Las presuntas irregularidades en la ampliación del Popular

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha respaldado al juez Santiago Pedraz y ha otorgado oxígeno a Ángel Ron al archivar de forma definitiva, tal y como había solicitado la Fiscalía, la ampliación de capital de 2012 por parte del Banco Popular.

Harina de otro costal es el juicio por la ampliación de capital de 2016, que podría 'carbonizar' a Ron. Este mismo martes, la Audiencia Nacional ha rechazado su recurso de apelación contra el auto del pasado 4 de marzo y ha ratificado la decisión del juez José Luis Calama, que le señala por presunta "estafa y falsedad de cuentas". Mientras tanto, este lunes en ABC, el banquero culpaba de la quiebra a su sustituto en la presidencia, Emilio Saracho, de incentivar que el Popular fuese digerido por el Banco Santander.

El banco presidido por Ana Patricia Botín adquirió a su rival en 2017 por 1 euro y se quedó 5.000 millones de créditos fiscales (que son sumas que se acumulan en pérdidas y sirven principalmente para rebajar el pago del Impuesto de Sociedades).

Ron omite que se negó a ser rescatado por el FROB o la SAREB, que hubiera digerido parte de los 33.000 millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos que acabaron llevándose por delante a la entidad y a sus inversores.

Dice el tribunal sobre la ampliación del año 2012 que del "informe de los peritos del Banco de España no se deduce de forma suficiente la existencia de indicios de una manipulación de la situación contable y económica del Banco Popular para propiciar una imagen errónea de sus estados financieros a la que realmente tenían".

Y sobre presuntas irregularidades contables señala que "no concurren indicios que las mismas determinen un falseamiento de la información económico-financiera que afecte a la imagen fiel de la empresa, y menos aún que hayan causado un perjuicio de notoria gravedad a los inversores".

Junto a Ron se libran el exvicepresidente Roberto Higuera y el auditor de PwC, José María Sanz Oliva, tras el recurso presentado por la empresa familiar Cerquía (que alcanzó el 0,19% del quebrado banco) y otros inversores minoritarios.

Ángel Ron tiene pendiente juicio por la ampliación de 2016

Presentar cuentas que no reflejaban la salud económica de la empresa en 2015 y 2016 es la principal acusación que se cierne sobre Ángel Ron, que será juzgado por la Audiencia Nacional por presunta estafa y falseamiento de cuentas.

El auto llevado a cabo por el juez José Luis Calama compromete al expresidente del Banco Popular, quebrado poco después de recaudar más de 2.500 millones de euros en una ampliación de capital que arruinó a muchos y sirvió para sanear en parte el banco digerido en 2017 por el Santander.

Ron, según el auto, "permitió que se aprobara la ampliación de capital sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar capital por ese importe, y no por más o por menos. La intervención verbal de los letrados de Linklaters fue meramente jurídica y, por lo que consta en el acta, no muy exhaustiva, más bien lo contrario. Ese consejo fue una manifestación clara de déficit de gobernanza y, a nuestro juicio, adoleció de información y de debate".

El texto también deja claro que Ron tenía una grandísima responsabilidad en el Popular en el momento de la ampliación ya que era, ni más ni menos, que "presidente de su consejo de administración", "presidente ejecutivo" y "presidía también la comisión delegada del consejo".

El banquero, según el auto judicial, "impulsó la ampliación de capital del año 2016. Permitió que se aprobara dicha ampliación, con un déficit de gobernanza notable, y sin explicar mínimamente las bases de cálculo de los 2.506 millones de la ampliación. El sr. Ron estaba al tanto del déficit de provisiones que afectaba al balance de BP durante los años 2015 y 2016".

Algunas voces señalan que las autoridades estatales y europeas miraron para otro lado sobre la situación del Popular, pero el auto deja claro que sus responsables desoyeron todo tipo de consejos: "Resulta sumamente peligroso despreciar y prescindir de las opiniones e instrucciones que contemporáneamente recibía Banco Popular por parte de Banco de España y BCE, que han visto su reflejo en la causa a través de las comunicaciones remitidas por los citados organismos".

La instrucción llevada a cabo por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ya dejaba claro unas semanas antes, en relación a la ampliación de capital de 2016, que los miles de inversores que acudieron a la misma fueron engañados porque los estados financieros "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio".

El auto afirma que los máximos responsables del Popular, con su entonces presidente Ángel Ron al frente, "alteraron conscientemente su balance y su cuenta de resultados, ofreciendo al mercado una información falsa que, sin duda, distorsionaba la toma de decisiones de inversión".

Calama, tras seis años de investigación, impulsó un cambio de vientos en la causa al anunciar que iba a dictar un auto de transformación que implica que la causa no se archive, proponiendo a Anticorrupción y afectados que presenten escritos de acusación.

De la sombra del delito se escapa el sucesor de Ron en la presidencia, Emilio Saracho, que tomó "posesión efectiva el 20 febrero de 2017, no teniendo ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable a que hemos hecho referencia". Incluso añade: "Por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco".

Saracho también se libra de la principal acusación que pesaba sobre él: la de realizar filtraciones a la prensa que provocaron una fuga de depósitos que facilitaron el final definitivo del Popular.

Ron recurrió el auto al sentirse perjudicado

"Recurriré el auto porque no se corresponde con lo que se ha instruido y porque las conclusiones no se corresponden con los hechos declarados", se apresuró a señalar hace unas semanas Ángel Ron tras saberse acusado de falsear las cuentas.

El banquero aseguró que en 2016 reforzó "los niveles de solvencia y provisiones" y, en su argumento más sólido, recuerda que la ampliación de capital también fue suscrita por directivos y miembros del Consejo por un importe de 500 millones de euros. "Soy un perjudicado de lo que considero un expolio del Banco Popular", añadió.

Ron señaló que la solvencia del Popular fue avalada por los peritos del Banco de España, que afirmaron en 2019 que "las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva".

Sobre su posible decisión de esconder créditos dudosos para evitar provisionar grandes cantidades con el fin de asegurar operaciones de riesgo, añadió: "No conozco caso alguno que habiendo certificado unos peritos judiciales la existencia de irregularidades tales, la investigación se centre en una ampliación que reforzó el Banco y no en la resolución que de manera irregular acabó con él".

"No había agujero alguno en las cuentas de 2015 que dieron base a la ampliación de capital de 2016", sostuvo, asegurando que "desde una perspectiva contable esta simulación no tiene soporte regulatorio y por tanto no cabe la exigencia de una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 ni 2016".

El banquero calificó su labor al frente del Popular de "trabajo arduo, muy profundo y riguroso" y aseguró que exhibirá "pruebas demoledoras" para batallar contra las tesis del instructor, que desliza que la quiebra estuvo precedida por estafa y falsedad contable.