17 de septiembre de 2021
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FIN DE SEMANA

Esta asociación profesional reclama los atrasos por productividad, unos 7 millones de euros, tras la firma de la equiparación salarial

JUcIL se querella contra María Gámez, directora general de la Guardia Civil por un presunto delito de prevaricación, malversación y apropiación indebida

María Gámez, directora general de la Guardia Civil.
María Gámez, directora general de la Guardia Civil.
La querella criminal recoge la posible existencia de un supuesto delito de administración desleal y se pide que disponga fianza de libertad provisional por una cantidad de un millón de euros para la directora general de la Guardia Civil, para asegurar así la restitución y reparación del daño y la posible indemnización por los perjuicios ocasionados a los guardias que no han cobrado su productividad.

Con estas actuaciones judiciales la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL quiere que se aclaren las razones por las que los agentes no están percibiendo en sus nóminas la productividad incluida en el pago de la equiparación salarial.

La desviación en concepto de productividad y que no han percibido los agentes podría superar a fecha de hoy los 7 millones de euros

La Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL ha presentado una querella contra María Gámez al entender que estaría incumpliendo el proceso de equiparación salarial y no se habrían abonado a los agentes la productividad de equiparación durante varias mensualidades, pese a que esas productividades se han devengado por aplicación del Acuerdo suscrito por el Ministerio del Interior el 12 de marzo de 2018, e incluso estando vigente la anterior Orden General.

En la denuncia presentada contra la directora general de la Guardia Civil, se pide que la Justicia investigue a María Gámez como presunta autora de un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal, un delito de malversación por administración desleal, tipificado en el artículo 432.1 y 3 en relación con el artículo 252, todos del Código Penal, y un delito de malversación por apropiación indebida tipificado en el artículo 432.2 y 3 en relación con el artículo 253 todos del Código Penal.

JUCIL admite que con esta denuncia buscan que la Justicia cite a declarar a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez y que aclare las razones por las que su departamento ha dictado una Orden General, concretamente la Orden General núm. 4, de 12 de febrero de 2021, por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal y que perjudica a más de 70.000 agentes de la Guardia Civil.

Nueva brecha salarial

Agustín Leal, portavoz de JUCIL remarca “que en la querella se hace constar que con la excusa de una Orden General nueva, la querellada presuntamente se habría apropiado indebidamente de todos esos importes de más de 70.000 Guardias Civiles, y supuestamente estaría administrando deslealmente el patrimonio que se le ha entregado para su gestión, concretamente el importe destinado al pago de las nóminas de los Guardias Civiles, y en especial al pago de la productividad de equiparación, anulando esa productividad sin base legal alguna, sin que el Acuerdo por el que se aprobó haya sido denunciado por ninguna de las partes, recibiendo el dinero para proceder al pago de las nóminas”.

Desviación millonaria

Según JUCIL con esta medida se estaría violando el acuerdo del Ministerio del Interior para asegurar que en el futuro no se pudiera producir una disfunción salarial y retornando a crear una brecha salarial que se garantizaba como anulada. Presuntamente se habría desviado las partidas económicas que se contemplan en equiparación salarial a las nóminas de altos mandos de la Benemérita.

La Asociación Profesional de la Guardia Civil estima que la desviación en concepto de productividad y que no han percibido los agentes podría superar a fecha de hoy los 7 millones de euros, ya que a cada uno de los agentes se les adeudaría ahora entorno a los 100 euros, no cobrados en enero y febrero de este año (50 euros cada mes).

Aclaración sobre grave discriminación

En la querella se solicita como diligencias previas que se tome declaración en calidad de investigada a la querellada, María Gámez y se pide numerosa documentación para aclarar si la Dirección General de la Policía Nacional ha abonado en las nóminas de enero, febrero, marzo y abril de 2021 las cantidades establecidas en concepto de productividad- equiparación.

También en las actuaciones judiciales se solicita que la Secretaría de Estado de Seguridad remita todos los informes elaborados por las Consultorías Externas en relación con el Acuerdo de 12 de marzo de 2018, sobre equiparación salarial. Además, se pide que el Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil, certifique si se ha abonado en las nóminas de enero, febrero, marzo y abril de 2021 el concepto productividad – equiparación, y en caso de ser negativa la respuesta en todos o algunos de los meses, que se indique cuál ha sido la razón de su no abono, y quién ha dado en su caso las órdenes de esa forma de actuación.

 

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