Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lleva al frente de la cartera desde el año 2018, cuando tan solo era el Ministerio de Transición Ecológica. Seis años en el cargo que han hecho a Ribera granjearse diversos’ ‘enemigos’ por sus opiniones en materia ecológica e incluso judicial. Ahora, según apuntan diversos medios, desde el PSOE estudian que pueda dar un paso más y que se convierta en una de las figuras socialistas que postulen en las próximas elecciones europeas.

No obstante, aunque el nombre de la ministra suena con fuerza para ser uno de los que aparezcan en la lista socialista, según ha dado a conocer el diario El Español, Ribera habría rechazado encabezarla porque es un “marrón y Teresa Ribera no quiere comérselo”. Desde el mismo diario apuntan que tendría intención de ser “comisaria y miembro del colegio de comisarios de la Comisión Europea”, para lo que no sería necesario ser eurodiputada.

De cualquier modo, diversos medios apuntan a que la salida de Ribera de la cartera que lidera desde el año 2018 podría servir para que su marido, Mariano Bacigalupo, comience a ostentar un cargo en el Gobierno al no existir un posible conflicto de intereses. Se rumoreaba que Bacigalupo podía liderar el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero es una teoría que pierde fuerza.

Medios como El Independiente señalan que una de las opciones más probables es que Bacigalupo pase a formar parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente que se reestablezca. Cabe recordar que la CNE no es una comisión de nueva creación, sino que se creó en el año 1995 y se integró en el año 2013 en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la que Bacigalupo formó parte desde el año 2017 al 2022. Actualmente figura como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Mariano Bacigalupo.

Desde el diario ya mencionado afirman que el puesto de Mariano Bacigalupo en la CNE está sujeto a la permanencia de su mujer, Teresa Ribera, en el ministerio que ahora lidera. No obstante, la simple sospecha ya ha hecho que la sombra de una presunta “colocación ‘a dedo’” sea comentada por algunas de las voces que, a lo largo de estos años, han sido críticas con la ministra.

Problemas con Repsol

La ministra abogaba recientemente por que la Unión Europea aprobase la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuyo objetivo es recuperar el 20 por ciento de zonas naturales deterioradas en Europa, tanto marinas como terrestres. “Para la Unión Europea sería un enorme fracaso no tener un compromiso de restauración de la naturaleza. La naturaleza no admite pausas recreo, como el cambio climático no admite pausas recreo”, afirmaba.

Países como Hungría, Finlandia, Austria, Suecia, Polonia, Países Bajos, Italia y Bélgica bloquearon la norma en Europa. Para Ribera, firme defensora de la Agenda Verde, esto sería un error.

Precisamente, algunas de las críticas a Ribera tienen que ver con los plazos y opiniones sobre determinadas cuestiones de defensa del medio ambiente y lucha para detener el cambio climático. Una de las empresas con las que se habría mostrado más crítica es Repsol. La compañía dirigida por Josu Jon Imaz estaría desarrollando un combustible sintético para sustituir al diésel y a la gasolina. Ribera no lo ve una opción viable.

La ministra ha comentado recientemente que cree que tendría un “hueco muy parcial, a un coste muy superior al de la electricidad”, que estos combustibles “no son la respuesta para lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos desean” y que “solo servirá para quien tenga un Maserati o quiera algo caro”. De este modo, Ribera seguía siendo partícipe de los coches eléctricos, que también tienen sus detractores.

Josu Jon Imaz.

Ribera y Repsol siguen manteniendo de este modo sus diferencias. Ya en el año 2023, y como informamos desde elcierredigital.com, Repsol amenazaba con retirar la inversión en Euskadi si el Gobierno no anulaba el impuesto a las energéticas. Ribera, que se ha mostrado partidaria a “eliminar” los combustibles fósiles, defendía entonces una “reducción” de los mismos.

“Echamos de menos una senda clara de lo que debe hacer el sector de la energía para asegurar un declive rápido de las emisiones y cuál es el papel de los combustibles fósiles y cómo garantizamos su reducción progresiva hacia la eliminación", señaló la ministra a final de año en Dubái.

Críticas a los jueces

También se granjeaba Ribera las críticas del Poder Judicial tras sus opiniones sobre el juez Manuel García-Castellón en una entrevista para TVE. “Tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles… Hay algunas personas… que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial”, decía Ribero.

Estas palabras hacían referencia al auto que el juez García-Castellón firmó en noviembre del pasado año en el que implicaba a Puigdemont en el 'caso Tsunami' —sobre la plataforma Tsunami Democràtic, que organizaba protestas contra la sentencia del procès catalán— por primera vez. Un auto que coincidía con la semana en la que Pedro Sánchez volvería a ser investido y con los primeros debates sobre la Ley de Amnistía.

Manuel García-Castellón.

La entrevista no sentó bien ni a los miembros del Partido Popular, que calificaban sus declaraciones de “extrema gravedad” ni a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que aprobó “por unanimidad” una declaración en la que afirmaba que las manifestaciones de Ribero eran “contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor de Justicia, porque solo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho”.

Además, expresaban su “rotundo rechazo” a las palabras de la ministra y apelaban a la “moderación, prudencia y mesura”. Desde el PP también afirmaban que Ribera “debería dimitir o haber sido cesada” ante sus declaraciones.

Ecologistas y agricultores

Por su parte, las asociaciones ecologistas pactaron en 2022 un convenio con el ministerio de Ribera por cuatro años —hasta 2026, con posibilidad de prórroga o extinción— para suministrar información para la mejora de la legislación ambiental, “avanzar en la transición ecológica y hacer frente al reto demográfico y la lucha contra la despoblación".

Los ecologistas no dudan a la hora de mostrarle sus preocupaciones a la ministra, como, por ejemplo, cuando tuvieron lugar las tractoradas en España. Alegaron que se estaba intentando “contraponer la sostenibilidad a la agricultura, cuando realmente están directamente relacionadas, ya que sin ecosistemas sanos no hay agricultura” y afirmaron que la economía, bienestar, salud y alimentos, “dependen de las políticas ambientales”.

El acercamiento entre ecologistas y la ministra no ha sido, al parecer, del agrado de los agricultores, que, según publicaban en Ok Diario, mostraban su indignación por ser equiparados con las asociaciones ecologistas. “El secretario de Estado nos dijo que la ministra solo considera una reunión al año con las unidades agrarias en igualdad de condiciones con las asociaciones ecologistas”, comentaban desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) al citado diario, y añadían que “hacen más caso a los ecologistas que a los agricultores igual que protegen al lobo antes que al ganadero y al ganado”.

En 2021, Ribera también se ganaba críticas precisamente por prohibir la caza del lobo en España, aunque los ganaderos no se mostraban partidarios de una medida que chocaba frontalmente con la ganadería extensiva.