29 de marzo de 2024
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FIN DE SEMANA

LA ASOCIACIÓN POR la RECONCILIACIÓN Y LA VERDAD HISTÓRICA PRESENTÓ UNA QUERELLA CONTRA ELLA AL NO PODER MANIFESTARSE ANTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La Delegada de Gobierno en Madrid pide entrar al juzgado por la puerta del garaje y la Decana se lo niega

El Cierre Digital en Mercedes González y la manifestación en cuestión
Mercedes González y la manifestación en cuestión
La Delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, acudirá a declarar este 10 de febrero a los Juzgados de Plaza Castilla por un presunto delito de prevaricación tras una querella interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica por no haber permitido la concentración de esta asociación memorialista frente al Congreso de los Diputados. Ahora ha solicitado el privilegio de entrar al juzgado por la puerta del garaje y la Decana se lo ha negado.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González deberá acudir a declarar este 10 de febrero a las 11 de la mañana ante el Juzgado de Instrucción nº24 de Madrid. Lo hará por un presunto delito de prevaricación en el ámbito de la Ley de Memoria Democrática que tiene su raíz en una querella de la Asociación por Reconciliación y la Verdad Histórica, que no tuvo la posibilidad de manifestarse ante el Congreso de los Diputados el pasado 13 de julio cuando se aprobó la Ley de Memoria Democrática. 

La política socialista había solicitado el privilegio de acceder por la puerta del garaje a los juzgados de la Plaza de Castilla pero, según fuentes cercanas a Elcierredigital.com, “para este juicio la Decana ha ordenado que la delegada del Gobierno entre por la entrada general, que es la que utilizan todos los acusados de juicios, ya sean mediáticos o no, o ya sean personalidades o no". Según justificaba la Delegación del Gobierno, "esto genera un gran problema para la Policía Nacional, que tendrá que montar dispositivos de UIP o UPR (Unidad de Prevención y Riesgos)”.

Mercedes González.

Mercedes González

Esta querella tiene su origen en el pasado mes de julio, cuando la delegada de Gobierno en Madrid, Mercedes González, dio luz verde a la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, un día antes había reubicado una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, prohibiéndoles estar frente al Congreso de los Diputados.

La querella por parte de la asociación


Esta Asociación denunció que “dependiendo del signo político de la asociación convocante, se realiza una diferenciación que carece de base legal alguna y que supone una limitación ilegítima del derecho de reunión”. Para la asociación esto supuso un “nuevo escándalo sobre la importante instrumentalización en términos económicos y de reputación de los medios judiciales del Estado en servicio de los intereses partidistas del PSOE”.

Asimismo, la Asociación se sorprendía de que una de las causas alegadas para el desplazamiento de la concentración fuera la posibilidad de que existiese algún peligro, porque la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica tenía prevista una manifestación de 200 personas, “mientras que los moralistas de izquierdas sólo anunciaron una asistencia de 100 personas. Es decir, la diferencia de criterio era de apenas cien personas”, explicaron desde la Asociación en un comunicado.

Congreso de los Diputados - Centro Estudios Hispánicos

Congreso de los Diputados

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica también solicitó la dimisión de la querellada, ya que una persona que está “al borde de su condena no puede seguir ejerciendo el cargo, debido a que su neutralidad está en entredicho y sus decisiones están presuntamente dirigidas a contentar a los movimientos asociativos próximos a su partido político. Esperamos que de ahora en adelante todo delegado del Gobierno y alto funcionario socialista en España trate a todos por igual”, aseguraban.

Los recursos a esta citación


Fue el pasado 13 de enero cuando el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid llamó a declarar a Mercedes González como investigada para este 10 de febrero. También remarcó que se oponía a la petición de la Abogacía del Estado para que se archivase la causa. Asimismo, el titular del juzgado, el juez David Suárez, expuso que los hechos denunciados "hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

La Fiscalía también recurrió la imputación de la delegada del Gobierno en Madrid ante la Audiencia Provincial de Madrid, aunque el tribunal tampoco aceptó el recurso. El Ministerio público alegó que la decisión de la Delegación del Gobierno se basaba en que la protesta de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica tenía que encuadrarse en un lugar determinado, "con el fin de que el acto se desarrolle en condiciones de seguridad", y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pudiesen habilitar "nuevos espacios" o "limitar los mismos".

Ahora, la política socialista Mercedes González ha solicitado no acceder por la entrada general que utilizan todos los ciudadanos, sino por la puerta del garaje, un privilegio que la Decana de los juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, le ha denegado "para que acceda por la que utilizan todos los acusados de juicios".

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