Qué deben alegar los afectados por la DANA en sus demandas: Un experto lo explica

La reciente DANA que azotó la Comunidad Valenciana ha dejado tras de sí una estela de devastación. Con pérdidas humanas y materiales de magnitud sin precedentes. 

Ante esta tragedia, surge una cuestión crucial. ¿Qué acciones legales y administrativas pueden emprender los ciudadanos afectados para reclamar indemnizaciones y exigir responsabilidades por la gestión de la catástrofe?

Elcierredigital.com ha contactado con el abogado Curro Nicolau para conocer más detalles. El letrado valenciano es conocido, entre otros casos, por su exitosa impugnación de las restricciones impuestas por el gobierno de Ximo Puig durante la pandemia.

Ahora ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en el que solicita que se investigue la supuesta "inactividad" de las autoridades españolas. Específicamente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En su recurso Nicolau argumenta que Sánchez tenía un "mandato legal" de activar el estado de alarma desde el primer momento de la catástrofe, el 29 de octubre. En cuanto se desbordaron los barrancos y las inundaciones comenzaron a causar estragos en la región.

Según el letrado, “la declaración del estado de alarma habría permitido la rápida intervención del Ejército en las primeras horas tras las inundaciones. Algo que podría haber mitigado significativamente el impacto de la tragedia”. 

Nicolau sostiene que “esta intervención no habría interferido con las competencias de la Generalitat Valenciana”. Enfatizando que la responsabilidad de actuar en emergencias de esta envergadura recae en el Gobierno central.

En su recurso, Nicolau explica que la competencia en situaciones de catástrofe es "concurrente y solidaria”. Por ello, expresa que el Gobierno central tiene la facultad de intervenir sin invadir competencias autonómicas. 

En su escrito también se hace eco de las críticas al Ministerio del Interior. Subraya que Marlaska tenía la capacidad de declarar un nivel de alarma 3. Algo que habría facilitado una respuesta más contundente en términos de recursos y movilización.

En este sentido, el abogado valenciano señala que “primero es necesario tener todos los documentos para poder decidir quién es responsable".

Nicolau ha explicado también que ha iniciado dos procedimientos.

“Uno en el TSJ de la Comunidad Valenciana y otro en el Tribunal Supremo. El objetivo es ver los expedientes administrativos y quién tiene responsabilidad. Igualmente la responsabilidad yo creo que es compartida."

“Yo creo que la responsabilidad cambia de manos, dependiendo del momento. Es decir, primero está la responsabilidad previa, cuando saltan las alarmas. Parece ser que la Agencia Estatal de Meteorología avisó a las siete y media del martes 29, un aviso rojo. También parece ser que el Departamento de Seguridad Nacional avisó”, explica el abogado.

En este sentido, Nicolau recalca que “también hay que ver si la Confederación Hidrográfica del Júcar dio los avisos que tenía que dar. Todo esto es, digamos, la fase previa de los acontecimientos”. 

“Luego está post, es decir, qué pasó después de la fatídica tarde.  Es en este punto cuando yo creo que sí que es evidente que el ejército no apareció", continúa el letrado.

"La competencia, desde luego, está en manos de la presidencia y del ministro de Interior. También se echó de menos a la UME, que depende de Defensa, durante las primeras riadas y destrozos”.

Las vías legales abiertas para los afectados por la DANA

Los ciudadanos que han sufrido daños debido a la DANA disponen de varias vías para reclamar compensaciones. Además, el Gobierno anunció esta semana un paquete de ayudas dirigido a los afectados.

En el caso de algunos particulares y empresarios, los que tengan contratada una aseguradora, podrán pedir una compensación a sus compañías. En caso de disconformidad con la indemnización ofrecida o la negativa de cobertura, es posible interponer demandas judiciales por incumplimiento contractual.

Otra vía es la que señala Curro Nicolau. “Si se considera que hubo negligencia o inacción por parte de las autoridades en la gestión de la emergencia, los afectados pueden presentar  reclamaciones patrimoniales”. 

“Estas se fundamentan en la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de los servicios públicos. Es necesario demostrar que la actuación u omisión de la Administración provocó los daños sufridos”, señala el letrado.

Sobre esto, Nicolau apunta que “dada la magnitud de los afectados, es viable organizarse en plataformas o asociaciones para presentar demandas colectivas”. Algo que puede fortalecer la posición de los reclamantes y reducir costos legales.

La situación política y las críticas a la gestión de la DANA

La gestión de la DANA ha generado una ola de críticas a las autoridades locales y nacionales.  Diversos sectores de la sociedad han manifestado su descontento por una supuesta inacción y falta de coordinación en la respuesta a la emergencia.

Según algunos informes, el Gobierno central rechazó asumir el mando único de la gestión de la DANA. A pesar de que afectaba a varias comunidades autónomas.

Esta decisión ha sido cuestionada, ya que la Ley del Sistema de Protección Civil permite al Ministerio del Interior declarar una emergencia de interés nacional. Mecanismo que le permite asumir la dirección y coordinación en situaciones de gran magnitud.

Además, se ha señalado que las alertas a la población se emitieron tardíamente, cuando las inundaciones ya habían causado estragos en múltiples municipios. Esta falta de previsión y respuesta oportuna ha sido objeto de críticas por parte de la ciudadanía y de diversos actores políticos.

El abogado Curro Nicolau, especializado en Derecho Administrativo, ha sido una de las voces más críticas respecto a la gestión gubernamental de la DANA.

En un artículo publicado en Legal Today, Nicolau argumenta que  las Administraciones Públicas carecieron de una competencia solidaria en la gestión de la catástrofe. Lo que evidenció una falta de coordinación y respuesta efectiva ante la emergencia.

Nicolau sostiene que el Gobierno central tenía la potestad y la obligación de intervenir de manera más decidida. Ordenando la intervención de las Fuerzas Armadas, que disponen de los medios adecuados para afrontar crisis de tal magnitud. 

“La indignación popular está justificada, lo que está pasando es una calamidad”

La percepción de una gestión deficiente ha generado una profunda indignación entre la población afectada. Se han organizado manifestaciones y concentraciones en varios puntos del país.

Los ciudadanos demandan no solo indemnizaciones por los daños materiales y personales sufridos. También una rendición de cuentas por parte de los responsables de la gestión de la emergencia.

En este contexto, es previsible que las Administraciones Públicas se enfrenten a un alud de reclamaciones millonarias. Distintos juristas, entre ellos Nicolau, anticipan que “habrá pleitos por las vías civil y contencioso-administrativa". En ellos "se exigirá una compensación por los perjuicios sufridos debido a la supuesta inacción o negligencia de las autoridades”.

Como conclusión a su encuentro con elcierredigital.com, Nicolau sostiene que “es más necesario que nunca determinar los puntos en los que la gestión falló, especialmente para poner remedio y no repetirlo”.