El Cierre Digital Marlaska no abrió investigación por usar la base de datos 'clandestina' de la GC
Según la denuncia ampliada: "Se ha compartido información personal de ciudadanos de varios países de la Unión Europea".
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) investiga la denuncia interpuesta en 2023 por un guardia civil sobre "el uso de información sensible sin control ni fiscalización tras la creación de una base de datos supuestamente 'clandestina' denominada 'Hegeno', por la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas durante la pandemia". El uso de esta base de datos 'no oficial' comenzó cuando el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, era presidente del Gobierno de Canarias, por lo que igualmente ha sido denunciado ante la AEPD, tal como reveló elcierredigital.com.
Fuentes cercanas a la defensa de este agente —cesado por pérdida de confianza tras la denuncia— manifiestan a nuestro diario que "el Estado Mayor del Ministerio del Interior reconoció en 2023 que existe un procedimiento abierto por la AEPD, sin embargo, no confirmó ninguna investigación iniciada sobre este asunto".
Tal como expresan fuentes del Instituto Armado a elcierredigital.com, "no hubo constancia de ningún expediente interno abierto por parte de Interior hacia los siete mandos de la Guardia Civil hoy en día denunciados por el caso Hegeno ante la AEPD por este guardia civil".
Sin embargo, la AEPD sí investiga "todas estas denuncias presentadas por este agente respecto de estos mandos de la Benemérita, supuestamente vinculados con esta base de datos no oficial, que albergaba datos personalísimos de terceros sin su consentimiento".
Es más, "el agente fue sometido a diferentes expedientes disciplinarios por parte de la Guardia Civil a raíz de denunciar y todos ellos fueron archivados. Por lo que este agente decidió denunciar 'represalias' ante la Dirección General del Cuerpo".
Según consta en la denuncia presentada a la AEPD, la base 'no oficial' Hegeno recibía un volcado de información de la base de datos oficial SIGO y comenzó a ser utilizada por la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas en marzo de 2020. "Se hizo para remitir estos datos personalísimos entre funcionarios de la Benemérita e instituciones públicas como el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC). Al parecer, sin que esta comandancia grancanaria pidiera autorización a Interior".
Además, tal como ha sabido este diario, existen ampliaciones de la denuncia inicial que han alcanzado a la subdelegada del Gobierno de Las Palmas, Teresa Mayans, y a las direcciones insulares de la Administración del Estado de Fuerteventura y Lanzarote, entidades que también accedieron a la información de la base de datos clandestina Hegeno. El delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, también figura entre los denunciados, pues recibía a diario el contenido de estos datos personales por correo electrónico.
HEGENO 'afecta' a ciudadanos extranjeros y fuerzas armadas
Fuentes cercanas a la defensa del denunciante explican a elcierredigital.com que "la cesión sin consentimiento de datos personalísimos traspasados a la base clandestina Hegeno afectaría a ciudadanos de otros países miembros de la Unión Europea, así como a autoridades europeas, pero también a ciudadanos extracomunitarios e inmigrantes llegados de manera irregular en pateras a las Islas Canarias".
Y aclaran que, en caso de que visitantes extranjeros estuvieran implicados en cualquier suceso donde mediara denuncia, delito, detención o fallecimiento, "esta información sensible era transferida desde la base Hegeno a los consulados vinculados con los ciudadanos procedentes de otros países".
Según recoge la denuncia, en la base clandestina Hegeno también había información sobre "las misiones internacionales desarrolladas por las Fuerzas Armadas que se desplazan desde Canarias, tanto en el momento de su partida como al regreso de los militares tras cumplir con sus funciones".
Estas fuentes apuntan a "una presunta vulneración no sólo de la Ley de Protección de Datos, sino también del Protocolo de la base SIGO, puesto que ante situaciones diarias o sucesos como incendios o erupciones volcánicas todos los puestos policiales por protocolo deben de confirmar el intercambio de datos entre los cuerpos policiales".
Interior confirma que "no hay convenio con la Policía Autonómica de Canarias"
Respecto al acceso a datos personalísimos por el Cuerpo General de Policía Canaria, estas mismas fuentes explican a través del Portal de Transparencia que "la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior confirmó en mayo de 2023 que no existe ningún convenio de traspaso de datos a la policía autonómica de Canarias".
El Gobierno de Canarias reconoce, de igual forma, "la existencia de unos grupos de trabajo en 2011 y 2019 para articular los procedimientos y mecanismos con el objetivo de colaborar entre cuerpos policiales". Sin embargo, en estos documentos —a los que ha tenido acceso elcierredigital.com— emitidos en 2023 "no figura ningún convenio para acceder a bases de datos de la Guardia Civil".
Y estas mismas fuentes aseguran que "los agentes autonómicos seguían dirigiéndose a los agentes del COS para obtener la información de los ciudadanos sin que medie ningún tipo de acuerdo o protocolo al efecto".
La denuncia argumenta que "las consultas de datos personales y vehículos realizadas al COS por los agentes del CGPC es a través de las tres líneas móviles habilitadas y autorizadas por los mandos de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas".
En la denuncia se explica: "un agente de la Policía Canaria que no tenga a su disposición cualquiera de las tres líneas móviles habilitadas, solicitan los datos personalísimos a través de sus teléfonos móviles particulares, realizan llamada telefónica al 112 Canarias[dependiente del gobierno canario]y le transmiten los datos sobre los que desean realizar consulta en la Base de Datos de la Guardia Civil. Entonces, un policía autonómico en la Sala del 112 de Las Palmas, haciendo uso de las líneas telefónicas habilitadas, realiza llamada telefónica al COS de Las Palmas. Posteriormente, este agente, desde el 112 a modo de intermediario con el policía autonómico que pide los datos personales, tras ser atendido por el COS le facilita esta información sensible solicitada, bien al teléfono corporativo o a su dispositivo móvil particular. Este proceso de cesión de datos a terceros de forma fraudulenta realizado entre agentes, el 112 y el COS no queda registrado ni fiscalizado en la base SIGO de la Guardia Civil, ni guarda las fechas de las consultas ni la identificación de los agentes implicados, quienes podrían llegar a usar esta información para un beneficio propio".
Cabe destacar dos cuestiones: "Este tipo de consultas realizadas al COS por la CGPC podría realizarse utilizando los canales oficiales", indica la denuncia. Y este incidente de cesión de datos no sólo de la propia Guardia Civil, sino de la Policía Nacional, Mossos D'Esquadra y Ertzaintza, "solo se viene dando en el COS de la Comandancia de Las Palmas —bajo las órdenes y mandatos de sus jefes—, que recibe consultas de la Policía Canaria a través del 112 de Las Palmas y del 112 de Tenerife. Sin embargo, este suceso no se produjo en el COS de la Comandancia de Tenerife".
El general de Extremadura archiva un expediente contra el teniente responsable de la base HEGENO
En la actualidad se dirime un procedimiento judicial contra el entonces teniente jefe del COS de la Comandancia de Las Palmas, promovido por el agente denunciante del caso Hegeno, en relación a unas supuestas irregularidades —tal como reveló elcierredigital.com—.
Sin embargo, fuentes cercanas a su defensa indican que "el general jefe de la Zona de Extremadura, en beneficio del teniente denunciado[ahora en este destino], de forma supuestamente "arbitraria" e "imparcial" dictó una resolución de archivo de un expediente disciplinario por caducidad, en lugar de paralizar los plazos al haber un procedimiento judicial por los mismos hechos, resultando que la conducta cometida por este teniente no ha prescrito".
Ante esta circunstancia, el agente denunciante del caso Hegeno "ha impulsado de nuevo el citado parte disciplinario contra el teniente", que "en caso de ser nuevamente archivado por este general, se pondrá en conocimiento de la Autoridad Judicial por si pudiera ser constitutivo de un delito de prevaricación administrativa".
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