La auditora PwC atasca el juicio por estafa del Popular para enfado de los accionistas

La intervención europea para evitar el derrumbe del Banco Popular en junio de 2017 y su consiguiente venta por 1 euro al Banco Santander dejó a la intemperie a unos 300.000 inversores que perdieron todo su dinero  tras haber sido engañados por unos balances que no reflejaban de forma fiel la situación real del extinto banco que en 2026 cumpliría su centenario. 

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) cree que las ampliaciones de capital del Popular en 2012 y 2016 se llevaron a cabo por parte de los responsables de la entidad de crédito con el apoyo de datos no veraces. 

Sin embargo, la Aemec no va a lograr que sea juzgado el 'enterrador' del Popular, Emilio Saracho, ya que la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo contra él por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de 2016 porque el directivo no se había incorporado al banco. 

La Audiencia Nacional ratifica las tesis del juez instructor José Luis Calama, ya que, según el fallo, "hay una insuficiencia de indicios de criminalidad que puedan proporcionar una prueba de cargo en un posterior plenario". 

La Aemec decía que Saracho realizó filtraciones a la prensa que aceleraron la fuga de capitales que provocaría la puntilla para el Popular, pero la Sala de lo Penal asegura que considera "ajustada a derecho la resolución recurrida, apareciendo motivadas, justificadas y correctamente fundamentadas las razones y valoraciones expuestas por el instructor". 

Los minoritarios ahora asisten con inquietud a la decisión de la auditora PwC de negarle información requerida a la Audiencia Nacional, que exigió varias pólizas de seguro, por ser "constitutiva de secreto profesional". 

El juez apunta a la Big Four como "cooperador necesario" en la presunta estafa a inversores en la ampliación de 2016. "La póliza de seguro requerida contiene información constitutiva de secreto profesional, por lo que no es dable jurídicamente el acceso indiscriminado a la misma", dice PwC.

Esta auditora teme la cornada judicial y, tal y como cuenta Cinco Días, ha fichado para su defensa a Carlos Domínguez, abogado de Ignacio Sánchez-Galán, y al despacho González Franco, donde ejerce la ex jefa de lo penal de la Abogacía del Estado, Rosa Seoane. 

Ángel Ron, acusado por la ampliación de 2016 tras librarse de las acusaciones de 2012

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional otorgó oxígeno hace unas semanas al antecesor de Saracho, Ángel Ron, al archivar de forma definitiva, tal y como había solicitado la Fiscalía, la ampliación de capital de 2012 por parte del Banco Popular. 

Dice el tribunal que "del informe de los peritos del Banco de España no se deduce de forma suficiente la existencia de indicios de una manipulación de la situación contable y económica del Banco Popular para propiciar una imagen errónea de sus estados financieros a la que realmente tenían". 

Sobre presuntas irregularidades contables señala que "no concurren indicios que las mismas determinen un falseamiento de la información económico-financiera que afecte a la imagen fiel de la empresa, y menos aún que hayan causado un perjuicio de notoria gravedad a los inversores". 

Junto a Ron, que ha señalado en público a Saracho por la quiebra del Popular, se libran el exvicepresidente Roberto Higuera y el auditor de PwC, José María Sanz Oliva, tras el recurso presentado por la empresa familiar Cerquía (que alcanzó el 0,19% del quebrado banco) y otros inversores minoritarios. 

Harina de otro costal será el juicio por la ampliación de capital de 2016, que podría 'carbonizar' a Ron, que hace unas semanas culpaba en ABC de la quiebra a su sustituto en la presidencia, Emilio Saracho, al que acusa de incentivar que el Popular fuese digerido por el Banco Santander (que en 2017 adquirió la compañía por 1 euro y se quedó 5.000 millones de créditos fiscales, que son sumas que se acumulan en pérdidas y sirven principalmente para rebajar el pago del Impuesto de Sociedades). 

Ron omite que  se negó a ser rescatado por el FROB o la SAREB, que hubiera digerido parte de los 33.000 millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos que acabaron llevándose por delante a la entidad.

Presentar cuentas que no reflejaban la salud económica de la empresa en 2015 y 2016 es la principal acusación que se cierne sobre el banquero Ángel Ron, que será juzgado por la Audiencia Nacional por estafa y falseamiento de cuentas. 

El auto llevado a cabo por el juez José Luis Calama compromete al expresidente del Banco Popular, quebrado poco después de recaudar más de 2.500 millones de euros en una ampliación de capital que arruinó a muchos y sirvió para sanear en parte el banco digerido en 2017 por el Santander. 

Ron, según el auto, "permitió que se aprobara la ampliación de capital sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar capital por ese importe, y no por más o por menos. La intervención verbal de los letrados de Linklaters fue meramente jurídica y, por lo que consta en el acta, no muy exhaustiva, más bien lo contrario. Ese consejo fue una manifestación clara de déficit de gobernanza y, a nuestro juicio, adoleció de información y de debate".

El texto también deja claro que Ron tenía una grandísima responsabilidad en el Popular en el momento de la ampliación, ya que era, ni más ni menos, que  "presidente de su consejo de administración", "presidente ejecutivo" y "presidía también la comisión delegada del consejo".

El banquero, según el auto judicial, "impulsó la ampliación de capital del año 2016. Permitió que se aprobara dicha ampliación, con un déficit de gobernanza notable, y sin explicar mínimamente las bases de cálculo de los 2.506 millones de la ampliación. El sr. Ron estaba al tanto del déficit de provisiones que afectaba al balance de BP durante los años 2015 y 2016".

Algunas voces señalan que las autoridades estatales y europeas miraron para otro lado sobre la situación del Popular, pero el auto deja claro que sus responsables desoyeron todo tipo de consejos: "Resulta sumamente peligroso despreciar y prescindir de las opiniones e instrucciones que contemporáneamente recibía Banco Popular por parte de Banco de España y BCE, que han visto su reflejo en la causa a través de las comunicaciones remitidas por los citados organismos".

La instrucción llevada a cabo por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ya dejaba claro, en relación con la ampliación de capital de 2016, que los miles de inversores que acudieron a la misma fueron engañados porque los estados financieros "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio". 

El auto afirma que los máximos responsables del Popular, con su entonces presidente Ángel Ron al frente, "alteraron conscientemente su balance y su cuenta de resultados, ofreciendo al mercado una información falsa que, sin duda, distorsionaba la toma de decisiones de inversión".