Silvina Bacigalupo no evita el fiasco de Transparencia de su 'amigo' Sánchez en Europa

Aunque Pedro Sánchez trató en 2019 de ‘maquillar’ la escasa transparencia del Ejecutivo con la designación de su ‘amiga’ Silvina Bacigalupo, los datos han hecho un ‘roto’ al Gobierno del PSOE.

En 2019, Sánchez impulsó la designación de Silvina Bacigalupo —catedrática y cercana al entorno socialista— al frente de Transparencia Internacional España (TI). Se confiaba en fortalecer la lucha anticorrupción, pero el plan ha sido un fracaso. 

En el Índice de Percepción de la Corrupción más reciente de Transparencia Internacional, España obtuvo solo 56 puntos sobre 100 y cayó del puesto 36 al 46 en el ranking mundial. 

Este retroceso de diez lugares ha supuesto un varapalo para el Gobierno. En un momento delicado, marcado por escándalos que salpican a su círculo cercano, desde el “caso Koldo” hasta la investigación judicial a Begoña Gómez.

Paradójicamente,  la organización presidida en España por Bacigalupo ha terminado por ahondar en la preocupación sobre la corrupción. Situando al país incluso por detrás de naciones como Ruanda. 

La decepción del Ejecutivo ha quedado patente. Tras conocerse estas cifras, el Gobierno llegó a restar importancia al índice por estar elaborado por una “ONG”. También cuestiona la comparabilidad de sus datos, en un intento de minimizar el golpe sufrido.

Silvina Bacigalupo y sus lazos familiares con el PSOE

Silvina Bacigalupo Saggese, la jurista que desde 2019 preside Transparencia Internacional España, es catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con experiencia en derecho penal económico y ha participado en proyectos europeos sobre ética empresarial y lucha anticorrupción. 

Antes de asumir la presidencia de TI España, Bacigalupo ya colaboraba con la organización. Formó parte de su comité de dirección desde 2013 y ha sido la primera mujer en encabezar la entidad en el país. Silvina también es miembro del Consejo Académico de la Fundación Fide, un think-tank jurídico-económico.

Su perfil profesional la llevó incluso a asesorar a Pedro Sánchez en temas de transparencia. En 2016 integró el equipo electoral del entonces candidato socialista, encargándose del área de “transparencia y ética empresarial”. 

Esta trayectoria la convirtió en una apuesta ‘natural’ de Sánchez para impulsar la agenda de integridad pública. Especialmente teniendo en cuenta que Silvina es cuñada de Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva en la Comisión Europea.

Y es que Silvina Bacigalupo no solo destaca por su currículum académico. Varias voces han señalado sus lazos familiares de peso, vinculados al poder judicial y político tanto en España como en Argentina.

Los Bacigalupo tienen a sus espaldas una larga trayectoria en nuestro país. Este apellido ya ha resonado antes en ámbitos vinculados al poder judicial, económico y político. En su círculo familiar inmediato se encuentran figuras estrechamente relacionadas con el entorno del PSOE y las instituciones.

Enrique Bacigalupo, padre de Silvina, es un exmagistrado del Tribunal Supremo de origen argentino, considerado el patriarca del clan. Estrechamente vinculado al felipismoespañol y al peronismo argentino, Enrique Bacigalupo participó en algunos de los casos judiciales más mediáticos de las últimas décadas. 

Por ejemplo, formó parte del tribunal del caso GAL, donde votó en contra de imputar a González. Y también del caso Filesa, en el que redujo drásticamente el número de acusados por financiación ilegal del PSOE. 

Tras dejar el Supremo, continuó ejerciendo como abogado en asuntos sonados. Llevó la defensa del futbolista Lionel Messi en su caso de fraude fiscal por valor de 4,1 millones de euros.

Mariano Bacigalupo, hermano de Silvina, es actualmente consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su nombramiento en el supervisor financiero no ha pasado inadvertido. Es conocido como “el hombre de Teresa Ribera en la CNMV”, dado que es el marido de la que fuera vicepresidenta tercera el Ejecutivo de Sánchez. 

Desde ese puesto regulador, Mariano Bacigalupo percibe un salario de más de 140.000 euros y tiene acceso a información privilegiada de grandes empresas. 

Su posición ha generado polémica en más de una ocasión. Por ejemplo, defendiendo las tesis del Ejecutivo en la controversia por el traslado de sede de Ferrovial fuera de España. Algo que para algunos evidenció la influencia política en un organismo teóricamente independiente.

José María Ridao, pareja de Silvina, es un diplomático y escritor que sirvió como embajador de España en varios destinos durante gobiernos socialistas. Fue embajador en la India de 2021 a 2024, nombrado por el propio Pedro Sánchez, y anteriormente representante ante la UNESCO, entre otros cargos. 

En agosto de 2024, fue designado Cónsul General de España en Buenos Aires, sucediendo a Fernando García Casas.

Estos vínculos familiares han situado a Silvina Bacigalupo en el centro de lo que algunos han denominado “el clan Bacigalupo”. Una red de influencias que abarca tribunales, organismos reguladores y la diplomacia. 

Su cercanía al Gobierno de Sánchez quedó reflejada en su elección para liderar la filial española de TI. Sin embargo, esa proximidad que inicialmente se vio como una fortaleza se torna ahora en paradoja. Bajo su mandato en TI España, las evaluaciones internacionales han sacado los colores al país en materia de corrupción.

La transparencia del Gobierno de Sánchez, en entredicho

El desplome de España en el Índice de Percepción de la Corrupción coincide con un creciente malestar por la falta de transparencia del Gobierno. Desde elcierredigital.com ya informamos sobre el mal funcionamiento del Portal de Transparencia y el uso del “doble silencio administrativo” ante solicitudes de información, incluso en asuntos de alto interés público.

No se ha facilitado información sobre los gastos del viaje privado a Andorra del presidente y Begoña Gómez, ni sobre los vuelos oficiales a República Dominicana, vinculados al “caso Koldo”. 

Tampoco se ha respondido sobre la retribución de la asesora personal de Gómez, Cristina Álvarez, quien además ha sido imputada en la investigación judicial por presunto tráfico de influencias.

La falta de respuesta se extiende a otras áreas: gastos del ministro de Exteriores, ceses diplomáticos, gestión de crisis como la DANA, o traslados de migrantes entre comunidades. Incluso preguntas sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han quedado sin contestar. Este patrón de opacidad ha llevado a muchos a hablar de una “cultura del secretismo” en el Ejecutivo. Algo que contradice las promesas iniciales de regeneración democrática.

Para algunas voces, la paradoja es clara: Sánchez confió la agenda de transparencia a Silvina Bacigalupo, figura de su círculo cercano, pero España ha retrocedido tanto en percepción como en práctica.