El juicio por el ‘caso Erial’, que investiga presuntas comisiones ilegales relacionadas con concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, ha sido pospuesto hasta marzo debido al estado de salud del abogado de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP. El juicio continuará el 21 de marzo.
Zaplana, que se está actualmente en libertad tras sacarle de prisión su leucemia, está siendo procesado por supuestamente establecer una red de colaboradores para desviar dinero a través de sobornos en el extranjero, con el fin de blanquearlo y devolverlo a España. La Fiscalía estima que el dinero desviado a paraísos fiscales asciende a 20.606.364 euros.
Eduardo Zaplana a su llegada a la Audiencia de Valencia
Por este motivo, la acusación solicita una condena de 19 años de prisión y una multa de 40 millones para Zaplana, que ha sido visto en restaurantes de postín y en coches con los cristales tintados. Sin embargo, siempre ha defendido su inocencia. Además, otras catorce personas, incluyendo el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas y empresarios y amigos cercanos al exministro, están siendo acusados en el caso. Algunos de ellos están buscando acuerdos con la Fiscalía, según han señalado diversos medios de comunicación. La Oficina de Anticorrupción les imputa varios delitos, incluyendo organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsificación documental.
La vista, que cuando se reanude está previsto que se extienda durante 40 sesiones, contará con más de 200 testigos. Antes de la suspensión de este jueves, el calendario original ya fue modificado en enero debido a una baja médica del fiscal. Este es el segundo aplazamiento en cuestión de un mes, y aunque numerosos medios informaron sobre la posibilidad de que Zaplana requiriera de un nuevo abogado, el exdirigente popular aseguró este jueves que esperará a que su letrado se recupere por completo para comenzar con la causa.
El origen del caso ‘Erial’
La causa se inició en 2015 tras el hallazgo de unos documentos en un registro del despacho de abogados de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero', en el marco del ‘caso Taula’. Tal y como informó en su momento elcierredigital.com, Benavent explicó que esa documentación la obtuvo en 2012 de un ciudadano sirio llamado Imad Ahmad Al Naddaj Yalouk, que la habría encontrado en su domicilio, casa que fue antes de Eduardo Zaplana. Se trataba de tres documentos donde se destacaba, según la Guardia Civil, una connivencia en la adjudicación de concesiones públicas del Plan Eólico puesto en marcha en 2003 y de las ITV a favor de la empresa Sedesa a partir de 1997.
En otras palabras, los mencionados documentos revelaban el modus operandi utilizado en varios concursos públicos, mostrando las empresas que debían ser seleccionadas y la cantidad de dinero que los "sobornadores" tenían que pagar para asegurarse la obtención de estos contratos. Zaplana fue arrestado en mayo de 2018 y estuvo en prisión provisional hasta febrero de 2019, después de pasar dos meses en el hospital La Fe recibiendo tratamiento por una leucemia.
Los supuestos sobornos de Zaplana
La Fiscalía, al igual que el Juzgado de Instrucción número 18, considera que el expresidente autonómico obtuvo beneficios ilegales gracias a su posición institucional y los utilizó después de dejar la política en 2008. Según se detalla en el escrito de acusación, Zaplana habría llegado a un acuerdo con el fallecido Juan Cotino, entonces director general de la Policía, y sus sobrinos, Vicente y José, para que su grupo empresarial ganara un concurso público sin justificación -la privatización del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos en 1997-. Los sobrinos Cotino pagaron seis millones de euros por el canon de tres localidades, y en 2004 vendieron sus participaciones por 43 millones.
Además, se sospecha de la adjudicación fraudulenta de tres parques eólicos a los Cotino en 2003, un proceso que comenzó Zaplana antes de irse a Madrid y ser reemplazado por José Luis Olivas, que también está bajo sospecha como se ha mencionado anteriormente. Por esta adjudicación la Fiscalía sugiere que Olivas recibió un soborno de 580.000 euros. Cinco años después, los Cotino vendieron sus participaciones por 44 millones.
José Luis Olivas, expresidente de la Comunidad Valenciana e imputado en el caso Erial.
El grupo Sedesa -de la citada familia- obtuvo en total 86.511.400 euros, lo que, según la Fiscalía, justifica el alto importe de las comisiones abonadas por dichas adjudicaciones. Para todo ello, la acusación señala que diseñaron una estructura de sociedades en España y Luxemburgo, que después sirvió para “traspasar los sobornos pactados a la organización liderada por Eduardo Zaplana”. En concreto, estos sobornos ascenderían a 6,4 y 2,18 millones de euros respectivamente, que presuntamente se transfirieron a una empresa propiedad del exministro.
El blanqueo de las comisiones
Tal y como informó este medio con anterioridad, para blanquear el dinero obtenido por las mordidas, según continuaba el fiscal, utilizaban a la sociedad Imisión Internacional, que tenía su domicilio en Luxemburgo y que pasó a controlar la sociedad Medlevante (de la que Joaquín Miguel Barceló era administrador único). Esta relación llevó a que se realizaran tres transferencias de grandes cantidades de dinero. Un total de 2,9 millones de euros se transfirieron en diciembre de 2005, mayo de 2006 y julio de ese mismo año. De esta manera, una sociedad legalmente establecida en Luxemburgo compraba una sociedad española, sin actividad comercial importante ni conocida. Todo vestido de la más absoluta legalidad.
Además de esta sociedad, se utilizaron otras muchas. Además, en el año 2014 se produjo un cambio, en el que “dos sociedades radicadas en Uruguay”, según indica el fiscal, vinculaban las “operaciones de blanqueo de capitales con Sudamérica”. La causa por la que eligieron Uruguay, según el fiscal, se debe a su “legislación societaria opaca”.
Sin embargo, este no era el único modo de blanquear. Tal y como informó elcierredigital.com —que ha actualizado regularmente la información sobre este caso—, Eduardo Zaplana intentó dar un “pelotazo” urbanístico en la población alicantina de Villajoyosa vendiéndole al presidente del Grupo Baraka, Trinitario Casanova, unos terrenos que había comprado antes. Zaplana pretendía de esta manera blanquear parte de las supuestas comisiones ganadas por adjudicaciones públicas.
La ‘defensa’ de Zaplana
En una de sus últimas apariciones públicas, en concreto en el programa ‘Salvados’ de La Sexta, el expresidente valenciano y exministro negó las principales imputaciones que se derivan de la instrucción del 'caso Erial': cohecho y blanqueo de capitales.
"Hay un relato construido por la Fiscalía y por la UCO que no me han permitido contradecir. Yo no he podido amañar ningún contrato. Es imposible. No tengo capacidad resolutoria en nada de esto. Suponiendo que tuviera la intención, tendría que haberlo hecho a través de terceros", aseguró.
Zaplana no deslizó ni un gramo de autocrítica, ni siquiera con la teoría de la conspiración del 11M a la que tanto contribuyó a nivel parlamentario, y negó uno de los audios que le golpean: en el que le dice al uruguayo Fernando Belhot que le traiga dinero del extranjero en billetes de 50 euros. "Lo habrán transcrito mal, se habrán equivocado", aseguró.
Lo que no contó Zaplana es lo que le dice a propios y extraños, tal y como reconocieron fuentes populares a Elcierredigital.com. El expresidente autonómico, que deslizó dudas sobre errores judiciales y "cloacas del Estado", estaría diciendo que él es víctima de una venganza de su examigo y hoy enemigo Mariano Rajoy Brey.