho la seguridad del centro. Estas necesidades son reales y son urgentes, son para ayer, por lo que no se puede estar demorando en el tiempo continuamente. Todo esto va a más, puesto que los drones se van a ir sofisticando y nosotros no contamos con ningún medio para hacerlos frente. Como caiga un arma u objeto delicado en manos de irresponsables vamos a tener un problema, por lo que esto hay que atajarlo pronto”, concluye el delegado de ACAIP en Botafuegos.