Vuelve el ‘caso Begoña Gómez’: Claves del registro en la casa y empresas de Barrabés

El pasado viernes 23 de agosto, el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid ordenó un  registro en el domicilio y oficinas del empresario Carlos Barrabés. La operación entra en el marco de la ya conocida investigación por presunta corrupción y tráfico de influencias. 

Según las fuentes consultadas por elcierredigital.com, los registros se llevaron a cabo en el domicilio de Barrabés. Así como en la sede de sus empresas en el Paseo de Recoletos, Madrid. La decisión se basaría en la existencia de "sólidos indicios" que apuntan a la posible comisión de delitos graves, como el tráfico de influencias y la corrupción. 

Tras las declaraciones de Barrabés el pasado 1 de agosto, el juez Peinado ha considerado necesario el registro. En concreto, este tendría como objetivo incautar pruebas que puedan estar relacionadas con los delitos investigados. 

Se ha autorizado la incautación de dispositivos electrónicos y documentos. También se ha decretado el secreto de las actuaciones para asegurar la efectividad de la operación.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha sido la encargada de llevar a cabo los registros. Estos también incluyen la posibilidad de paralizar actividades comerciales en las oficinas registradas para evitar la destrucción de pruebas.

En paralelo, las fuentes cercanas a la investigación consultadas por este medio recuerdan que “Barrabés mantuvo reuniones frecuentes con Begoña Gómez. Estas reuniones podrían haber facilitado la obtención de contratos públicos de gran envergadura.  El juez Peinado no se fía del todo y por eso ha procedido con los registros”.

Estos encuentros entre Barrabés y Gómez coinciden con la creación del Máster en Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, en el que participó como docente. 

Las autoridades sospechan que estas reuniones facilitaron la adjudicación de contratos a sus empresas. Estas sospechas han llevado a una investigación exhaustiva de sus actividades empresariales y financieras.

El caso no sólo ha impactado en la reputación de los implicados, sino que también ha desencadenado críticas de la oposición. Además, los registros a Barrabés vienen acompañados de las declaraciones de varios testigos clave, entre ellos  Luis Miguel Ciprés, consejero delegado del Grupo Barrabés. 

Lo que se sabe de los registros

Las fuentes cercanas a la investigación consultadas por elcierredigital.com han explicado que “los registros vienen amparados por varios fundamentos de Derecho. El primero y más claro de todos es que el derecho a la inviolabilidad del domicilio no es absoluto. Puede ser limitado en casos donde exista una orden judicial o un delito flagrante".

Por otra parte, las mismas fuentes justifican que “existen indicios suficientes para realizar un registro domiciliario. Especialmente basándonos en las declaraciones y documentación obtenida que vinculan a Barrabés con los delitos de tráfico de influencias y corrupción.

De igual manera, se considera que  la gravedad de los delitos justifica la limitación de derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad. Todo para asegurar la recolección de pruebas.

En este sentido, las fuentes consultadas por este medio recalcan que “la medida de registro es considerada necesaria. No existe una alternativa menos restrictiva para obtener la información requerida”.

De este modo, el juez Peinado decretó el pasado viernes la entrada y registro en el domicilio de Juan Carlos Barrabés y en la sede de sus empresas. El objetivo es incautar objetos, documentos, o cualquier medio relacionado con la comisión de los delitos investigados.

Sobre los protocolos durante el registro, las fuentes consultadas por elcierredigital.com detallan que “el principal objetivo han sido dispositivos electrónicos y la preservación de pruebas. Incluyendo la posibilidad de registro remoto en servicios de almacenamiento en la nube”.

De este modo, las mismas fuentes explican que “se faculta a las fuerzas actuantes para asegurar la preservación de pruebas y evitar la destrucción de evidencias. También se autoriza el cambio de claves de acceso a sistemas de almacenamiento si es necesario”.

Las declaraciones del consejero de Barrabés

Con este registro no acabarían los problemas para Barrabés, pues ayer lunes el juez Juan Carlos Peinado tomó declaración a cuatro testigos clave en la investigación. Uno de los llamados a declarar fue Luis Miguel Ciprés, consejero delegado del Grupo Barrabés. 

Junto a él declaró Leticia Lauffer, exdirectora de Wakalua (una filial de Globalia). Ambos fueron citados para proporcionar detalles sobre la relación de Gómez con sus respectivas organizaciones. Y sobre todo aclarar la naturaleza de las reuniones que mantuvieron en el contexto de la cátedra de Gómez.

Durante su testimonio,  Ciprés confirmó su participación en varias reuniones con Gómez, algunas de las cuales tuvieron lugar en La Moncloa. Estas reuniones se centraron en proyectos de innovación y en el desarrollo del Máster en Transformación Social Competitiva.

Ciprés también reconoció que su empresa colaboró estrechamente con Begoña Gómez en proyectos relacionados con innovación y transformación digital. Explicó que la relación entre Barrabés y la cátedra se fundamentaba en el interés compartido por promover la transformación social a través de la tecnología.

No obstante, durante su declaración, surgieron preguntas sobre si esta colaboración fue influenciada por la relación de Gómez con el presidente del Gobierno. Esto podría constituir tráfico de influencias.

La declaración de Ciprés es particularmente relevante porque Barrabés es una de las empresas investigadas en esta causa por haber obtenido contratos públicos que, según las acusaciones, podrían estar vinculados a las gestiones de Begoña Gómez. El empresario también se refirió al registro realizado por la Guardia Civil en las oficinas de su empresa.

Tras las declaraciones de los mencionados testigos, el juez Peinado alertó a los abogados de las partes sobre las filtraciones. En concreto, Peinado ha señalado que estará más pendiente de las filtraciones y será más estricto al respecto.

También han declarado Ignacio Mariscal, CEO de Reale Seguros, y Marc Simón Martínez, subdirector general de la Fundación La Caixa. Estos últimos representaban a dos de las entidades que financiaron la cátedra. 

Ambos justificaron su decisión de financiarla debido al prestigio asociado a la Universidad Complutense, a pesar de desconocer que Gómez carecía de una titulación universitaria.