27 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA

Los casos 'Davalor' y 'Autobuses' y los enfrentamientos sindicales ensombrecen las posibilidades del nuevo candidato jeltzale, Imanol Pradales

'Baches' del PNV dos meses antes de las elecciones vascas: Conflictos laborales y sombras de corrupción

/ Imanol Pradales
El enfado de los trabajadores del Gobierno Vasco por la alta temporalidad (que debiera ser del 8% por ley y es del 44%), el 'caso Davalor' que obligó a declarar a la consejera Arantxa Tapia, el 'caso Autobuses' (que salpicó a un consejero del Ejecutivo) y los conflictos sindicales promovidos por ELA o LAB complican el horizonte electoral del PNV, que se somete el próximo 21 de abril a sus elecciones autonómicas más complicadas.

La sala de máquinas del Partido Nacionalista Vasco vive sus momentos de mayor tensión desde que en 1986 el lehendakari Carlos Garaikoetxea promovió una escisión (Eusko Alkartasuna) que complicó que los jeltzales mantuviesen el poder y que les hizo perder escaños frente a los socialistas que lideraba Txiki Benegas

No obstante, José Antonio Ardanza salvó aquel envite de forma milagrosa. Ante un reto similar se enfrenta el nuevo candidato del PNV, Imanol Pradales, que hasta hace unas semanas ejercía de algo así como consejero de obras de la Diputación de Vizcaya (en realidad, diputado del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación de Bizkaia). 

Pradales tiene la mancha de haber ejercido este cargo tras ser accionista de Sacyr y ahora, apoyado por el todopoderoso presidente peneuvista Andoni Ortuzar, necesita voltear algunas encuestas que pronostican el triunfo de Euskal Herria Bildu en las elecciones vascas convocadas para el próximo 21 de abril. 

No lo tendrá fácil porque la dinámica del PNV es negativa: en las últimas municipales perdió 80.000 votos y 30 alcaldías en Euskadi, y en las últimas elecciones generales se dejó por el camino 100.000 apoyos. 

Algunas sombras de corrupción surgidas en el seno del Gobierno Vasco liderado por el lehendakari Iñigo Urkullu, y los conflictos laborales surgidos en Osakidetza (Salud) o la Ertzaintza​​ (Policía autonómica), que son reconocidos incluso por sus socios socialistas, se complementan con los conflictos laborales alentados por dos centrales antipáticas hacia el partido, ELA y LAB

ELA, que durante décadas ejerció como una especie de lo que UGT es al PSOE, se ha convertido en látigo contra el PNV y ha denunciado en la emisora Euskadi Irratia que la temporalidad en los servicios públicos del País Vasco se sitúa ya en el 44 por ciento (cuando la ley exige que sea del 8 por ciento).

También lamenta que el poder adquisitivo de las y los empleados públicos haya disminuido un 20 por ciento en la última década, mientras que el dinero destinado a la subcontratación de servicios públicos ha aumentado un 9 por ciento en el último año. 

Pradales quiere convertirse en icono para el vasco medio (al presentarse como trabajador, discreto, remero, familiar y miembro de una nutrida cuadrilla) y dejar atrás polémicas como el 'caso Davalor' o el 'caso Autobuses' que ha afectado a Urkullu

Andoni Ortuzar, presidente del PNV. 

Su jefe, Ortuzar, asegura que el partido nacionalista "mirando al medio y largo plazo, considera que es el momento adecuado para, desde la más que satisfactoria base que deja el lehendakari Urkullu y su Gobierno, abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas e impulsar nuestro autogobierno en la próxima década en unos tiempos políticos con tantas incertidumbres como oportunidades para nuestro pueblo". 

El resto

Euskal Herria Bildu también estrena candidato de la mano del joven Peio Otxandiano, que también interpela al público templado o joven que antes votaba al PNV. El PSE no se queda atrás y renueva cartel con Eneko Andueza, que aspira a ser vicepresidente de Pradales. 

Javier de Andrés intentará levantar al PP, Vox mantener voz en el Parlamento de Vitoria, y Sumar y Podemos vivirán un cara a cara en el que parten como favoritos los morados

El PNV buscará repetir triunfo pese a los numerosos casos de corrupción recientes que le dificultan la tarea. 

El 'caso Autobuses'

El Correo ha comprometido al Gobierno Vasco al denunciar que adjudicó el 25 por ciento de las rutas de autobuses escolares de Euskadi, por valor de 4 millones de euros, a la empresa URPA, en cuyo Consejo de Administración figura un asesor del propio Ejecutivo vasco, Joanes Labayen
 
El propio lehendakari Iñigo Urkullu pidió explicaciones al consejero de Educación Jokin Bildarratz, que ha negado cualquier trato de favor a Labayen. 
 

El 'caso Davalor'

Davalor es una pequeña e innovadora empresa navarra dedicada a comercializar un mecanismo diagnóstico oftalmológico. El último escándalo en el que se ha visto inmerso el PNV afecta a su consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que fue llamada a declarar como investigada en diciembre por un presunto "tráfico de influencias" que finalmente se ha desechado a nivel jurídico. 

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Arantxa Tapia.

Tapia fue denunciada por el expresidente navarro Jaime del Burgo por las ayudas que recibió Davalor, que recabó 12 millones de 3.000 ahorradores, 3,3 millones del Gobierno del País Vasco y otros 2,6 'kilos' del navarro. 

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, María Luisa Corbacho, decretó en diciembre el final del 'caso Davalor' porque el juez instructor tardó más de un año en solicitar una prórroga, hecho contrario a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Conflicto sindical

El PNV también se duele de la guerra sindical que libra contra ELA, cuyo líder, Mitxel Lakuntza, lamenta que no se reúne con el lehendakari porque "él no quiere". El sindicalista cree que el presidente vasco tiene una forma "reducida" de entender la democracia. "El contrapoder es imprescindible en una sociedad y Urkullu sabe que el único contrapoder de este país (Euskadi) es el sindical y el social".
 
Garbiñe Aranburu, de LAB, por su parte exige al PNV que utilice su influencia en Madrid en favor del norte: "Hay que aprovechar esa fuerza para dar pasos en la construcción de un marco vasco de relaciones laborales y protección social, para poner límites a la estatalización de la negociación colectiva y para blindar el marco propio de negociación colectiva". 
 
La sindicalista abertzale pide "exigir la transferencia de la Seguridad Social, y en definitiva aprovechar para avanzar en el derecho que tenemos los trabajadores a decidir nuestras propias condiciones laborales y salariales sin ninguna injerencia del ámbito estatal, en nuestro propio territorio". 
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