La operación de ampliación del Banco Popular sigue bajo sospecha: Nuevo palo judicial

Como viene informando elcierredigital.com, el Banco Popular  lleva años en el centro de una tormenta judicial. La entidad, que fue absorbida por el Banco Santander de  Ana Patricia Botín por la cantidad de 1 euro en 2017, ha enfrentado múltiples problemas legales relacionados con sus ampliaciones de capital, especialmente las realizadas en 2012 y 2016. 

El pasado mes de junio,  la Audiencia Nacional archivó definitivamente la causa sobre la ampliación de capital del Banco Popular de 2012, lo que dio oxígeno a Ángel Ron, expresidente del Popular. La decisión llegó después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara el cierre de la investigación, argumentando que la operación se realizó conforme a la legislación vigente y pasó todos los controles pertinentes.

La ampliación de 2012, que  buscaba obtener 2.500 millones de euros, fue realizada en un contexto de crisis económica global. El Banco de España respaldó esta operación, afirmando que cumplió con los objetivos propuestos y mejoró la situación financiera de la entidad.

Sin embargo, la ampliación de capital de 2016 sigue siendo objeto de controversia. Como ya informó este medio, presentar cuentas que no reflejaban la salud económica de la empresa en 2015 y 2016 es la principal acusación que se cierne sobre Ángel Ron, que será juzgado por la Audiencia Nacional por presunta estafa y falseamiento de cuentas.

El auto llevado a cabo por el juez José Luis Calama compromete al expresidente del Banco Popular, quebrado poco después de recaudar más de 2.500 millones de euros en una ampliación de capital que arruinó a muchos y sirvió para sanear en parte el banco digerido en 2017 por el Santander.

Ahora,  el juez Calama ha dado un paso significativo en el caso al requerir al Banco Santander y a la firma PwC la entrega de sus pólizas de seguro. Esta solicitud busca determinar la existencia de cobertura para una  posible responsabilidad civil  derivada del colapso del Banco Popular en 2017.

El juez otorgó un plazo de tres días -contando desde el jueves- para que ambas entidades presenten los documentos solicitados. El Banco Santander, que ya ha sido objeto de polémicas por el 'fichaje' de Carlos Barrabés, se ha opuesto a la medida, argumentando que ya se habían entregado las pólizas correspondientes al Banco Popular, entidad que adquirieron por un euro tras su intervención. PwC, por su parte, cuestiona la extensión del periodo solicitado por el juez.

La acción del juez Calama responde a la necesidad de proporcionar a las acusaciones, tanto particulares como institucionales, la información necesaria para considerar posibles demandas civiles. Esta medida podría facilitar la compensación a los afectados por la caída del Banco Popular, cuyo desplome dejó sin ahorros a miles de accionistas.

Paralelamente,  la Audiencia Nacional ha dictaminado el sobreseimiento de la causa contra Emilio Saracho, expresidente del Banco Popular, quien había sido acusado de manipulación del mercado y administración desleal durante su mandato al frente de la entidad financiera.

Emilio Saracho asumió la presidencia del Banco Popular en febrero de 2017, en un momento crítico para la entidad, que enfrentaba serios problemas de liquidez y una creciente incertidumbre en el mercado. La acusación sostenía que Saracho, en un intento de gestionar la crisis, habría llevado a cabo prácticas de manipulación del mercado y adoptado decisiones que perjudicaron deliberadamente a los accionistas, contribuyendo a la caída del valor de las acciones y, eventualmente, a la intervención del banco.

El juez Calama abre la puerta a nuevas acusaciones

Fue el pasado mes de marzo cuando José Luis Calama, el juez a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, recomendó llevar a juicio al expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, junto con su equipo directivo, además de la firma PwC y los dos auditores que revisaron las cuentas del banco. Se les acusa de fraude a los inversores que participaron en la ampliación de capital de 2016, que fue de 2.500 millones de euros.

Esta decisión fue ratificada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desestimó la mayoría de los recursos presentados por los acusados. Una vez que la sala resuelva todas las impugnaciones y la decisión de avanzar hacia el juicio sea definitiva,  el juez pedirá a la Fiscalía Anticorrupción y otras partes acusadoras que presenten sus escritos de acusación o soliciten el archivo del caso, en un plazo de 40 días. 

En este contexto, el juez Calama ha iniciado los preparativos del juicio solicitando las pólizas de seguro pertinentes para proporcionar a las acusaciones la información necesaria para ejercer sus acciones civiles contra los responsables. Calama explica que esta información permitirá a las acusaciones decidir si es viable dirigir sus acciones civiles contra las entidades que podrían ser responsables de los hechos investigados. 

Esta solicitud se produce  a petición del fondo Algebris y de un antiguo accionista del Popular que ya intentó recuperar sin éxito su inversión a través de la justicia europea. Otros exaccionistas, como Aeris Invest y Cerquia Gestión, también se unieron a la solicitud.

En concreto, el juez Calama reclama a Santander la póliza de seguro contratada en el momento de la adquisición del Banco Popular por un euro simbólico tras su resolución por la JUR. En cuanto a PwC, se solicitan las pólizas de seguro relacionadas con su actividad en el banco y la de los dos socios que auditaron las cuentas durante 2015 y el primer trimestre de 2016, así como cualquier adenda o modificación.

Las posibles implicaciones del caso

Si el caso del Banco Popular llega a juicio, esto podría tener varias implicaciones significativas. En concreto, los antiguos directivos del Banco Popular, incluyendo a Ángel Ron, y los auditores de PwC podrían enfrentarse a sanciones penales si se les encuentra culpables de los cargos de fraude a los inversores. Esto podría incluir multas, inhabilitaciones profesionales o incluso penas de prisión.

Por otra parte, los individuos y las empresas involucradas, especialmente PwC, podrían sufrir daños significativos a su reputación, lo que podría afectar su negocio y sus relaciones profesionales en el futuro.

Para los inversores, las perspectiva es diferente, pues un juicio podría abrir la puerta a la posibilidad de que los afectados reciban alguna compensación por las pérdidas sufridas durante la ampliación de capital de 2016, dependiendo del resultado del caso y de las acciones civiles presentadas.

Para la mayoría de los inversores afectados, llevar el caso a juicio representa una oportunidad para que se esclarezca lo sucedido y se haga justicia. De igual manera, podría haber un impulso para fortalecer las regulaciones y la supervisión del sector bancario y de auditoría, buscando prevenir que ocurran situaciones similares en el futuro.

Por otra parte,  aunque el Banco Santander adquirió Banco Popular por un euro simbólico, podría enfrentar implicaciones financieras y legales, especialmente en relación con las pólizas de seguro y las posibles compensaciones a los inversores, lo que podría suponer un 'agujero' inesperado en la entidad de Ana Patricia Botín.

De igual manera, la adquisición de Banco Popular y las controversias asociadas podrían afectar la reputación de Banco Santander, especialmente si se determina que hubo irregularidades significativas en la gestión y resolución del caso. Algo que sería especialmente dañino para la reputación de la entidad teniendo en cuenta la polémica que ha suscitado la contratación del empresario Carlos Barrabés.