El repiqueteo de datos maquillados de muchos representantes partidarios suele ocultar una realidad inapelable. El poder parece buscar un deterioro de valores sociales considerados bien armados dentro de nuestro sistema democrático. No se temía que la estructura institucional pudiera sufrir tan rápido deterioro. El edificio de nuestro Estado siempre soportó vicios más o menos ocultos, que amenazaban su estabilidad. Las operaciones de mantenimiento habían controlado una serie de humedades, grietas, filtraciones y deficiencias de la cimentación.
No han faltado sabotajes pretendiendo debilitar las reformas emprendidas para mantener erguido un entramado social tan vetusto. Demasiados inquilinos, que han deteriorado la propiedad comunitaria sin recibir la retribución legal oportuna, han venido provocado un grave riesgo de derrumbamiento. Ha sido complicado aguantar esa pertinaz agresión sobre cimientos, vigas, soportes, forjados, muros de carga y otros elementos que comprometen directamente la resistencia mecánica y estabilidad de nuestro edificio patrio, aluminosis tomando protagonismo para desgastar los engranajes fundamentales de nuestro Estado de Derecho.
Y el problema se agrava cuando la directiva de esta gran comunidad de propietarios se compincha descaradamente con los que desean su colapso. Hemos escuchado a determinados representantes políticos hablar de patriotismo con un descaro insoportable practicando con denuedo un ejercicio de cinismo hipócrita para enmarcar. Derrochan inmisericordemente los recursos públicos alardeando de su sacrosanta intención de favorecer la justicia social, pero usan esa presunta generosidad para engordar bolsillos propios o garantizar un clientelismo absolutamente pervertido.
Canjear determinados apoyos parlamentarios por regalos legislativos completamente desproporcionados e injustos no hacen más que agrietar nuestro entramado colectivo degenerando una convivencia que precisa mantenimiento eficiente y eficaz. La desigualdad, cuando nos siguen enviando mantras ideológicos, no hace más que socavar los cimientos del bienestar. Borrar graves delitos aderezando una ignominiosa impunidad, además de perdonarlos, no sirve más que para acrecentar la enfermedad que sufre el hormigón del Estado, pues humedecer los engarces de la separación de poderes desbarata una construcción afectada por demasiadas filtraciones.
Venderse al mejor postor determina una traición al cuerpo electoral, que ha sido engañado cuando la oferta de futuro se aireó en el momento procesal oportuno. No valen monsergas infumables, porque todos los diputados que han respaldado la Ley de Amnistía se han posicionado en el bando de los traidores sociales.
Los grupos que deterioran la construcción de España han mostrado su despreciable congruencia, pero no han defraudado a sus electores, perfectamente adiestrados para odiar el paradigma español; sin embargo, los demás mercaderes del negocio político se garantizan una forma de vivir privilegiada frustrando el compromiso adquirido en defensa de su patria, que no es otra que España, un concepto histórico propiedad de todos los que aceptan su existencia llenándose la boca aduciendo su contribución al emporio social europeo moderno y solidario.
Agrietar la debilitada complexión de nuestro campo, como lesionar el rendimiento adecuado de la pesca y ganadería acelera el desmoronamiento de una sociedad engarzada a un modelo tradicional, que debe evolucionar y progresar a un ritmo aceptable para no dejar abandonados tantos modos de sobrevivir. Entorpecer el desenvolvimiento correcto de un comercio modernizado y facilitar la contagiosa e infecciosa competencia desleal no ayuda en eso de lo que tanto alardean los vendepatrias de turno.
Si perjudicamos los intereses de nuestros copropietarios permitiendo la permeabilidad de muros envejecidos habrá un derrumbe social sin precedentes. La seguridad, integridad y la supervivencia de los que comparten la propiedad común es fundamental para mantener el rango mínimo correcto con el que garantizar el futuro, pero de verdad.
Los forjados sociales necesitan atención y la intervención de expertos para asegurar la resistencia de una edificación resentida. Una permanente vigilancia nos permitirá atender las chapuzas puntuales que ponen en riesgo esta edificación estatal. Hay serio riesgo de desbaratamiento nacional, y de eso debería ocuparse la junta directiva de nuestra comunidad hispana.