Anticorrupción acorrala de nuevo al exministro del PP Eduardo Zaplana: Pide 19 años de cárcel por el ‘caso Erial’

El nombre de Eduardo Zaplana vuelve a estar en el foco mediático. Lo hace como presunto implicado del denominado ‘caso Erial’, por el que la Fiscalía Anticorrupción pide para el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo 19 años de prisión. Los delitos de los que se le acusa son organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, prevaricación administrativa y cohecho.

Zaplana, tras ver el escrito de acusación, ha querido defenderse y mostrar en un comunicado su “más absoluta disconformidad con sus conclusiones”. El popular ha reiterado también su “inocencia de todos los cargos” que se le imputan, que afirma que demostrará en el juicio oral.

El ‘caso Erial’, por el que está acusado Zaplana junto a otras quince personas, investiga el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de plantas de ITV y del Plan Eólico Valenciano. Unas comisiones que podrían ascender a más de 20,6 millones de euros —según la última estimación realizada por la Fiscalía Anticorrupción— y que fueron blanqueadas en España mediante la compra de casas, terrenos, barcos o relojes. Antes de eso, el dinero de las mordidas habría viajado a Luxemburgo y Andorra.

Según explica Zaplana en su comunicado, han pasado “siete largos años de instrucción inquisitorial”, en los que se ha llegado a investigar la implicación de su mujer, Rosa Barceló, y sus hijas, que vieron sus causas sobreseídas. Sin embargo, para Zaplana la relación con la Fiscalía Anticorrupción ha sido más larga e incluso, le llevó a la cárcel en el año 2018.

Así fue el entramado del ‘caso Erial’

La operación Erial arrancó tras un registro en el despacho de abogados de Marcos Benavent, famoso por autodenominarse “yonqui del dinero”, en marzo de 2017. Benavent explicó que esa documentación la obtuvo en 2012 de un ciudadano sirio llamado Imad Ahmad Al Naddaj Yalouk, que la habría encontrado en su domicilio, casa que fue antes de Eduardo Zaplana. Se trataba de tres documentos donde se destacaba, según la Guardia Civil, una connivencia en la adjudicación de concesiones públicas del Plan Eólico puesto en marcha en 2003 y de las ITV a favor de la empresa Sedesa a partir de 1997.

En 2019, el informe del fiscal Pablo Ponce —incorporado al sumario del caso— resumía la operativa del entramado societario del ‘caso Erial’, con el que se gestionó el dinero obtenido por las mordidas. El fiscal sostenía que se creó “un entramado societario para posibilitar el retorno a España de los fondos a través de sociedades como Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnis Sylvatica”.

Eduardo Zaplana a la salida del juzgado.

Una de estas sociedades, Costera del Glorio, transfirió más de cuatro millones de euros a la empresa ASEDES el mismo día que Joaquín Miguel Barceló comenzó a administrarla. Barceló es amigo íntimo de Zaplana y, según la Guardia Civil, el principal presunto intermediario del exministro, que administraba junto a su mujer hasta 10 sociedades mercantiles por valor de 9 millones de euros.

El blanqueo de las comisiones

Para blanquear el dinero obtenido por las mordidas, según continuaba el fiscal, utilizaban a la sociedad Imisión Internacional, que tenía su domicilio en Luxemburgo y que pasó a controlar la sociedad Medlevante (de la que Joaquín Miguel Barceló era administrador único). Esta relación llevó a que se realizaran tres transferencias de grandes cantidades de dinero. Un total de 2,9 millones de euros se transfirieron en diciembre de 2005, mayo de 2006 y julio de ese mismo año. De esta manera, una sociedad legalmente establecida en Luxemburgo compraba una sociedad española, sin actividad comercial importante ni conocida. Todo vestido de la más absoluta legalidad.

Además de esta sociedad, se utilizaron otras muchas. En el año 2014, además, se produjo un cambio, en el que “dos sociedades radicadas en Uruguay”, según indica el fiscal, vinculaban las “operaciones de blanqueo de capitales con Sudamérica”. Sobre por qué eligieron Uruguay, el fiscal explica que el país tiene “una legislación societaria opaca”.

Trinitario Casanova.

Sin embargo, este no era el único modo de blanquear. Tal y como informó elcierredigital.com —que ha actualizado regularmente sobre este caso—, Eduardo Zaplana intentó dar un “pelotazo” urbanístico en la población alicantina de Villajoyosa vendiéndole al presidente del Grupo Baraka, Trinitario Casanova, unos terrenos que había comprado antes. Zaplana pretendía de esta manera blanquear parte de las supuestas comisiones ganadas por adjudicaciones públicas.

La detención y puesta en libertad de Zaplana

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situaba como centro de todo este entramado a Eduardo Zaplana, “bien como beneficiario de los fondos o bienes, bien a través de la capacidad de administración que este tiene sobre los mismos".

A raíz de una serie de escuchas de reuniones mantenidas entre Zaplana y algunos de sus presuntos intermediarios, finalmente el expresidente fue detenido el 24 de mayo de 2018. Sin embargo, en febrero de 2019, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez Vila —encargada de investigar el ‘caso Erial’— decretó la puesta en libertad de Zaplana.

Rosa Barceló y Eduardo Zaplana en la boda de la hija de Aznar.

Aunque se pensaba que la decisión estaba propiciada por el estado de salud del expresidente, que sufre leucemia —y se mantenía ingresado desde diciembre en el Hospital La Fe de Valencia—, la jueza no decretó su puesta en libertad por esto sino porque se había minimizado el riesgo de fuga al haberse bloqueado los 6,3 millones de euros que la jueza le atribuía en dos cuentas en Suiza.

Zaplana se mantuvo hasta su ingreso en el hospital en la cárcel de Picassent (Valencia) y negó en todo momento tener cuentas en el extranjero. “Ni en Suiza ni en ningún otro país fuera de España ni a mi nombre, ni al de terceros", anunció, afirmando que tampoco cobró “sobornos o comisiones ilegales” ni se "apropió" o "distrajo" fondos o activos relacionados con la administración pública.

No obstante, Zaplana ahora se enfrenta a esta nueva pena de la Fiscalía Anticorrupción, que podría hacerle pasar 19 años en la cárcel debido a todos estos presuntos delitos que él afirma no haber cometido.