La última maniobra de Sánchez: La crisis del apagón podría fusionar Redeia con Enagás

El histórico apagón eléctrico que sufrió España el pasado 28 de abril ha generado un debate energético. Desde la derecha piden mantener la energía nuclear y desde la izquierda exigen nacionalizar la distribución de electricidad. Además, ha debilitado a Redeia.

Pese a su 'desagrado', La Moncloa mantiene en el puesto a su presidenta, Beatriz Corredor. Esta registradora de la propiedad y exministra socialista fue colocada por Pedro Sánchez, que ha decidido no promover su cese. Decisión que ha tomado siguiendo el consejo de algunas voces que apuntan que una destitución podría ser la admisión de errores y facilitar las condenas contra el Estado por 'negligencia'. 

Posible fusión con Enagás

La posibilidad de una integración entre Redeia (antes conocida como Red Eléctrica) y Enagás ha sido tema de debate en los últimos años. Ambas entidades ocupan posiciones estratégicas dentro del entramado energético de España. Por un lado, Redeia opera la red de electricidad. Y Enagás es responsable del transporte y gestión del gas. 

En junio de 2023, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, negó categóricamente que se estuviera contemplando una unión con Enagás. Aseguró que "no existe constancia de ninguna propuesta para integrar Red Eléctrica de España (REE) y Enagás GTS". E insistió en que el consejo de administración de Redeia "no tiene siquiera un estudio preliminar sobre la mesa". También dejó claro que no hay movimientos en ese sentido ni desde Enagás, ni desde Redeia, ni por parte del Gobierno.

Tanto Redeia como Enagás están enfocadas en ambiciosos planes de crecimiento. Enagás comunicó en febrero de 2025 que invertirá 4.035 millones de euros hasta el año 2030. Por su lado, Redeia aumentó en un 34% sus inversiones durante 2024 con el objetivo de acelerar la transformación energética del país. Estas iniciativas están marcadas por la descarbonización.

Antonio Llardén: pérdidas históricas, gran relación con La Moncloa y lío en Perú 

Antonio Llardén, presidente de Enagás, se apoya en el respaldo del Estado, que posee un 5% de la empresa. Intenta disipar las críticas surgidas a raíz de su gestión y las pérdidas de cerca de 300 millones de euros registradas en 2024. 

Estas pérdidas se deben, principalmente, a una minusvalía generada por una operación en una compañía estadounidense y a un arbitraje desfavorable en Perú. Enagás, cuyos principales accionistas también incluyen a Criteria Caixa y Amancio Ortega, trata de contrarrestar el impacto de estos resultados negativos con el anuncio de un ambicioso plan de inversión de 4.035 millones de euros en seis años. 

De esa cantidad, 3.125 millones se destinarán al desarrollo de infraestructuras para el hidrógeno renovable, que consideran será el principal motor de crecimiento. Además, prevén cerrar 2025 con un beneficio neto de unos 265 millones de euros.  La deuda neta de la compañía se sitúa en torno a los 2.400 millones, pero aun así se mantiene el compromiso de pagar un dividendo de 1 euro por acción.

Llardén también destaca por su habilidad para navegar en el entorno político. Fue el único alto cargo vinculado al PSOE que logró conservar su puesto en empresas participadas por el Estado durante el mandato de Mariano Rajoy. Algunas fuentes internas sostienen que lo logró acercándose al propio Rajoy. Actualmente, tampoco oculta su afinidad con Pedro Sánchez, quien participó recientemente en el Tercer Día del Hidrógeno organizado por Enagás. 

En ese acto, Sánchez elogió el compromiso de la empresa con el desarrollo del hidrógeno verde, clave para la reindustrialización del país. También acudió la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Asimismo, Llardén mantiene una buena relación con Salvador Illa, presidente de Cataluña. Esta situación refuerza su posición frente al CEO de Enagás, Arturo Gonzalo, con quien ha tenido tensiones en el pasado, según fuentes del sector.

Los números de Enagás

Respecto a las pérdidas de 2024, Enagás registró unos resultados negativos históricos de 299,3 millones de euros. Aunque la operativa de la compañía mejoró ligeramente, se vio afectada por un arbitraje en Perú que no les fue del todo favorable. Y por una minusvalía contable de 363,7 millones derivada de la venta del 30,2% que tenía en la estadounidense Tallgrass Energy.

A pesar de ello, la empresa pone en valor su Plan de Eficiencia, la contribución de sus empresas participadas y la mejora de su resultado financiero. La deuda se redujo un 28,2% respecto a 2023, cerrando el año en 2.404 millones.

En cuanto al arbitraje en Perú, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, falló a favor de Enagás en diciembre de 2024. No obstante, la empresa no pudo celebrar plenamente la decisión, ya que recibirá solo 194 millones de los 475 millones que reclamaba al gobierno peruano.

El conflicto se originó tras la paralización en 2017 del Gasoducto Sur Peruano. Se trata de una obra de más de 1.000 kilómetros gestionada por un consorcio liderado por Odebrecht, en el que Enagás tiene un 2%. El contrato contemplaba una cláusula que obligaba al Estado peruano a compensar los costes si el proyecto se cancelaba de forma unilateral. Cosa que ocurrió hace siete años.