17 de octubre de 2019
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FIN DE SEMANA

La presunta financiación irregular del PP, el caso Malaya o las tarjetas black forman también parte del mapa negro de la corrupción en España

De Gescartera al caso Gürtel con Villarejo: Las tramas políticas y financieras más sonadas desde el año 2000 hasta la actualidad (III)

De izquierda a derecha, Luis Bárcenas, Emilio Botín y Francisco Correa
De izquierda a derecha, Luis Bárcenas, Emilio Botín y Francisco Correa
En esta nueva entrega de la guía de la corrupción española en los últimos cuarenta años repasamos los casos más famosos y que más han degradado la imagen de las instituciones políticas, públicas y empresariales en España desde el año 2000 hasta la actualidad.

Financiación irregular, tarjetas opacas, corrupción urbanística y especulaciones son algunas de las principales tramas en las que se han visto envueltos partidos políticos, entidades bancarias de renombre, así como políticos de primera línea y altos cargos en empresas de referencia. En esta última entrega de la guía de la corrupción española analizamos los casos más importantes desde el principio del milenio hasta hoy.

Caso Gescartera

En el verano de 2001 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) descubrió un desfalco de 18.000 millones de pesetas en la sociedad Gescartera Dinero. El caso propició la dimisión de la Pilar Valiente y Luis Ramallo, presidenta y vicepresidente de la CNMV, ambos nombrados por el Partido Popular.

Caso Urbanor

“Los Albertos”, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, compraron en 1986 unos terrenos en Plaza Castilla (Madrid) por 1.300 millones de pesetas. Año y medio después, KIO pagó 27.000 millones de pesetas por ellos después de una cena en casa de Enrique Sarasola, cerebro de la operación, a la que asistieron Felipe González y los Albertos. KIO llegó a desembolsar 388.000 pesetas por metro cuadrado mientras que los accionistas minoritarios solo recibieron 150.000 pesetas. De esta manera, Sarasola cobró cerca de 3.500 millones por las acciones y otra cantidad parecida por haber intermediado en la operación.

Caso BBVA

El banco de España abrió un expediente al BBVA y a 16 ejecutivos de la entidad financiera por la gestión de unas cuentas en paraísos fiscales que no fueron reflejadas en su contabilidad durante más de una década y que le reportaron 225 millones de euros en beneficios en el año 2000. Además, una parte de los beneficios fueron ocultados a los accionistas, a la CNMV y a Hacienda. Estos hechos constituían los delitos de apropiación indebida, falsedad documental, administración desleal, blanqueo de dinero y cohecho.

Caso Eurobank

El banco catalán solicitó la declaración de suspensión de pagos y cerró sus oficinas al quedarse, supuestamente, sin liquidez. El Banco de España acordó intervenir a la entidad financiera y estimó que Eurobank estaba en una situación de alta liquidez. Hasta 16.500 ascendió la cifra de afectados y el banco devolvió alrededor de 73 millones de euros a sus clientes, pagando así solamente un tercio del dinero que gestionaba.

Caso Cesiones de crédito Banco Santander

Un auto judicial determinó que Emilio Botín, presidente del Banco Santander y otros cuatro ex altos cargos de la entidad, cometieron un total de 138 delitos fiscales y un delito de falsedad documental. El Ministerio de Hacienda comenzó a investigar unos productos fiscalmente opacos denominados “Cesiones de Crédito” y “Primas Únicas”, que ofrecían a medio centenar de entidades. El organismo público tenía constancia de que dichos productos sirvieron para ocultar cerca de cuatro billones de pesetas en dinero negro.

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Emilio Botín, el que fuera presidente del Banco Santander

La causa fue archivada por el Supremo en 2007, reabierta por el Constitucional en 2010 y archivada definitivamente tres años después como consecuencia de la ‘doctrina Botín’. Esta doctrina impide la apertura de juicio oral a instancias exclusivas de la acusación popular, puesto que la Fiscalía retiró su acusación.

Caso Malaya

En mayo de 2006 Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo de Marbella durante el gobierno de Jesús Gil, y otras 86 personas (incluidas 20 concejales) fueron procesadas por corrupción. Las fianzas de responsabilidad civil fueron estipuladas en 5.000 millones de euros. El 7 de abril de ese mismo año el Consejo de Ministros aprobó la disolución del Ayuntamiento Marbellí.

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Julián Muñoz, uno de los principales implicados en el caso Malaya

Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, fue condenado a prisión por cohecho, malversación de fondos públicos y por prevaricación urbanística relacionada con la concesión de licencias ilegales durante los gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL).

Pasó dos años y medio en prisión hasta que consiguió el tercer grado. Isabel Pantoja, su pareja sentimental por aquella época, fue condenada en 2013 en el caso Malaya a 24 meses de prisión por blanqueo de capitales. Juan Roca, principal implicado, obtuvo la libertad condicional este año.

Caso Seseña

Este caso comenzó con la denuncia de IU sobre el trato de favor de la Junta de Castilla- La Mancha a Francisco Hernando Contreras, promotor urbanístico más conocido como ‘El Pocero’, por la recalificación de cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo rústico urbanizable para construir más de 13.000 viviendas en la localidad de Seseña (Toledo).

El alcalde del municipio era entonces el socialista José Luis Martín (PSOE). Tanto él como sus tres hijos fueron juzgados por presunto blanqueo de capitales después de que, entre 2001 y 2005, aparecieran cientos de miles de euros en fondos de inversión a su nombre. Fueron absueltos en 2016 después de que el tribunal estimara que la acusación no había probado el origen delictivo de esos ingresos.

Caso Andratx

Eugenio Hidalgo, exalcalde popular de Andraxt (Mallorca), y Jaume Massot, exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern, fueron acusados de construir un chalé en una caseta de aperos que pertenecía al exalcalde y que estaba considerada como protegida. Más tarde se descubrió que la trama urbanística era mucho mayor y que se concedió una licencia municipal para permitir la construcción de once edificios de viviendas y piscinas en un terreno urbano que resulta era rústico.

El caso es considerado como la primera gran causa de corrupción en Mallorca y las sentencias dictaron hasta 30 condenas por los delitos de urbanismo legal, cohecho, falsedad documental, delitos contra el medio ambiente y prevaricación.

Caso Astapa

En 2008 fueron detenidas 26 personas en Estepona, Madrid, córdoba, Bilbao y San Sebastián, entre las que se encontraba el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE). Esta trama de corrupción urbanística llegó a contar con 107 imputados entre constructores, empresarios, técnicos municipales, abogados, cargos de confianza municipales y concejales.

Tras diez años de instrucción, en 2018 el juez del caso acordó el sobreseimiento de la causa para 39 investigados y solo 51 de los investigados se sentarán en el banquillo. La Fiscalía pide 10 años y 9 meses de prisión para Barrientos. En su escrito, la fiscalía anticorrupción relata cómo desde el año 2003 hasta mediados de 2007 el gobierno en coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el Ayuntamiento de Estepona para poder aumentar un gasto público que era inasumible con los recursos presupuestarios que contaba el municipio.

Caso Gürtel

Es la gran trama de corrupción política que acecha al Partido Popular. La trama estaba encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez. La Audiencia Nacional condenó a Correa a 51 años y 11 meses años de prisión, al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses además de 44 millones de euros de multa y al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama.

Esta sentencia supuso que el PP fuera el primer partido político en democracia condenado por corrupción.

Caso Púnica

El 27 de octubre de 2014 fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar, supuestamente, implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años. Supuestamente se cobraban comisiones ilegales que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario.

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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de Esperanza Aguirre por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid

Francisco Granados, el que fuera número dos del PP de Esperanza Aguirre, es uno de los principales implicados. En el auto emitido por la Audiencia Nacional se recordaba que a Granados se le atribuye “formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.

Caso Tarjetas Black

En octubre de 2014 se hizo público que, entre 2003 y 2012, los consejeros y altos directivos de Caja Madrid y de Bankia dispusieron de tarjetas de crédito de empresa a las que cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros. Estas tarjetas opacas se las entregaron al margen de sus sueldos y de los gastos de representación y con ellas se pagaron numerosos gastos en restaurantes, viajes, ropa, compras, retiradas de dinero en efectivo, entre otras cosas.

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Rodrigo Rato cumple condena de cuatro años y seis meses de cárcel 

En Bankia, la mayor parte de los gastos correspondieron a Rodrigo Rato (54.800 euros), José Manuel Fernández Norniella (9.700 euros), Sánchez Barcoj (90.900 euros) y Matías Amat.

El escándalo de las tarjetas black provocó que el PSOE expulsara a 10 militantes consejeros de Caja Madrid y el PP abriera expedientes a Rato y a otros 12 afiliados. El artífice del “milagro económico” de José María Aznar, Rodrigo Rato, cumple una condena de cuatro años y seis meses de prisión en Soto del Real.

Caso ERES

Este procedimiento judicial se inició para enjuiciar los delitos cometidos por una red de corrupción política integrada en el seno de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE entre 1980 y 2018, y de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT),​ éste último encausado también en el denominado “caso U.G.T. de Andalucía” por la malversación de casi 48 millones de euros para financiarse ilegalmente.

Es uno de los mayores escándalos de corrupción en el país con unos 800 millones de euros defraudados, donde la mitad de los miembros del gobierno autonómico andaluz han sido acusado por delitos relacionados con la corrupción política. A través de esta trama, la Junta de Andalucía diseñó, instauró y ejecutó un plan para desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al PSOE de Andalucía.

Caso Bárcenas

El caso Bárcenas es el caso judicial derivado de la Gürtel donde se investiga al extesorero del PP Luis Bárcenas y su papel en la financiación ilegal del partido. El diario El Mundo publicó que el extesorero había pagado presuntamente sobresueldos en dinero negro por importes que irían de los 5000 a los 15 000 euros mensuales a altos cargos de su partido, incluidos María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy.

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Luis Bárcenas cumple condena en Soto del Real

Bárcenas, que está cumpliendo una pena de 33 años en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por el caso Gürtel, aseguró ante el juez que los dos portátiles que tenía en la sala Andalucía de la sede del partido eran de su propiedad y contenían información comprometida sobre la caja b del PP. Los discos duros de dichos portátiles fueron borrados 35 veces.

Caso Lezo

El Caso Lezo investiga la trama  presuntamente urdida por Ignacio González como presidente del Canal de Isabel II para comprar con un importante sobreprecio una sociedad brasileña llamada EMISSAO, que gestiona el agua de varias ciudades en el país carioca. En esa investigación se detectaron a través de escuchas a los investigados, posibles irregularidades en la adjudicación del campo de golf del Canal de Isabel II así como en la construcción del tren de Navalcarnero.

Caso Fabra

Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón y exlíder del PP en la provincia fue condenado en 2013 a cuatro años de prisión y a pagar una multa de 1,4 millones por cuatro delitos fiscales contra la Hacienda Pública. Realizó un fraude de casi 700.000 euros que el Fabra realizó entre 1999 y 2003. Después de pasar 16 meses en prisión, Carlos Fabra recibió el tercer grado.

Caso Nóos

Es el caso de corrupción política protagonizado por Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta Cristina, y su exsocio Diego Torres, ambos fundadores del Instituto Nóos. Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de prisión y Diego Torres Pérez a cinco años y ocho meses. Jaume Matas, expresidente de Baleares fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel.

Fue la primera vez que un miembro de la Casa Real se sentó en el banquillo. Cristina de Borbón fue condenada participe a título lucrativo en lo que se refiere a los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración y a pagar 136.950 euros.

 

Caso Blesa

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, fue imputado por su posible implicación en créditos irregulares al Grupo Marsans y la compraventa del City National Bank of Florida. Ingresó dos veces en prisión en 2013, siendo el primer banquero que entró en la cárcel durante la crisis.

Cuatro días después de su primer ingreso abandonó la madrileña cárcel de Soto del Real tras depositar la fianza de 2,5 millones de euros que el juez le impuso por supuestas irregularidades en la compra del banco, y que podría haber supuesto pérdidas para la entidad de 500 millones de euros.

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Miguel Blesa falleció en julio de 2017

Un mes después, Silva volvió a ordenar su ingreso en la cárcel, esta vez sin fianza. Tras quince días en el centro penitenciario, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la pieza del caso y el juez redactó un auto de excarcelación dejando libre al banquero.

En febrero de 2017 fue condenado a seis años de prisión por apropiación indebida y administración desleal en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia. Blesa fue hallado muerto el 19 de julio de 2017 en la finca "Puerto del Toro" (Córdoba) por heridas de escopeta de caza dentro de su vehículo. La autopsia determinó que se suicidó.

Caso Villarejo

El excomisario corrupto del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo está involucrado en numerosos espionajes a políticos y empresarios. Acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, Villarejo se encuentra desde el 17 de noviembre de 2017 en prisión provisional sin fianza.

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El excomisario José Manuel Villarejo

Uno de los mayores escándalos de esta trama es la denominada como ‘Las cloacas del Estado’, a través de la cual políticos y comisarios a sueldo del Ministerio del Interior habrían fabricado pruebas falsas contra Podemos y partidos nacionalistas y filtrado determinados medios de comunicación, durante el mandato de Mariano Rajoy.

Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo ha imputado al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por contratar y pagar al excomisario de Policía para realizar, presuntamente, trabajos de espionaje entre los años 2004 y 2017.

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