21 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

Un Juzgado de Las Palmas inició el proceso hace tres años que se saldó con seis detenidos e importantes empresarios hoteleros interrogados

Caso 18 Lovas: Silencio sospechoso en Canarias sobre una red de prostitución de menores tuteladas

Incluso una manifestación exigió Justicia.
Incluso una manifestación exigió Justicia.
En noviembre de 2016 el escándalo saltó en Canarias. Una supuesta agencia de azafatas para eventos saltó a la luz cuando se descubrió que una menor que prestaba servicio en la misma estaba embarazada de un empresario turístico. La Policía inició el procedimiento y la investigación posterior arrojó a la luz que al menos cuatro menores tuteladas por el Gobierno de Canarias eran víctimas de la trama. De momento, no hay acusados ni el sumario está cerrado.

Noviembre de 2016. El embarazo de una menor destapaba entonces la caja de los truenos. El supuesto padre era un conocido empresario turístico de Gran Canaria cuya mujer solicita el divorcio exprés nada más enterarse en un juzgado de Maspalomas.

Pero un juez, Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, decidió iniciar un sumario y la Policía descubrió que la menor habría participado en una fiesta donde ella y otras menores, al menos diez, mantenían relaciones sexuales con empresarios, todas pertenecían a una supuesta agencia de azafatas llamada "18 Lovas" y su edad rozarían los 18 años.

Agustín Alemán y Eugenio Hernández en su ficha policial cuando fueron detenidos.

La Policía bautizó inicialmente la operación como Vara, pero el caso acabaría siendo conocido popularmente como "18 Lovas", el mismo nombre de la agencia propiedad de Agustín Alemán Barreto, alias Yino, de 50 años, primer detenido de la trama. Tras él otras cinco personas fueron detenidas: El empresario Eugenio Hernández León, de 52 años, detenido previamente por abusos sexuales, por tener un arma sin licencia en casa y denunciado por su esposa, administrador único de nueve sociedades mercantiles; Emilio Cabrera Trujillo, de 65 años, propietario de un taller mecánico en Las Palmas, su hijo, Emilio Cabrera Caballero, de 40 años y propietario de una peluquería y centro de belleza; Domingo Hernández Tarajano, de 58 años y Antonio D´Ascenzo, alias "Toni, el italiano", de 54 años, administrador de dos sociedades y embargado por la Seguridad Social en una de ellas.

Los cinco últimos detenidos salieron de prisión unos días después y Agustín Alemán fue puesto en libertad en marzo de 2017. Ahora, más de tres años después de comenzada la instrucción el caso permanece parado, algo que nadie en Canarias parece entender. Por eso muchos señalan supuestas manos negras detrás para paralizar el caso y dejarlo morir en el olvido, después de que el Grupo de Atención a la Familia (GAF) de la Policía Nacional comenzase a indagar entre los empresarios de las islas.  El Gobierno de Canarias también quedó salpicado porque al menos cuatro de las víctimas estaban tuteladas en centros de menores, así que no tuvo más remedio que personarse.

Logotipo de la agencia de azafatas.

Para terminar de enredar el caso la agencia de azafatas también prestaba servicios en eventos públicos, desde una fiesta de cumpleaños en un barco en alta mar hasta en un reservado de un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria y los clientes usaban apodos como "Felipe", "el abogado" o "el millonario". El dueño de la agencia tuvo el teléfono pinchado durante un tiempo y se pudo comprobar que también vendía actividades relacionadas con el mundo de la moda y el deporte.

Todas esas actividades resultaron también investigadas y algunos empresarios que habían contratado sus servicios fueron llamados a declarar. En otros casos se arrancaron procedimientos fiscales por haber contratado "en negro" esos servicios. La Policía también investigó en redes sociales y buscó algunos vídeos incluso en las webs especializadas en cine pornográfico como Pornhub.

Anuncio de la empresa  de azafatas en Milanuncios.

El modus operandi era anunciarse en plataformas de empleo temporal, como Milanuncios.com, donde acudían los clientes y el empresario reclutaba en función de las peticiones de los clientes, pero las fiestas privadas se organizaban en barcos o reservados de restaurantes. 
 
La tensión generada por la denuncia del embarazo de la menor provocó que el primer empresario detenido hablara por teléfono, que tenía también pinchado, dando todo tipo de detalles de cómo se gestionaban las fiestas, el tipo de servicio que había contratado, o de las personas que conocían el proceso. Así pudo la Policía comenzar a detener a las primeras personas.
 
Todas las víctimas eran jóvenes con problemas económicos y desarraigo familiar en muchos de los casos. La inducción a la prostitución a menores de edad es un delito penado con hasta cinco años de cárcel. Al parecer, Yino no obligaba a las menores, pero las convencía con el dinero de sus clientes, que solo pueden ser acusados de un delito de relación sexual con menor a cambio de remuneración económica. Sí hablaba con algunos dándoles características sobre las mujeres y su condición económica de la que podían aprovecharse los empresarios.
 

De momento, los cinco detenidos se negaron a responder ante el juez instructor que llamó a declarar a otros empresarios que aparecen en el sumario y sobre los que informará elcierredigital.com. La cuestión principal es que más de tres años después no hay juicio previsto todavía, ni auto de procesamiento, ni acusación formal de la Fiscalía o de acusaciones particulares.

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