17 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA

A MERCEDES GONZÁLEZ, CONTRA LA QUE SE QUERELLÓ LA ASOCIACIÓN ARVH, NO SE LE PERMITIÓ ACCEDER POR EL GARAJE DEL JUZGADO DE PLAZA CASTILLA COMO QUERÍA

La Delegada del Gobierno en Madrid fue protegida por las UIP hasta la sala de vistas como avanzó El Cierre Digital

El Cierre Digital en
/ Mercedes González, Delegada del Gobierno de Madrid.
El 10 de febrero la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, declaraba ante el Juzgado de Instrucción nº24 para responder por la querella interpuesta contra ella por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. La delegada había solicitado a la Decana de los Juzgados de Plaza de Castilla acceder a la sala por la puerta del garaje, petición que le fue negada. Confirmando lo avanzado por elcierredigital.com, González estuvo acompañada de agentes de las UIP.

El 10 de febrero la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, acudió a declarar ante el Juzgado de Instrucción nº24 de Madrid. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica interpuso una querella contra la delegada socialista por un presunto delito de prevaricación en el ámbito de la Ley de Memoria Democrática. González negó rotundamente haber cambiado la ubicación a ninguna asociación y alegó que la Delegación tiene en cuenta tres criterios técnicos para ubicar las concentraciones que tienen lugar frente al Congreso de los Diputados

Tal y como adelantaba la semana pasada elcierredigital.com, la delegada de Gobierno de Madrid había solicitado a la decana de los Juzgados de Plaza de Castilla acceder a la sala donde se celebraría la vista por la puerta del garaje. Sin embargo, la decana se lo negó, haciendo que entrara por la puerta principal "como todos los acusados de cualquier delito".

Además, confirmando lo avanzado por elcierredigital.com, Mercedes González estuvo en todo momento acompañada y protegida por las UIP (Unidades de Intervención Policial) hasta la puerta de la sala donde se celebraba la vista. La presencia de la UPR (Unidad de Prevención de Riesgos) "suponía un despliegue innecesario dadas las circunstancias", según confirman fuentes policiales a este diario.

En el juicio celebrado el pasado 10 de febrero, la delegada aseguró que su decisión de cambiar la localización de la convocatoria por la que se le acusa fue consecuencia de valorar el número de personas –que en este caso supuestamente eran 250– y por la existencia de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados el día que se realiza la manifestación. El último criterio para reubicar una manifestación va en relación con la posibilidad de que el colectivo suponga problemas. “No me cabe la menor duda de que la causa será archivada", explicó Mercedes González.

Mercedes González.

Mercedes González

Sin embargo, para la asociación querellante “la manifestación convocante no pudo celebrarse frente a las Cortes, como era su derecho. La delegada del Gobierno cambió la ubicación, de estar frente al Congreso a ponernos en una esquina sin visibilidad. En lo que respecta a la existencia de una sesión plenaria ese día en el momento en que la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica se manifestó, el día 13 de julio de 2022, a las 19:30 de la tarde, no había Pleno del Congreso de los Diputados. Sin embargo, sí que hubo Pleno al día siguiente por la mañana, 14 de Julio, justo cuando se manifestaba la Asociación afín a la delegada del Gobierno, justo enfrente del Congreso de los Diputados, pues en ese momento se estaba votando la Ley de Memoria Democrática”. 

La Delegada de Madrid "tuvo un trato favorable"


Pese a que la decana de los Juzgados de Plaza Castilla le negó a Mercedes González el privilegio de entrar por la puerta del garaje, según Guillermo Rocafort, portavoz de la asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la delegada “hizo un uso abusivo de los poderes policiales del Estado mediante una exhibición de poder, privilegios y de fuerza pública en sede judicial (Juzgados de Plaza Castilla) durante su declaración”.

Congreso de los Diputados - Centro Estudios Hispánicos

Congreso de los Diputados

Argumenta Rocafort que la delegada fue “acompañada en su paseíllo por la calle hasta el Juzgado por el Abogado del Estado. Esto muestra el desproporcionado papel de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía en la defensa a ultranza de Mercedes González. Asimismo, varias funcionarias  judiciales fueron sin ningún tipo de pudor a abrazar a la delegada del Gobierno en los Juzgados y a solidarizarse con ella de una forma impropia en un sistema judicial que debe ser neutral a ultranza”.

“Además, varios policías de la UIP controlaban los accesos a los pasillos judiciales del Juzgado donde declaró la delegada del Gobierno, varios justiciables que tenían que declarar antes que la delegada del Gobierno tuvieron que esperar y ver cómo dicha delegada se saltaba el turno previsto de declaración y hubo un ascensor de acceso al Juzgado que estuvo bloqueado para darle a la delegada del Gobierno preferencia en sus desplazamientos entre plantas. Los dirigentes del PSOE disfrutan de privilegios elitistas en el sistema penal español”, denuncia el portavoz de la asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

La querella por parte de la asociación

La querella tiene su origen en el pasado mes de julio, cuando la delegada de Gobierno en Madrid, Mercedes González, dio luz verde a la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, un día antes había reubicado una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, prohibiéndoles estar frente al Congreso de los Diputados.

Mercedes González y la manifestación en cuestión

Mercedes González y la manifestación en cuestión

Esta Asociación denunció que “dependiendo del signo político de la asociación convocante, se realiza una diferenciación que carece de base legal alguna y que supone una limitación ilegítima del derecho de reunión”. Para la asociación, supuso un “nuevo escándalo sobre la importante instrumentalización en términos económicos y de reputación de los medios judiciales del Estado en servicio de los intereses partidistas del PSOE”.

 

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