'Caso David Sánchez': El presidente de la Diputación de Badajoz usa abogados públicos

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se encuentra investigado por cinco presuntos delitos en el procedimiento judicial. Estos están contemplados en el caso que mantiene la imputación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Tal como revelan fuentes conocedoras de este caso a elcierredigital.com, el también secretario general del PSOE en Extremadura "utiliza para su defensa el servicio de la abogacía de esta diputación". Un hecho que, supuestamente, podría suponer "un 'conflicto de intereses' a la hora de representar la posición jurídica de esta corporación pública en este asunto judicial".

Es decir, "la particularidad de esta situación radica en usar la misma dirección letrada en ambos supuestos. Tanto para proteger los intereses de la diputación, como los intereses 'particulares' del actual presidente investigado".

David Sánchez está imputado por su actividad laboral tras ser contratado por la Diputación de Badajoz. Mientras, el presidente Gallardo es investigado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública,  Administración Pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Lo lleva a cabo la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz.

Según estas fuentes, Gallardo "habría acudido a los servicios jurídicos de la diputación pacense para ejercitar su defensa particular en relación a las actuaciones desarrolladas como presidente de esta institución. Esta se enmarca en la investigación sobre las actividades laborales y declaraciones tributarias del hermano de Pedro Sánchez, que lleva a cabo la UCO de la Guardia Civil".

Estas mismas fuentes apuntan que "el conflicto de intereses podría suscitarse cuando esta institución pública se erija como perjudicada en esta causa y, en su derecho, ejerza como acusación particular. Esto conllevaría a la utilización de su propio servicio jurídico de la corporación".

Por otra parte, matizan, "el presidente Gallardo no debería usar este mismo servicio letrado público. Sus propios abogados habrían de transcurrir por su cuenta a nivel particular, para así evitar la confrontación con los intereses públicos de la diputación pacense".

La 'complejidad' de la defensa de Gallardo

Fuentes conocedoras del caso David Sánchez ponen de manifiesto lo siguiente. Tras destaparse la situación jurídica de la defensa del presidente de la Diputación de Badajoz, "esta complejidad jurídica podrían sugerir diferentes escenarios".

Por un parte, sostienen que "la juez instructora podría denegar la utilización de la misma defensa en ambos supuestos al existir intereses contrapuestos". Esta situación se da en el caso Koldo, en relación a la asistencia letrada de algunos cargos públicos del Ministerio de Transportes. También en la denuncia por el uso de la Abogacía del Estado que pesa sobre Pedro Sánchez en el caso Begoña Gómez que investiga a su esposa.

Estas voces también alegan que "se hace necesario contemplar la reacción de las acusaciones populares. Estas tienen la opción de solicitar a la magistrada del 'caso David Sánchez' que el presidente Gallardo sea representado por un abogado ajeno a los intereses de la diputación".

Otro escenario, indican, sería la "gestión política" en la diputación pacense respecto a la postura del presidente Gallardo en cuanto a su defensa jurídica. También sobre el ejercicio de su cargo público y su vinculación con su propio equipo de gobierno provincial compuesto por consejeros del PSOE.

A esto habría que sumar, "las reacciones de la oposición política conformada por el Partido Popular. Esta misma formación solicitó en su día una 'comisión permanente' sobre el caso David Sánchez".

La UCO de la Guardia Civil investiga el 'caso David Sánchez'

El caso David Sánchez comienza tras una denuncia interpuesta en mayo de 2024 por el sindicato Manos Limpias. Esta señala supuestas irregularidades en la contratación de David y sus actividades laborales en la Diputación de Badajoz. Funciones por las que obtiene un sueldo público de 55.760 euros anuales, tal como destapó elcierredigital.com. 

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz admitió a trámite esta denuncia. Además comisionó a la UCO de la Guardia Civil para este procedimiento y abrió diligencias de investigación contra David Sánchez. También lo hizo contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros dos trabajadores de la institución.

Además, en este proceso judicial, se investiga al jefe de los departamentos Jurídicos y de Recursos Humanos de la corporación, Alejandro José Cardenal. Este cargo público que también fue denunciado por Manos Limpias.