Giro del caso DANA: Exigen investigar a Sánchez e imputar a la Delegada en Valencia

El caso DANA puede dar un giro de 180 grados. La asociación Liberum ha solicitado al Juzgado de Catarroja que "se libre oficio a la Presidencia del Gobierno de España, y al Consejo de Seguridad Nacional. El objetivo es que "certifiquen si el presidente Pedro Sánchez, convocó o no a este Consejo, a fin de que este órgano ejerciera sus funciones".

Con el foco de las investigaciones puesto en el presidente valenciano Carlos Mazón, Liberum también hace referencia a las actuaciones del Gobierno de Sánchez. Las inundaciones han dejado 228 víctimas mortales.

Como acusación popular, Liberum ha pedido que se aporten todas las comunicaciones, informes y dictámenes entre Sánchez y el Consejo de Seguridad Nacional. Esta solicitud se produce a raíz de las declaraciones en sede judicial de la exconseller de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas. 

La otra motivación es comprobar el cumplimiento del artículo 25 de la Ley 36/2015. Es donde se determinan las funciones del Consejo de Seguridad Nacional en relación con situaciones "susceptibles de derivar en una situación de interés para la Seguridad Nacional". Así como las competencias, el impulso y la gestión coordinada de este órgano dependiente de Presidencia del Gobierno.

Liberum ha pedido a la jueza de Catarroja "la imputación de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Lo argumentan por su gestión en la DANA y la valoración de una "emergencia nacional". Sostienen que "la delegada tiene competencias para pedir la activación de nivel 3 al estar varias comunidades autónomas implicadas en la catástrofe de aquel día". 

La denuncia del exsecretario de emergencias valenciano, al que se le retira la imputación

Por otra parte, la  Fiscalía había propuesto la desimputación del exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso. Y se resolvió positivamente dos días antes de su declaración ante la jueza. Pero no se dio traslado de esta resolución de manera inmediata a Argüeso desde el mismo juzgado. 

Argüeso accedió a este documento a posteriori, después de declarar ante la jueza el 11 de abril. En lugar de tener conocimiento previo de estos hechos, tal como ha manifestado a elcierredigital.com.

Argüeso dice estar "atónito" por no haber recibido la resolución donde se le desimputa. Sostiene que la desimputación del ex número dos de Emergencias, a petición de la propia Fiscalía, "supone un giro muy importante para el caso". 

El citado escrito del Ministerio Fiscal dejaba claro que Argüeso no debía continuar como investigado en el 'caso DANA'. Argüeso se muestra consternado por no haber sido notificado de "su desimputación antes de su propia declaración".

Es más, Argüeso apunta a "un menoscabo para sus derechos". El retraso de dos días que sufrió Argüeso "podría haber perjudicado a su estrategia procesal". Y señala que, de haber sido notificado antes, "hubiera podido solicitar no declarar y evitar todo el acoso mediático al que he sido sometido". 

Un "acoso injusto", explica Argüeso. "El día de la DANA activé el nivel 1 de emergencias desde las 8 de la mañana, trabajé todo el día para salvar vidas y estuve colaborando con la jueza de Torrent", asegura.

Las claves de la desimputación de Argüeso

A pesar de la petición de la desimputación de Emilio Argüeso por parte de la Fiscalía, el exsecretario autonómico de Emergencias declaró. Lo hizo ante la jueza de Catarroja el pasado 11 de abril sobre sus actuaciones durante la DANA.

Argüeso había presentado un Informe pericial de su dispositivo móvil. Ahí se recogían todas sus conversaciones sobre sus actuaciones con los responsables y los afectados durante la DANA. Según sus declaraciones en el juzgado, en ellas se acredita su diligencia ante la tragedia. Ha añadido, además, que muchos ciudadanos le dieron las gracias por salvarles la vida.

Por otra parte, Argüeso explica que "el Cecopi está compuesto en su mayoría por miembros de la administración estatal junto a la delegada del Gobierno, por lo que el Estado debe responder". Y recuerda "la retirada de los bomberos bajo la responsabilidad del entonces jefe, José Miguel Basset". Y "la responsabilidad de las actuaciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, además de averiguar qué pasó realmente con la falta de aviso del desbordamiento del Barranco del Poyo", indica.

"Guerra" en el PP de Valencia 

No obstante, fuentes del Partido Popular consultadas por El Cierre Digital, apuntan una tercera hipótesis. "Una supuesta guerra política interna entre los populares de Valencia". 

"Los partidarios del regreso a la política activa de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana. Y los populares que siguen apoyando al actual presidente del gobierno valenciano, Carlos Mazón". Estas fuentes apuntan a "una batalla política en la sombra para desgastar a Mazón tras la crisis de la DANA, para que no opte más a la presidencia". 

Otros populares podrían proponer "la candidatura de Camps, con el objetivo de retomar de nuevo el control político del PP de Valencia". En relación con esta crisis política entre populares, "Mazón seguirá liderando el partido", sostienen.