Crece la captación de menores para la prostitución: Del caso '18 Lovas' al auge en Madrid

En el marco de la Operación Sana en enero de 2022 se destapaba una presunta trama que prostituía a menores en los distritos madrileños de Villaverde y Usera. El pasado 5 de abril la jueza instructora propuso sentar en el banquillo de los acusados a 23 de los individuos investigados en esta operación. Con este auto, la magistrada ha dado por concluida la investigación y se ha iniciado la fase intermedia del procedimiento que funcionará bajo sumario ordinario. En enero de 2022 se detuvieron a 37 individuos, ingresando ocho de ellos en prisión preventiva. 

Prostitución

Entre los que tendrán que personarse como acusados en el juicio se encuentra Sandy Antonio C.C, conocido como ‘el Chuky’, que es miembro de los Dominican Don't Play y fue detenido en 2022 por el asesinato de un joven en Usera. Entre los procesados también se encuentra Ronald Antonio M.C., alias ‘el Kalifa’, uno de los presuntos cabecillas de esta trama.

Aunque entre los arrestados se encontraba Saymol Fyly, un conocido ‘youtuber’ que fue acusado de presuntamente captar a las menores por medio de su música, finalmente la instructora del caso ha levantado la imputación. 

La juez ha incoado el procedimiento por sumario ordinario ante la existencia de indicios de delitos de prostitución de menores, agresión sexual a menor de 16 años con penetración, producción de pornografía, salud pública y detención ilegal. Parte de las víctimas eran menores tuteladas en centros de menores de la Comunidad de Madrid. La operación tuvo lugar gracias a la denuncia interpuesta por la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM). 

Prostitución

Algunos miembros de esta trama pertenecían a bandas latinas y supuestamente enganchaban a las chicas al consumo de cocaína base para “venderlas a toxicómanos" en narcopisos y chabolas, hechos sobre los que la jueza no encuentra indicios para sustentar tal acusación. Sin embargo, una de las menores indicó en su declaración que el centro de menores no le ofreció un programa para desintoxicarse a pesar de que manifestó a los educadores que estaba "enganchada" a la base.

En la realidad en la que se movía esta trama se produjeron sucesos muy graves, como el que tuvo lugar en agosto, cuando una menor fue encerrada durante varios días, alimentándola con agua y cocaína base, aunque este hecho en concreto corre a cargo de otro juzgado. 

El auge de la captación de menores para la prostitución

En los últimos tiempos parece que los casos de captación menores para ejercer la prostitución se multiplican en nuestro país. Cuando salió a la luz la trama de explotación sexual de menores en Mallorca, muchas voces responsabilizaron en gran medida al sistema de tutela de menores, un servicio público esencial muy desconocido donde se hace un trabajo muy necesario.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales informó, tras ser desmentido en un principio, que tres de las niñas que fueron explotadas sexualmente, violadas y enganchadas al crack por medio de una mafia en Madrid sí que estaban tuteladas en centros especiales de la Comunidad. 

Centro de acogida

Un informe de Unicef, con más de 300 entrevistas a responsables, educadores y menores, alertaba en 2017 de que había explotación sexual en centros de acogida de siete de las nueve comunidades autónomas que estudió. Sin decir cuáles. Y advertía que: “en algunos casos, podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos que, además, les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro”. Y reveló que España ya no sólo es país de origen, tránsito y destino para las víctimas, sino que también en nuestro país se captan menores españolas por estas mafias.

Noemí Pereda, especialista en violencia infantil de la Universidad de Barcelona, hizo un estudio en 2016 en centros de Cataluña y se llevó una sorpresa: muchos seguían sufriendo violencia y abusos, aunque vivieran en un centro, cuando salían o iban de visita a sus entornos originarios. Un 9,5 por ciento continuaba siendo víctima de abusos sexuales y un 26 por ciento, de maltrato físico.

El caso '18 Lovas'

En noviembre de 2016 el embarazo de una menor destapaba la caja de los truenos. El supuesto padre era un conocido empresario turístico de Gran Canaria cuya mujer solicitaba el divorcio exprés nada más enterarse en un juzgado de Maspalomas.

Logotipo de la agencia de azafatas.

Pero un juez, Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, decidió iniciar un sumario, a raíz del cual la Policía descubrió que la menor habría participado en una fiesta en la que ella y otras menores, al menos diez, mantuvieron relaciones sexuales con empresarios. Todas pertenecían a una supuesta agencia de azafatas llamada "18 Lovas" y su edad rozaría los 18 años.

La Policía bautizó inicialmente la operación como Vara, pero el caso acabaría siendo conocido popularmente como "18 Lovas", el mismo nombre de la agencia, propiedad de Agustín Alemán Barreto, alias Yino, de 50 años, primer detenido de la trama.

Tras él otras cinco personas fueron detenidas: El empresario Eugenio Hernández León, de 52 años, detenido previamente por abusos sexuales, por tener un arma sin licencia en casa y denunciado por su esposa, administrador único de nueve sociedades mercantiles; Emilio Cabrera Trujillo, de 65 años, propietario de un taller mecánico en Las Palmas; su hijo, Emilio Cabrera Caballero, de 40 años y propietario de una peluquería y centro de belleza; Domingo Hernández Tarajano, de 58 años; y Antonio D´Ascenzo, alias "Toni, el italiano", de 54 años, administrador de dos sociedades y embargado por la Seguridad Social en una de ellas.

Se ha exigido Justicia por medio de manifestaciones.

Todas las víctimas eran jóvenes con problemas económicos y desarraigo familiar en muchos de los casos. La inducción a la prostitución a menores de edad es un delito penado con hasta cinco años de cárcel. Al parecer, Yino no obligaba a las menores, pero las convencía con el dinero de sus clientes, que solo pueden ser acusados de un delito de relación sexual con menor a cambio de remuneración económica.