La nueva directora de la Guardia Civil Mercedes González fue denunciada por delito de prevaricación como delegada del Gobierno en Madrid

María Gámez ha comunicado a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, su renuncia al cargo como directora de la Guardia Civil. El motivo de esta dimisión es que el marido de María Gámez, Juan Carlos Martínez, ha sido ubicado como uno de los engranajes clave en las investigaciones del procedimiento judicial de los ERE.

En sus declaraciones Gámez ha indicado que era una “decisión difícil”, pero necesaria para proteger a la Guardia Civil y que su dimisión viene motivada por la relación de su marido con el procedimiento judicial del caso Santana. En este caso se están investigando la inyección de 36,1 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía a una empresa de Linares, Jaén, que terminó cerrando en 2011. 

María Gámez y su marido Juan Carlos Martínez

Esto genera un problema más dentro de la Guardia Civil que actualmente se está viendo fuertemente golpeada por el caso Mediador y el caso Cuarteles, donde se encuentran involucrados varios altos mandos de la Guardia Civil, que habrían cometido varias irregularidades en diversas materias, bajo el mandato de María Gámez. Respecto al caso Cuarteles el principal motivo es la adjudicación de obras en los acuartelamientos de gran parte del territorio nacional concedidas al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, que está directamente relacionado con el caso Mediador, donde el 'Equipo A' acapara todo el protagonismo de un entramado político y económico.

A su vez, en 2021 la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL se querelló contra María Gámez por un presunto delito de prevaricación, malversación y apropiación indebida.

La hasta ahora delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, se encargará de asumir el puesto de directora de la Guardia Civil. Casualmente, el pasado 15 de marzo, Mercedes González ya daba una conferencia sobre la actividad de la Delegación del Gobierno en Madrid a los capitanes del 'Curso de Capacitación para el Ascenso a Comandante de la Escala de Oficiales' en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, como se puede ver en el tweet de la propia Delegación de Gobierno en Madrid.

🗣️ La delegada del Gobierno, @MercedesDS21, imparte una conferencia sobre la actividad de la Delegación del Gobierno en la Academia de Oficiales de la @guardiacivil, en Aranjuez

📲 Lee la noticia completa en el siguiente enlace: https://t.co/6xYAFc1pI5 pic.twitter.com/FEHhkTvbVY

— Delegación del Gobierno en Madrid (@DGobiernoMadrid) March 15, 2023

Mercedes González será designada ahora, precisamente, como directora de la Guardia Civil. Y lo hace poco después de haber recibido una querella por un presunto delito de prevaricación, en donde fue defendida por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Además, según denunció elcierredigital.com, la ahora directora de la Guardia Civil pidió el privilegio de entrar por el garaje de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y no por la puerta de acceso, como cualquier ciudadano –una petición que fue rechazada por la jueza decana de los Juzgados de Madrid María Jesús del Barco–.

La actual directora de la Guardia Civil espera en los pasillos de los Juzgados de Madrid para ser juzgada.

Elcierredigital.com ha tenido acceso al recurso de reforma interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, previo al recurso de apelación que se va a interponer ante la Audiencia Provincial de Madrid si el primero fuera rechazado. Este escrito responde al archivo de la causa en la querella interpuesta ante Mercedes González. En los motivos de este recurso se establece principalmente el derecho a la tutela judicial efectiva sin producirse indefensión, ya que “el auto supone una infracción del art. 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deniega la práctica de diligencias que ayudarían a esclarecer los hechos”. 

El segundo motivo de este recurso es “la incorrecta valoración e interpretación en la resolución recurrida”. También se solicitó la estimación del mismo y la revocación de la resolución.

La querella interpuesta contra la nueva directora de la Guardia Civil

Fue el pasado 10 de febrero cuando la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tuvo que entrar por la puerta principal de los juzgados madrileños, eso sí, protegida por miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que le acompañaron hasta la misma puerta de la sala de vistas. Allí, declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción nº24 de Madrid a causa de una querella interpuesta contra ella por un delito de prevaricación por parte de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

La política socialista fue defendida tanto por la Abogacía del Estado como de la Fiscalía del Estado. Escasos días después el juez archivó la causa, hecho que esta Asociación recurrió ante el propio juzgado en reforma, y luego lo hará si no surte efecto en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que el juez se dejó llevar "por las presiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Estado, que lo han recurrido todo y además muy extensamente”. 

Desde la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica reclamaban que “la Fiscalía, cuya función jurisdiccional es llevar la acusación popular en los procedimientos penales, se ha dedicado a defender con uñas y dientes a la Delegada del Gobierno en Madrid. Parece que la única preocupación judicial era salvarla de una causa penal”.

Además, indicaban desde la citada Asociación a elcierredigital.com., “que hay que resaltar que se ha archivado la causa penal cuando aún no se han efectuado las diligencias de investigación solicitadas por esta parte, con los oportunos careados instados, lo que será objeto de los oportunos recursos ante los tribunales”.

Los motivos que 'justificaban' archivar la causa

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha considerado para su recurso ante los Tribunales que la interpretación del juzgado sobre los hechos “no se ajusta a la realidad”. Según el juez, uno de los motivos que justificó este archivo y respaldaba la decisión de la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, se refiere al número de asistentes a la concentración del 13 de julio organizada por esta Asociación, que pretendía realizarla frente al Congreso de los Diputados. Precisamente, la delegada usó este dato para cambiar de localización la manifestación y no hacerla frente al Congreso.

Ante este hecho, la Asociación se justifica diciendo que “es obvio que ha habido muchas manifestaciones multitudinarias enfrente del Congreso sin ninguna restricción. También ha habido casos en que se han efectuado manifestaciones multitudinarias no violentas frente al Congreso, sin ningún desplazamiento, como el que sufrió nuestra asociación”. 

Mercedes González, de rojo, saliendo de los Juzgados.

Otro de los motivos que argumentó la entonces delegada de Gobierno fue la posible conflictividad de esta Asociación durante la manifestación. Pero “la realidad es que nuestra asociación es de carácter pacífico pues nunca ha tenido ninguna multa o sanción, a diferencia de la Asociación Memorialista que sí que fue privilegiada, que se manifestó el día 14 de julio. Pero la delegada del Gobierno nos ha criminalizado por la vía de desplazarnos del lugar solicitado, y esto es un hecho incontrovertido”, alegan sus responsables ante elcierredigital.com. 

Por otra parte, la Asociación aseguró que "en el momento en que 'Reconciliación' se concentró, en la tarde del día 13 de julio de 2022 no había Pleno en el Congreso, mientras que cuando se manifestaron los 'memorialistas', el día 14 de julio por la mañana, sí que había pleno. De hecho, se estaba votando la Ley de Memoria Democrática en ese momento, y por lo tanto, tendrían que haber sido desplazados lejos del Congreso, pero la Delegada del Gobierno permitió algo que está prohibido, como es manifestarse frente al Congreso justo en el momento en que hay Pleno en el Congreso”.

"Vamos a intentar hacer valer el Estado de Derecho"

Elcierredigital.com ha contactado con Guillermo Rocafort, portavoz de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, quien insistía en que, bajo su opinión, "el papel de la Fiscalía fue infame porque la Fiscalía está para llevar la acusación, pero todo se convirtió en una defensa 'numantina' de la Delegada del Gobierno. Además, la delegada se personó al juicio con agentes de la UIP armados hasta los dientes, algo que es realmente bochornoso”.