Pedro Sánchez solicita declarar de manera escrita en el caso de su mujer Begoña Gómez

La reciente citación del presidente Pedro Sánchez para declarar como testigo en el caso que involucra a su esposa, Begoña Gómez, que lleva el Juzgado nº 41 de Instrucción de Madrid, ha generado un amplio debate tanto en el ámbito judicial como político. Esta citación, promovida por las acusaciones populares unificadas -compuestas por Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Movimiento para la Regeneración Política de España (MRPE) y Iustitia Europa- busca esclarecer posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción de negocios relacionados con la adjudicación de contratos.

En las últimas horas se ha confirmado que el presidente del Gobierno ha solicitado al juez Peinado que su declaración se realice de manera escrita. Sánchez argumenta que, debido a su posición como presidente, tiene derecho a responder por escrito según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, Sánchez ha enfatizado en su escrito que su comparecencia como testigo no se refiere a hechos personales sino a su conocimiento indirecto de las actividades investigadas. Ahora, el juez Peinado debe decidir si acepta esta solicitud, considerando las circunstancias excepcionales del caso.

En concreto, Sánchez cita en su escrito el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que están exentos de la obligación de declarar en un proceso judicial los altos funcionarios del Estado, incluyendo al presidente del Gobierno, en relación con hechos que hayan conocido en el ejercicio de sus funciones. Esta disposición legal permite que estas personas puedan prestar declaración por escrito, en lugar de comparecer en persona ante el juez, para garantizar su disponibilidad y funcionamiento en sus responsabilidades oficiales.

Sobre los motivos de la declaración de Sánchez, según el escrito de las acusaciones populares unificadas, la citación del presidente se fundamenta en la necesidad de esclarecer su participación en varias reuniones en el Palacio de la Moncloa, donde estuvieron presentes tanto Begoña Gómez como el empresario Juan Carlos Barrabés. Este último ha sido implicado en la presunta adjudicación de contratos públicos a sus empresas, algunos de los cuales fueron financiados con fondos europeos. Durante su comparecencia el pasado 15 de julio, Barrabés afirmó haber asistido a reuniones con Gómez y Sánchez, aunque no pudo proporcionar detalles precisos sobre el contenido de dichas reuniones.

La decisión de citar a Sánchez también se debe a que Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar durante su comparecencia el pasado 19 de julio. Este silencio ha llevado a las acusaciones a considerar que la declaración de Sánchez es esencial para aclarar los hechos investigados.

De esta manera, y tras las peticiones de las acusaciones, el juez Peinado decidió tomar declaración al presidente. En su providencia, señala que existe la posibilidad de que  el propio juez Peinado acuda personalmente a La Moncloa el próximo día 30 de julio para evitar traslados del presidente del Gobierno de España, por motivos de seguridad,  aunque  también puede declarar de manera escrita, como ha solicitado el presidente.

De igual manera, Pedro Sánchez, podría, llegado el momento de su declaración y tras escuchar sus derechos,  acogerse al artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que exime a parientes directos del procesado, incluyendo al cónyuge (en este caso, Pedro Sánchez) , de la obligación de declarar en su contra (en este caso, sobre Begoña Gómez).  Esta disposición legal pretende proteger la intimidad familiar y evitar conflictos de lealtad que podrían surgir al obligar a un familiar cercano a testificar contra el procesado.

Sobre este asunto, fuentes judiciales consultadas por este medio sostienen que "una persona investigada tiene derecho a no declarar e incluso a no decir la verdad, pero un testigo sí que tiene obligación de declarar y decir la verdad, salvo excepciones como la de ser cónyuge". Para los expertos consultados, "es un dilema muy peligroso el que se le presenta al presidente Sánchez, en un tema tan turbio".

No obstante, la interpretación de esta normativa es y ha sido objeto de debate en el ámbito judicial. Algunas recientes consideraciones jurisprudenciales sugieren que la aplicación estricta de esta dispensa podría generar confusión y problemática en la práctica judicial diaria, especialmente en casos complejos como este.

El PSOE ha respondido a la citación del juez Peinado calificándola como una "persecución política" y un "montaje" orquestado por el Partido Popular y otras fuerzas opositoras. Argumentan que la citación de Sánchez es una maniobra destinada a desgastar la imagen del presidente y su gobierno.

En este sentido, fuentes judiciales consultadas por elcierredigital.com explican que "si Sánchez se basa en la misma idea que su esposa, de que todo es una persecución y que esta es una investigación prospectiva, también podría acogerse a su derecho a no declarar, emulando de algún modo la estrategia utilizada por su mujer". 

Desde una perspectiva política, la citación de Sánchez tiene un gran impacto, especialmente al coincidir con el cierre del curso político. La oposición ha aprovechado la situación para recordar declaraciones pasadas de Sánchez sobre la responsabilidad política y la necesidad de dimitir en situaciones comprometidas, haciendo un paralelismo con casos anteriores como el de Mariano Rajoy, que declaró como testigo en la causa que investigó la Trama Gürtel.

El caso Begoña Gómez y el peso de la declaración de Sánchez

El caso que involucra a Begoña Gómez se centra en la posible comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Las acusaciones señalan que Gómez podría haber utilizado su posición y su relación con altos funcionarios, incluyendo a su marido, para favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés en la adjudicación de contratos públicos. Algunos de estos contratos fueron presuntamente financiados con fondos europeos, lo que ha añadido una dimensión internacional al caso.

La citación de Pedro Sánchez está programada para el 30 de julio de 2024, y su decisión de acogerse o no al artículo 416.1 de la LECrim será crucial. Si decide testificar, su declaración podría arrojar luz sobre los hechos investigados y contribuir a esclarecer su posible participación o conocimiento de las actividades de su esposa y del empresario Barrabés. Por otro lado, si se acoge a su derecho a no declarar, el caso podría enfrentar nuevos desafíos en términos de pruebas y testimonios.

La decisión de un presidente en ejercicio de acogerse al artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no declarar en un juicio puede tener repercusiones significativas en su imagen política y en la percepción pública. Esta decisión podría ser vista como una falta de transparencia y un intento de evadir responsabilidades, lo cual afectaría negativamente tanto su reputación como la de su administración.

En el ámbito político, la transparencia y la responsabilidad son pilares fundamentales para mantener la confianza del público. Un presidente que decide no declarar, aunque esté amparado por la ley, puede ser percibido como alguien que tiene algo que ocultar. Esta percepción puede minar la credibilidad de su gobierno y generar sospechas entre la ciudadanía sobre la existencia de conductas inapropiadas o ilegales dentro de su administración.

La transparencia en la política no solo implica actuar de manera ética y legal, sino también parecerlo. La negativa a declarar puede ser interpretada como una falta de disposición para colaborar con la justicia y esclarecer los hechos, lo que podría interpretarse como un intento de proteger a su entorno cercano a costa de la verdad y la justicia.

En este sentido, la opinión pública es un factor crucial en la política. La percepción de que un presidente no coopera plenamente con la justicia puede erosionar su base de apoyo. Los votantes esperan que sus líderes sean ejemplares en su comportamiento, especialmente en situaciones de crisis o controversia. La negativa a declarar puede ser utilizada por la oposición para cuestionar la integridad y la ética del presidente, exacerbando las tensiones políticas y polarizando aún más el ambiente político.

En el caso específico de Pedro Sánchez, la oposición ya ha aprovechado la situación para recordar declaraciones pasadas en las que  él mismo exigía responsabilidad y transparencia a otros líderes en situaciones similares. Esto crea una narrativa de hipocresía y doble estándar que puede ser muy dañina para su imagen pública​​.

En la historia reciente, hemos visto varios casos donde presidentes del Gobierno se han visto envueltos en controversias legales. Por ejemplo, la declaración de Mariano Rajoy en el caso Gürtel fue vista como un acto de responsabilidad, aunque también fue criticada por la falta de claridad en sus respuestas.  La decisión de declarar, aunque sea simbólica, muestra un compromiso con la justicia y puede ayudar a mitigar las críticas, aunque no necesariamente elimine todas las sospechas.