Siete años del crimen de la viuda de la CAM: Un suceso mediático con un solo sospechoso y un largo proceso judicial

Cuando Vicente Sala, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), falleció en el año 2011 dejaba pendiente un asunto que siempre es peliagudo dentro de las grandes fortunas: la herencia. La había repartido a partes iguales entre sus hijos pero a su mujer, María del Carmen Martínez, que se quedó viuda, le dejó la “acción de oro”. Esta participación tenía más peso que el reparto que había hecho a sus hijos y Martínez se la quiso dar a su único hijo varón, Vicente. La disconformidad de sus hijas ante esta decisión fue fuente continua de problemas familiares que tuvieron como punto de inflexión el 9 de diciembre de 2016. Hace hoy siete años.

Aquel 9 de diciembre, María del Carmen Martínez fue asesinada de dos disparos en la cabeza mientras estaba en el interior de su Porsche Cayenne. Martínez había acudido a recoger el vehículo al lavadero de Novocar en Alicante, un concesionario de coches que era propiedad de la familia y que regentaba Miguel López, su yerno.

Vicente Sala y María del Carmen Martínez.

Una vez fueron conocidos los problemas familiares que el clan arrastraba desde hacía cinco años, el nombre de Miguel López no tardó en aflorar como primer sospechoso. Y es que era dueño del concesionario donde murió la viuda de la CAM y, presuntamente, tendría motivos para cometer el crimen, ya que estaba casado con Fuensanta (Fani), una de las hijas disconformes con el reparto de la herencia de su padre.

Miguel López, el principal sospechoso

Debido al enfrentamiento abierto entre las hijas y Martínez, así como la que mantenía su yerno con ella, la policía puso el foco de las sospechas en Miguel López. El encausado habría pasado tiempo con la fallecida poco tiempo antes de su asesinato y, además, tenía conocimiento de armas de fuego ya que practicaba tiro olímpico. Estos elementos, unidos a la acusación que hizo Vicente Sala hijo, sirvieron para que López ingresase en prisión sin fianza el 8 de febrero de 2017.

El sospechoso pasó 39 días en la cárcel de forma preventiva mientras continuaba la investigación y analizaban las pruebas. Entre ellas, el análisis del ordenador, la tablet y el teléfono móvil de López (que continuó después de su salida de prisión tras pagar 150.000 euros de fianza) y las pruebas de ADN realizadas a los 37 hombres que podrían haber contaminado la escena del crimen y al propio encausado. Estas no arrojaron resultados acusatorios para ninguno de ellos.

Miguel López.

En el verano de 2018 la investigación continuaba y no había pruebas reales que acusasen a López, por lo que la defensa de este solicitó archivar el caso. El móvil que los investigadores defendían era que asesinó a su suegra para poder acceder a la herencia de su esposa.

La defensa de López desmontó la acusación

A finales de 2018, la defensa de López informó de varios hechos que desmontarían las acusaciones a las que estaba siendo sometido. La primera de ellas fue que López estaba casado desde hacía 20 años con Fuensanta en régimen de separación de bienes, por lo que el acceso a la herencia de Martínez (que obtendría su hija), no estaría a su alcance.

Otra acusación de la Fiscalía afirmaba que López tenía conocimiento de que “las cámaras de videovigilancia de ese lugar (el lavadero) no funcionaban”, por lo que habría escogido el lugar a conciencia para cometer el asesinato. Contra esto, la defensa alegó que el lavadero nunca tuvo cámaras de vigilancia, solo detectores de movimiento. Con estas argumentaciones, los abogados pidieron el sobreseimiento de la causa por falta de pruebas. Para entonces, el fiscal pedía 24 años y seis meses de prisión para López.

Lavadero propiedad de la familia donde apareció el cadáver de María del Carmen Martínez.

El móvil económico, además, en palabras de su letrado, tampoco cuadraba, debido a que López había recibido “la herencia de su padre”, que legó “unos seis millones de euros a los tres hermanos”. Una cantidad que se añadía a sus “depósitos individuales y a los conjuntos con su mujer que le permitirían no trabajar”.

La defensa también se encargó de recalcar informaciones que no aparecían en el sumario, como la de unos supuestos whatsapps enviados cuando María del Carmen ya habría fallecido y el desgarro de la ropa que portaba el día de su muerte.

El proceso judicial

Pese a los intentos de la defensa por conseguir el sobreseimiento de la causa, finalmente en enero de 2019 el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante —encargado de llevar la causa— abrió juicio oral contra Miguel López alegando que los hechos podían ser constitutivos de un asesinato y tenencia ilícita de armas.

Aunque la defensa intentó en un primer momento que López no fuera juzgado por un jurado popular debido a lo mediático del caso, finalmente la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) confirmó que sería así.

Casi dos años después del asesinato de María del Carmen Martínez, se iniciaba el juicio. Fue el 14 de octubre de 2018. La defensa argumentó todo lo citado anteriormente y, además, señaló que se habrían podido alterar pruebas en “el móvil de la víctima”.

Vicente Sala durante su declaración en el juicio del crimen de la CAM.

Finalmente, el juicio finalizó sin que se resolvieran las dudas pero con la absolución de Miguel López, al que el jurado popular declaró no culpable. Sin embargo, Vicente Sala —que, como se ha mencionado anteriormente, acusó a su cuñado del asesinato de su madre— pidió la anulación del juicio a finales de 2019.

El proceso no acabó ahí. El Supremo anuló la sentencia que absolvía a Miguel López, ordenando la celebración de un nuevo juicio con un nuevo jurado y magistrado. El caso fue llevado ante el Tribunal Constitucional por la defensa de López. El órgano les dio la razón, admitiendo a trámite un recurso de amparo presentado por López que hizo que se suspendiera la repetición del juicio. De este modo, no se volverían a revisar los hechos y pruebas del caso.

Sin embargo, el hijo de la viuda de la CAM, Vicente, no se da por vencido. El pasado mes de junio recurría ante el Tribunal Constitucional, alegando que en su absolución “hubo graves fallos”. Una situación que hace que siete años después del crimen, el caso siga dando de qué hablar.