El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana compareció el pasado martes ante la Justicia por su presunta implicación en el ‘caso Erial’, que investiga el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de plantas de ITV y del Plan Eólico Valenciano. Unas comisiones que podrían ascender a más de 20,6 millones de euros —según la última estimación realizada por la Fiscalía Anticorrupción— y que fueron presuntamente blanqueadas en España mediante la compra de casas, terrenos, barcos o relojes. Antes de eso, el dinero de las mordidas habría viajado a Luxemburgo y Andorra.
El juicio comenzó el pasado 21 de marzo por el estado de salud del abogado de Zaplana y tuvo un parón debido a las vacaciones de Semana Santa. El pasado 9 de abril, Eduardo Zaplana declaraba finalmente y respondía al fiscal por los hechos por los que fue detenido hace casi seis años, el 24 de mayo de 2018. Hasta ahora, se había negado a declarar.
La intervención de Zaplana, según ha informado el diario Las Provincias, duró cerca de tres horas y media en las que, prácticamente en su totalidad, respondió a las preguntas del fiscal, algo que consideran lógico desde el citado medio, ya que es la Fiscalía Anticorrupción la que pide 19 años de prisión para Zaplana por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, prevaricación administrativa y cohecho. Junto a él, hay otros 14 presuntos implicados en la trama.
Al inicio de su declaración Zaplana repasaba su trayectoria política desde los años 90, con cargos públicos de gran responsabilidad, y de cómo abandonó su faceta pública en 2008 y pasó a ser trabajador de la Telefónica del recientemente fallecido César Alierta. Afirmó conocer y ser amigo de algunos de los presuntos implicados en el entramado, pero negó tener constancia de los hechos de los que se le acusa.
“Nunca jamás he tenido dinero en el extranjero”, declaraba Zaplana sobre su presunta fortuna oculta fuera de España. “Jamás me dediqué a saber qué empresas eran las adjudicatarias de los concursos públicos”, respondía sobre las presuntas mordidas de las adjudicaciones, afirmando además que no conoce ni tiene “relación” con las sociedades investigadas. Tampoco habría hecho, según su declaración “negocios con Francisco Grau, Joaquín Barceló o Fernando Belhot”, supuestos intermediarios de la trama, como creen las autoridades.
Según el mencionado medio, Zaplana también habría intentado demostrar que había contradicciones en la acusación, que afirma que varias propiedades eran suyas (lo que ha negado) a la vez que pidió, presuntamente, una facturación falsa para “simular la entrada de 50.000 de su patrimonio”. “¿Para qué iba a necesitar yo 50.000 euros?”, preguntaba Zaplana.
Sin embargo, la declaración de Joaquín Barceló este miércoles 10 de abril contradecía algunas de las palabras del exministro. Según Barceló, Zaplana le pidió "favores" que le "parecían normales", por lo que los hizo. Unos favores que realizaba porque eran "amigos del alma" y tenían una relación de confianza.
Entre las contradicciones entre ambos testimonios, se encuentran que Barceló afirmó haber ido "a Luxemburgo por orden de Zaplana" o que se hizo cargo de algunas cantidades de dinero en su lugar.
"Zaplana me explicó que Juan Francisco García [quien fue jefe del gabinete de la presidencia de la Generalitat Valenciana del popular] se había portado bien con él. Se había encontrado con un dinero que no esperaba: dos millones y medio de euros. Me dijo si me podía hacer cargo de esa cantidad porque estaba en política y tenía miedo, más al tema mediático que al jurídico", declaró Barceló.
Tras las esperadas declaraciones del 'caso Erial', ahora queda esperar a que el juicio siga su curso y se dicte sentencia sobre un caso que lleva en el aire más de seis años.
Así fue el entramado del ‘caso Erial’
La operación Erial arrancó tras un registro en el despacho de abogados de Marcos Benavent, famoso por autodenominarse “yonqui del dinero”, en marzo de 2017. Benavent explicó que esa documentación la obtuvo en 2012 de un ciudadano sirio llamado Imad Ahmad Al Naddaj Yalouk, que la habría encontrado en su domicilio, casa que habría sido antes de Eduardo Zaplana. Se trataba de tres documentos donde se destacaba, según la Guardia Civil, una connivencia en la adjudicación de concesiones públicas del Plan Eólico puesto en marcha en 2003 y de las ITV a favor de la empresa Sedesa a partir de 1997.
Eduardo Zaplana a la salida del juzgado.
En 2019 el informe del fiscal Pablo Ponce —incorporado al sumario del caso— resumía la operativa del entramado societario del ‘caso Erial’, con el que se gestionó el dinero obtenido por las presuntas mordidas. El fiscal sostenía que se creó “un entramado societario para posibilitar el retorno a España de los fondos a través de sociedades como Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnis Sylvatica”.
Una de estas sociedades, Costera del Glorio, transfirió más de cuatro millones de euros a la empresa ASEDES el mismo día que Joaquín Miguel Barceló comenzó a administrarla. Barceló es amigo íntimo de Zaplana y, según la Guardia Civil, el principal supuesto intermediario del exministro, que administraba junto a su mujer hasta 10 sociedades mercantiles por valor de 9 millones de euros.
Ahora, Barceló ha admitido que se encargaba de ayudar a gestionar el patrimonio de Zaplana. "A [Fernando] Belhot me lo presentó [el expresidente] para sustituirme en el tema de los bienes de Zaplana, para gestionar su patrimonio. Los poderes me los da el señor Zaplana. Me dijo 'toma esto, me lo ha dado Fernando para ti'. Lo acepto. No hice uso de esos papeles jamás", ha declarado.
El blanqueo de las comisiones
Para blanquear el dinero obtenido por las mordidas, según continuaba el fiscal, utilizarían a la sociedad Imisión Internacional, que tenía su domicilio en Luxemburgo y que pasó a controlar la sociedad Medlevante (de la que Joaquín Miguel Barceló era administrador único). Esta relación llevó a que se realizaran tres transferencias de grandes cantidades de dinero. Un total de 2,9 millones de euros se transfirieron en diciembre de 2005, mayo de 2006 y julio de ese mismo año. De esta manera, una sociedad legalmente establecida en Luxemburgo compraba una sociedad española, sin actividad comercial importante ni conocida. Todo vestido de la más absoluta legalidad.
Además de esta sociedad, se utilizaron otras muchas. En el año 2014 se produjo un cambio, en el que “dos sociedades radicadas en Uruguay”, según indica el fiscal, vinculaban las “operaciones de blanqueo de capitales con Sudamérica”. Sobre por qué eligieron Uruguay, el fiscal explica que el país tiene “una legislación societaria opaca”. El presunto encargado de los negocios con Uruguay era el financiero Fernando Belhot.
Sin embargo, este no era el único modo de blanquear. Tal y como informó elcierredigital.com —que ha actualizado regularmente la información sobre este caso—, Eduardo Zaplana intentó dar un “pelotazo” urbanístico en la población alicantina de Villajoyosa vendiéndole al presidente del Grupo Baraka, Trinitario Casanova, unos terrenos que había comprado antes. Zaplana pretendería de esta manera blanquear parte de las supuestas comisiones ganadas por adjudicaciones públicas.
Trinitario Casanova.
En su declaración ante el fiscal, se le preguntó a Zaplana por pisos y embarcaciones que aparecen en el sumario del caso como parte de su presunto patrimonio. Sobre la embarcación, el exministro afirmó que tenía solo un seis por ciento de esta. Y sobre una de las propiedades, un piso en Madrid, que a pesar de vivir en él, era propiedad del ya mencionado Joaquín Barceló, que dejó que Zaplana lo usara como su vivienda. Sobre este piso, Barceló ha afirmado que "él prefería que" estuviera a su "nombre. Estaba más tranquilo. El piso es legal aparentemente".
La detención y puesta en libertad de Zaplana
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situaba como centro de todo este entramado a Eduardo Zaplana, “bien como beneficiario de los fondos o bienes, bien a través de la capacidad de administración que este tiene sobre los mismos".
A raíz de una serie de escuchas de reuniones mantenidas entre Zaplana y algunos de sus presuntos intermediarios, finalmente el expresidente fue detenido el 24 de mayo de 2018. Sin embargo, en febrero de 2019, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez Vila —encargada de investigar el ‘caso Erial’— decretó la puesta en libertad de Zaplana.
Aunque se pensaba que la decisión estaba propiciada por el estado de salud del expresidente, que sufría leucemia —y se mantenía ingresado desde diciembre en el Hospital La Fe de Valencia—, la jueza no decretó su puesta en libertad por esto sino porque se había minimizado el riesgo de fuga al haberse bloqueado los 6,3 millones de euros que la jueza le atribuía en dos cuentas en Suiza.
Joaquín Barceló y Francisco Grau, presuntos intermediarios de Zaplana.
Zaplana se mantuvo hasta su ingreso en el hospital en la cárcel de Picassent (Valencia) y negó en todo momento tener cuentas en el extranjero, como ha reiterado en su declaración. “Ni en Suiza ni en ningún otro país fuera de España ni a mi nombre, ni al de terceros", anunció, afirmando que tampoco cobró “sobornos o comisiones ilegales” ni se "apropió" o "distrajo" fondos o activos relacionados con la administración pública.
No obstante, Zaplana ahora se enfrenta a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que podría hacerle pasar 19 años en la cárcel por estos presuntos delitos que él afirma no haber cometido.