Ximo Puig, en caída: Los líos de su hermano dan aire al líder valenciano del PP Mazón

La Fiscalía Anticorrupción ha definido los supuestos delitos y las penas que pide para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Se le acusa de haber cometido irregularidades al justificar ayudas públicas entre 2015 y 2019. Las subvenciones, tal y como explicó Elcierredigital.com en 2022, serían para promover el uso del valenciano en medios de comunicación.

El Ministerio Público ya ha presentado su escrito de acusación. Lo ha hecho en la fase final de la instrucción.  El juez Jorge Martínez, encargado del caso, ha iniciado el procedimiento para enviar a juicio al acusado. Martínez es esposo de la jueza que instruyó el caso DANA de Valencia, Nuria Ruiz.

La causa comenzó con una denuncia del Partido Popular. Según esta denuncia, existía una trama para defraudar subvenciones de la Administración. El juez no ha encontrado pruebas de participación de responsables políticos. Tampoco ve fraude en ayudas públicas, ya que no se supera el umbral de los 120.000 euros exigido por ley.

Durante los años investigados, la Conselleria de Educación estaba en manos de Compromís. Vicent Marzà era el conseller, y Rubén Trenzano dirigía Política Lingüística. Trenzano fue investigado, pero fue finalmente exonerado. No se encontraron indicios de delito en su gestión.

Supuestas facturas falsas

Sin embargo, el magistrado cree que sí hay pruebas contra Francis Puig, empresario de la comunicación. Se le acusa de falsedad documental y estafa. Según la Fiscalía, usó facturas falsas para justificar gastos inexistentes. El objetivo: cobrar más dinero del que le correspondía por las ayudas públicas.

El Ministerio Público afirma que simuló gastos y usó facturas cruzadas entre empresas vinculadas. Muchas de ellas no reflejaban pagos reales ni servicios prestados. El importe fraudulento se estima en 110.000 euros.

Para lograrlo, Francis Puig habría utilizado empresas como Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports. Las facturas tenían conceptos genéricos y algunas estaban duplicadas. Se emitieron también documentos que nunca fueron pagados a los supuestos proveedores.

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Francis Puig por falsedad documental agravada y estafa. También solicita tres años más por apropiación indebida. Propone una multa de 20 euros diarios durante diez meses. Además, reclama que devuelva el dinero defraudado.

En concreto, pide que indemnice a la Generalitat Valenciana con 58.886 euros y a la Generalitat de Cataluña con 51.825 euros. Estas cantidades se habrían cobrado de forma indebida entre 2015 y 2018.

La acusación también alcanza a Juan Enrique Adell Bover. Es otro empresario, considerado cooperador necesario. Para él, Anticorrupción pide tres años de cárcel. También deberá pagar, junto a Francis Puig, una parte del dinero defraudado. En total, la cifra asciende a 74.710 euros por la facturación irregular de las empresas Kriol, Canal Maestrat y Nova CB.

Facturas de alquiler

Entre los documentos fraudulentos aparecen unas 20 facturas de alquiler. Se refieren a un almacén agrícola que pertenecía al padre de los hermanos Puig, ya fallecido. También se incluyeron gastos por el alquiler de un piso de Jordi Puig. Según el fiscal, se trata de una vivienda privada. Francis Puig la presentó como sede de sus empresas, pero no lo era.

Se detectaron, además, otros documentos falsos. Algunos justificaban gastos con materiales en castellano, imágenes mudas o repetidas. Otros no tenían relación con los objetivos de las ayudas.  En algunos casos, ni siquiera se trataba de contenidos originales. Según el fiscal, "Francis Puig sabía que Mas Mut era una empresa ficticia".

El Ministerio Público también denuncia 'autofacturación' entre las empresas de Puig. Mas Mut y Comunicacions dels Ports emitían facturas entre ellas. Muchas no correspondían a servicios reales.

La fiscal Adoración Cano ha solicitado medidas cautelares. Pide abrir una pieza separada de responsabilidad civil. También propone asegurar el cobro de indemnizaciones mediante embargos.

Impacto político

El caso de Francis Puig ha tenido gran impacto político. Durante su mandato, Ximo Puig evitó pronunciarse sobre el tema. No obstante, fue criticado por las adjudicaciones a las empresas de su hermano.

En total, la Dirección General de Política Lingüística adjudicó unos 154.000 euros a las sociedades de Francis Puig. Comunicacions dels Ports recibió 57.825 euros. Mas Mut Produccions obtuvo 38.115 euros para radio, 26.454 para televisión y 31.520 para prensa digital.

Francis Puig reconoció ante el juez haber duplicado facturas. Su objetivo era acceder a más subvenciones para fomentar el uso del catalán y el valenciano. La Guardia Civil calcula que el fraude podría alcanzar 1,2 millones de euros. La defensa, sin embargo, rebaja esa cifra a menos de una décima parte.

Además, el hermano del expresidente fue denunciado por la exdirectora de À Punt, Empar Moreno. La periodista lo llevó ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Lo acusó de pactar precios para conseguir contratos en varias comarcas valencianas.

Este escándalo no es el único que ha rodeado a Ximo Puig. Durante su mandato, cobró al menos 11.000 euros en dividendos como accionista del diario Mediterráneo de Castellón. Ese mismo periódico recibió casi 600.000 euros en publicidad institucional de la Generalitat solo entre 2015 y 2019.

De estos escándalos quiere aprovecharse el presidente Carlos Mazón, que sigue ganando tiempo tras su polémica gestión de la DANA.