La historia del ‘caso Astapa’: El escándalo urbanístico del PSOE en Estepona se acerca a su fin

Esta semana ha vuelto al foco mediático uno de los casos de corrupción más destacados de principios del milenio en nuestro país y especialmente en la Costa del Sol. Hablamos del caso de corrupción urbanística denominado ‘Astapa’ y considerado por algunos como el “primo hermano” del ‘caso Malaya’. Como ya informó este medio, en 2008 fueron detenidas 26 personas en Estepona, Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián, entre las que se encontraba el alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos. Esta trama de corrupción urbanística llegó a contar con 107 imputados entre constructores, empresarios, técnicos municipales, abogados, cargos de confianza municipales y concejales.

Tras diez años de instrucción, en 2018 el juez del caso acordó el sobreseimiento de la causa para 39 investigados y solo 51 de los investigados quedaron pendientes de juicio, proceso que se inició en enero de 2023.

En un principio, la Fiscalía pedía 10 años y 9 meses de prisión para Barrientos. En su escrito, Anticorrupción relató cómo desde el año 2003 hasta mediados de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una ‘caja B’ en el Ayuntamiento de Estepona para aumentar un gasto público que era inasumible con los recursos presupuestarios que contaba el municipio.

Esta semana, cuando se cumplen 16 años del comienzo de las investigaciones, el fiscal del caso 'Astapa' ha argumentado durante su exposición en la Audiencia Provincial de Málaga que se habrían cometido delitos de corrupción y abusos en el ejercicio de la función pública relacionados con convenios y la creación de una supuesta ‘Caja B’ que causó un desfalco en el Consistorio.

En el juicio, celebrado el pasado martes 18 de junio, la acusación mantuvo los cargos para 37 personas, incluyendo al exalcalde Antonio Barrientos, por delitos como cohecho, malversación, fraude y falsedad. 

La Fiscalía ha mencionado prácticas irregulares durante el periodo 2003-2008, donde el cargo público se instrumentalizaba para obtener beneficios propios o para terceros. Según la acusación, la existencia de la ‘Caja B’ era central en estas prácticas, permitiendo a las autoridades municipales desviar fondos y a los empresarios obtener ventajas. El fiscal destacó la manipulación en convenios urbanísticos y la dificultad en la investigación, así como el valor de la denuncia de exediles que revelaron prácticas alarmantes. 

Paradójicamente, y para sorpresa de muchos, en su informe final la Fiscalía acusa a 37 personas, pero solo solicita penas de prisión efectivas para dos de ellos, excluyendo al exalcalde de Estepona Antonio Barrientos, cuya petición de pena se ha reducido hasta los 2 años de cárcel, una quinta parte de la inicialmente solicitada.

Al parecer, según relatan medios locales, la Fiscalía ha rebajado las penas y ha retirado los cargos a nueve acusados, aplicando a todos el atenuante de dilaciones indebidas.

El procedimiento ha sido largo, con 16 años desde que comenzó el caso Astapa hasta el juicio en la Audiencia Provincial de Málaga, donde se han analizado hechos de hace dos décadas. La anulación de algunas pruebas y el desarrollo del juicio han sido determinantes para tumbar algunas acusaciones, como la recepción de regalos por favores urbanísticos o la participación en adjudicaciones irregulares de contratos.

La Fiscalía ha retirado las demandas de pago a los acusados por daños al Ayuntamiento y ha dejado esa actuación en manos del consistorio por vía civil. Respecto al futuro del caso, está previsto que las defensas presenten sus conclusiones finales en julio y que el juicio quede visto para sentencia a finales del mismo mes.

Las fuentes cercanas a la investigación consultadas por elcierredigital.com han señalado: "Ha sido una sorpresa para la mayoría que el exalcalde no vaya a pisar la cárcel al final, aunque algunos en Estepona veían venir que el alcalde no recibiría una condena alta por el caso. El juicio se ha dilatado muchísimo y las pruebas que se fueron presentando han ido perdiendo valor con el tiempo, lo que ha influido mucho en las peticiones de condena que presenta la Fiscalía".

La historia del ‘caso Astapa’

El 17 de junio de 2008 la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional entró en el ayuntamiento de Estepona y arrestó a Antonio Barrientos, en ese momento alcalde (PSOE), junto con otros concejales, cargos y técnicos del ayuntamiento. 

Así comenzó el Caso Astapa. Sin embargo, la policía había recibido la primera denuncia el 16 de noviembre de 2006. Tal y como detallan las fuentes consultadas por este medio, “es un caso muy complicado y muy extenso”. En concreto, el caso cuenta con 351.114 folios en el sumario distribuidos en 774 tomos, y 284 testigos y 48 peritos que declararon el año pasado durante la fase de exposición de pruebas, abierta en marzo de 2023. 

Las investigaciones comenzaron en 2007 y no han concluido hasta diez años después, lo que ha afectado al correcto desarrollo del proceso judicial. De hecho, algunos de los acusados han fallecido en este tiempo, y algunas acusaciones han prescrito.

El juicio empezó el 9 de enero de 2023 y la fase de pruebas se abrió en marzo, tras resolver cuestiones previas y posibles nulidades planteadas por algunas defensas por irregularidades en la investigación y por la presunta participación de José Manuel Villarejo, que fue señalado por Barrientos como el principal beneficiario de su caída. A pesar de ello, quedó demostrado a ojos de la Fiscalía que no existió intervención punible de Villarejo en esta causa.

En este sentido, las fuentes consultadas por este medio sostienen: “Hay quien dice que el exalcalde tenía supuestos tratos con el empresario Juan José Hidalgo y con el comisario Villarejo. Por lo visto, tras los problemas surgidos entre Hidalgo y Barrientos por los terrenos de la Herencia Nadal, el alcalde insinuó que tanto Villarejo como Hidalgo estaban montando el ‘caso Astapa’ para acabar con su mandato en el Ayuntamiento. Algo que no se ha podido demostrar de ninguna forma. De hecho, Villarejo declaró como testigo en noviembre del año pasado”, explican fuentes cercanas a la investigación.

El año pasado la Fiscalía presentó su escrito de acusación, donde detalló el supuesto sistema utilizado para eludir los controles al gasto público en Estepona y beneficiar a algunos implicados personalmente. Se mencionaron donaciones de promotores y empresarios que se convirtieron en gastos municipales, y también destacó la gestión compartida en Urbanismo que permitió a los acusados controlar la actividad urbanística a su favor.

El fiscal pidió en 2023 condenas elevadas para los acusados principales y una indemnización al ayuntamiento por más de 28 millones de euros aunque, como se ha demostrado esta semana, finalmente la mayoría de los acusados —entre los que figura el exalcalde— no pisarán la cárcel.

Anteriormente, el exalcalde socialista se enfrentaba a una pena de diez años y nueve meses de cárcel, pero ahora la petición se reduce a dos años de cárcel. Asimismo, se retira también la petición de indemnización antes mencionada tras la retirada del Ayuntamiento de Estepona como acusación.