Sigue la polémica por las series de crímenes reales: "Nunca se le debe dar voz a un agresor"

Los documentales sobre crímenes y los true crimes se encuentran en el punto de mira desde hace unos meses. La verdadera lucha contra este tipo de producciones comenzó de la mano de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz ‘el Pescaíto’. Ramírez ha conseguido paralizar un documental sobe el asesinato de su hijo, en el que iba a participar la condenada Ana Julia Quezada. Su lucha llegó hasta el punto de comparecer ante la Comisión de Interior del Senado.

La madre del ‘Pescaíto’ ha solicitado un Pacto de Estado para la defensa de las víctimas de violencia grave. En declaraciones a elcierredigital.com señalaba, “he pedido que no se les de voz a los asesinos o asesinas de delitos violentos, pero bajo unas condiciones que son que las víctimas no estén de acuerdo, no se lucren económicamente y no sea para contar una nueva historia de los hechos por lo que están condenados”.

Patricia Ramírez comparece ante la Comisión de Interior en el Senado / Foto: Europa Press.

La realidad es que el éxito de este tipo de producciones audiovisuales ha hecho que se incremente la oferta y se produzcan documentales y true crimes sobre un gran número de casos. El psicólogo y primer Defensor del Menor, Javier Urra, ha querido mostrar su postura sobre estas producciones audiovisuales. De hecho, ha elaborado una nota de prensa tras considerarla absolutamente necesaria para acabar con este tipo de producciones.

En una conversación con elcierredigital.com Javier Urra señala que “el límite debería estar en cero, es decir, jamás se debe contratar a un agresor con sentencia firme. La aparición de agresores en este tipo de producciones hace que se les pueda confundir con un héroe. Las personas que han cometido este tipo de hechos tan terribles tienen derecho al ostracismo. Son ciudadanos que pueden reinsertarse, pero no vivir de un hecho tan cruel. Nunca deberían tener visibilidad, son las víctimas las que, si quieren, pueden tener visibilidad para explicar su dolor. Hay que movilizar a la sociedad para que no admita ni consuma este tipo de producciones”. 

“Ahora se está juzgando el caso de la violación de Igualada y la víctima, si quiere, debería poder hablar, pero nunca el agresor. Hay que ser conscientes de la situación que vive, esta víctima tiene tal estrés post traumático que hasta el juez no la va a entrevistar. Su cerebro se desconectó de tal manera que generó una amnesia total ante la sensación de muerte. Solo se debería escuchar a las víctimas y no a los agresores. La única explicación que tiene que dar el agresor es en un juzgado”, añade Javier Urra.

"En estos casos la ética de las productoras no existe"

A modo de ejemplo, se han realizado series y documentales sobre el caso Asunta, el crimen del Rey del Cachopo, el crimen de la Guardia Urbana o el asesino de la Baraja, entre otros. Todos ellos con un éxito abrumador, pero que supera ciertos límites éticos y morales.

El primer Defensor del Menor afirma que “la serie del caso Asunta nunca debió grabarse. Da igual que fuera una niña adoptada y tuviese poca familia como se ha dicho, porque al final se hace daño a todos, incluida la ciudadanía. Tampoco se debe grabar el caso de ‘Pececito’, que afortunadamente ha quedado paralizada la producción. El documental sobre el rey del Cachopo también es algo deplorable porque es un señor que no para de mentir. Diferente es el caso de Marta del Castillo, donde los padres, como víctimas, han permitido que se realicen producciones para poder dar con el cuerpo”.

Javier Urra.

La realidad es que las productoras no cesan con este tipo de contenidos y los ciudadanos cada vez los consumen más. “En estos casos la ética de las productoras no existe. No se puede pagar a un agresor y menos aún hacerle famoso. Lo que quieren es conseguir dinero, que es muy fácil, porque en cuanto se le pone morbo a una cosa se llama la atención de los ciudadanos. No todo vale. Una cosa es la ley, otra es la norma, otra el código penal y otra muy distinta la ética y la moral. La dignidad del ser humano se debe mantener siempre. Se ha generado una sociedad que a veces es amoral. La ciudadanía es quien debe poner fin a esto”, observa Javier Urra.

El primer Defensor del Menor explica, “tengo dudas de que se pueda legislar porque será complicado prohibir legalmente que un agresor participe en producciones, pero yo lo intentaría por medio de razones como el daño moral a la víctima o el perjuicio que genera a la sociedad ese tipo de mensajes que confunden lo que está bien y lo que está mal. No obstante, en el mientras tanto, es importantísimo que la ciudadanía lo repudie, no se puede consumir algo que es tóxico y corrosivo”. 

“Como psicólogo forense he podido entrevistar a una importante cantidad de violadores y asesinos. Sé muy bien como piensan, cómo tergiversan la realidad y lo que buscan. Por todo esto, he decidido llevar a cabo una campaña nacional y pretendo llegar a todos los sitios. Muchos medios de comunicación se plantearán esto, mientras que otros intentarán no hablar porque tienen productoras detrás”, concluye Javier Urra.