Nuevo varapalo judicial al ministerio de Marlaska: 'Han intentado callar a un policía'

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska lleva tiempo en el ojo del huracán. Sindicatos policiales han denunciado muchas de sus decisiones y su 'inacción' en ciertos temas, cruciales, según ellos, para preservar la seguridad ciudadana. Por estas y otras discrepancias, sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han solicitado su dimisión en más de una ocasión.

Ahora el ministro vuelve a estar en el foco por la ‘detención’ del productor Nacho Cano, que se habría llevado a cabo por el comisario Alberto Carba. 

Este 10 de julio el Ministerio que dirige  Grande-Marlaska ha visto cómo el Juzgado Central de lo Contencioso nº2 de la Audiencia Nacional  ha estimado la demanda presentada por la defensa del policía Samuel Vázquez Álvarez y anula la sanción que se le impuso por una falta que fue calificada de grave.

Los hechos por los que Samuel Vázquez, presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, fue sancionado con una falta grave fueron dos tuits publicados en marzo de 2023. En el primer tuit Samuel indicaba “el DG de la @policia acaba de firmar mi expediente disciplinario con pérdida de empleo y sueldo. Ha tocado el pan de mis hijos, así que ya no pararé hasta verle sentado en un banquillo. Este viernes seguiré luchando por acabar con este sistema de cortijos y caciques”.

En el segundo, Vázquez afirmaba que “el Ministro Marlaska ha designado como Directores Generales tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, a personas sin ninguna experiencia operativa previa y con nulos conocimientos en la materia, cuya función principal es proteger los discursos políticos y las estructuras de poder en perjuicio de la protección social”.

Ahora, la decisión judicial condena al Ministerio del Interior al pago íntegro de las costas del procedimiento, unos 4.000 euros, además de anular la sanción impuesta a Vázquez. La defensa del policía ha sido llevada a cabo por el equipo jurídico de Alternativa Sindical de Policía (ASP).

"Debe prevalecer la libertad de expresión"

En una conversación con elcierredigital.com el secretario general de ASP, Alfredo Perdiguero, afirma que “están intentando callar a ciertas personas porque no dicen lo que ellos quieren ni como ellos quieren. Esto no puede ser así porque hay libertad de expresión, pero parece ser que esta libertad solo vale para algunos. Afortunadamente, tras estas decisiones hay jueces que aplican la justicia y premian la libertad de expresión para todos”.

“La sentencia es magnífica porque le deja en una posición complicada. Esta decisión muestra que el régimen disciplinario de la Policía Nacional está politizado porque mandan abrir expedientes y sancionan a las voces discordantes siendo realidad lo que dicen. También muestra que en lugar de preocuparse por el índice delincuencial se preocupan por lo que dice un compañero experto en ciencia policial sea verdad o mentira. Por lo tanto, se han preocupado en sancionarle para que se calle y no siga diciendo lo que piensa. No se puede sancionar por decir realidades”, añade Alfredo Perdiguero.

Golpe para el Ministerio del Interior

Desde el sindicato ASP señalan que Samuel Vázquez “viene sufriendo, desde hace más de un año, una brutal persecución por parte de altos cargos políticos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, teniendo que soportar la apertura de seis expedientes sancionadores distintos en menos de un año”. 

En cuanto a la demanda del policía, su defensa alegó la vulneración del principio de tipicidad, del derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión, y el derecho a la tutela judicial efectiva, así como desviación de poder y la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta por falta de motivación. Estos argumentos fueron estimados íntegramente.

Respecto a los tuits, la sentencia entiende que no se aprecia ni un ápice de crítica a la Institución Policial, sino a ciertos mandos políticos que el demandante considera que son “caciques”, que alimentan un “sistema de cortijos” y “protegen estructuras de poder y discursos políticos”, no pudiendo apreciar desconsideración alguna, y menos aún grave, por cuanto el prestigio de la Policía Nacional, como institución, trasciende a sus autoridades políticas y no se menoscaba por las críticas personales a sus dirigentes.

El magistrado afirmó en su sentencia que “no es de recibo que las mismas autoridades políticas elegidas por el partido del Gobierno aprovechen su privilegiada posición para utilizar el aparato represivo del Estado a través del temible derecho sancionador y tratar de silenciar así las críticas que reciben por su (constatable) nula experiencia y conocimientos en la materia de la que ostentan la máxima responsabilidad”.

“El hecho de confundir el prestigio de la Institución de la Policía o de la Guardia Civil con el prestigio de quienes las dirigen como autoridades,  no solo es un desafortunado acto de arrogancia por parte del Ministerio de Interior y sus cargos políticos dependientes, sino que ha supuesto un importante coste a todos los ciudadanos  al tener que hacer frente la Administración al pago íntegro de las costas procesales”, concluyen desde ASP.