Caso Negreira: Imputan al FC Barcelona y registran la sede del Comité Técnico de Árbitros

El fútbol español está en uno de esos años que pasará a la historia, no por el buen 'tiki taka', sino por las problemáticas y escándalos relacionados con la RFEF y el caso Negreira. Hace poco menos de un mes el juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, lo tenía claro: los pagos del FC Barcelona a Negreira originaron una presunta “corrupción sistemática” en el estamento arbitral. Este 28 de septiembre el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona ha imputado al FC Barcelona por cohecho, un delito contra la administración pública que ataca al buen proceder de funcionarios o servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones corrompiéndole a base de cantidades económicas. 

Asimismo, también han sido imputados los expresidentes del FC Barcelona Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, y José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero. Cabe recordar que el cohecho cuenta supone la imposición de sanciones más graves que las que se imponen por el delito de corrupción, por el que hasta ahora se investigaba al Barcelona. En este caso el cohecho está fundamentado en los 7,5 millones que Negreira y su recibieron por servicios no justificados entre 2001 y 2018. 

Aguirre ordena registrar la sede del CTA

El terremoto del caso Negreira volvía a agitar las cúpulas del FC Barcelona y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la mañana del 28 de septiembre. Esta mañana Joaquín Aguirre ha ordenado a la Guardia Civil registrar la sede del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por medio de un auto de registro. Por ende, la Guardia Civil se ha trastadado a la sede del CTA en Las Rozas con la intención de hallar documentación relaionada con el caso Negreira.

Los agentes han clonado la información de los ordenadores de los empleados del CTA. Además, se han reclamado comunicaciones que tenía el organismo con Negreira y su hijo. Por orden judicial, la Guardia Civil investiga el cuestionario realizado por el CTA a todos los árbitros profesionales, en el que se pregunta por su relación con Enríquez Negreira y su hijo Javier, así como actas de calificación anuales de los colegiados para determinar su categoría.

Negreira y su hijo.

Entre la información que la benemérita está buscando se encuentran las actas de las reuniones en las que participó Negreira como vicepresidente del CTA. Sin embargo, desde que Medina Cantalejo habló ante los medios desde el CTA se ha mantenido que Enríquez Negreira no contaba con ningún tipo de influencia en las designaciones de árbitros que determinaban desde el comité presidido por aquel entonces por Sánchez Armino, mano derecha Ángel María Villar, presidente de la RFEF. 

El supuesto funcionamiento del entramado

José María Enríquez Negreira fue el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros desde 1994 hasta 2018, período en el que Sánchez Arminio fue el presidente del CTA y Ángel María Villar el presidente de la RFEF. Cabe remarcar que, supuestamente, Negreira tenía ciertos detalles con los árbitros de la Primera División española de fútbol y que premiaba y castigaba a los árbitros. Muchos de los árbitros castigados sufrieron ‘neverazos’ tras un 'mal' arbitraje al FC Barcelona. 

También trascendió que se produjeron supuestas irregularidades respecto a la designación de árbitros para determinados partidos. No menos importante era el entramado de ascensos y descensos que manejaba la cúpula del CTA y el presidente de la RFEF. En esta afluencia de información entraron en escena las ‘extrañas’ clasificaciones arbitrales que iban firmadas.

Ángel María Villar, Sánchez Arminio, Enríquez Negreira y Joan Gaspart.

Por aquel entonces se incluyó en la clasificación arbitral la valoración del CTA conocida como el índice corruptor, que era elaborada por Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira. Este índice permitía 'adulterar' las clasificaciones arbitrales y provocaba él la permanencia en primera de unos árbitros y el descenso de otros. 

A principios de septiembre el magistrado que ha imputado al FC Barcelona expuso que tanto el Real Madrid, que entró en el caso como acusación particular, como el resto de equipos de Primera División que se enfrentaron al Barcelona entre 2001 y 2018 pueden considerarse "perjudicados por la supuesta trama" y "admitidos como ofendidos por el delito". 

El informe elaborado por la Guardia Civil

A finales de agosto la Guardia Civil levantaba la caza con un informe más que preocupante que fue desvelado por El Mundo. En este informe se resolvió que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) tuvo un funcionamiento irregular y que sus decisiones no habrían tenido siempre un “respaldo deportivo imparcial”. 

Según este informe, las supuestas alegaciones del FC Barcelona sobre los pagos a Negreira por presuntos informes arbitrales eran completamente falsas. "Sus servicios no se encuentran amparados por soporte documental más allá de las facturas", añadía la Guardia Civil en el informe. 

Enríquez Negreira y su empresa DASNIL 95 S.L.

También subrayaron que no daban veracidad a la existencia de cualquier tipo de labor de asesoría real, que ha sido parte de la defensa del Barça. La Guardia Civil observa que fue el propio FC Barcelona quien reconoció ante Hacienda la "improcedencia del gasto" y tuvo que desembolsar una sanción tributaria por este motivo. Y explicitan que desde el Barça, "no se ha aportado la identidad de los profesionales que habrían desarrollado los servicios" por parte de las sociedades de Negreira y no han sido capaces de facilitar una "copia de vídeos, documentos o informes en los que se concreten los trabajos de asesoramiento específico".

Los investigadores de la Guardia Civil observaron que Negreira podía influir en los árbitros por su poder de decisión en los sueldos. Y explicaban que “los honorarios dependen del número total de partidos arbitrados, que es decisión del CTA, que también es el encargado de castigar a los árbitros por sus errores o designarlos para los grandes partidos". Por ende, la Guardia Civil da valor al investigado como responsable del ascenso de los árbitros a la máxima categoría.

Por último la Guardia Civil concluía que “la posible pérdida de credibilidad en honorabilidad y limpieza que podrían suponer estos hechos en el fútbol español podría dar lugar a contundentes consecuencias deportivas y extradeportivas tanto a nivel nacional como internacional”.