Sánchez se blinda: 'Elimina' la acusación popular para evitar casos que le salpican

Este lunes el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una  proposición de ley orgánica. La proposición lleva el siguiente enunciado: "Garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas". 

Esta iniciativa busca reformar la figura de la acusación popular en España, limitando su ejercicio. Y prohibiendo que partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos puedan ejercerla. 

Aunque presentada como una medida destinada a prevenir abusos en el sistema judicial, la propuesta ha generado una fuerte controversia. Especialmente por las posibles implicaciones en casos que afectan directamente al entorno del PSOE, como los conocidos mediáticamente como "Begoña Gómez" y "Koldo".

La acusación popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano o entidad, sin ser víctima directa de un delito, personarse en un proceso penal para promover la acción de la justicia. Este instrumento ha sido clave en la historia judicial española. Permitiendo la participación ciudadana en la persecución de delitos y en la vigilancia del cumplimiento de la legalidad. 

Casos emblemáticos como los de la corrupción en los partidos políticos, las tramas urbanísticas o el caso GAL han contado con la intervención de la acusación popular para destapar irregularidades.

No obstante, su uso también ha sido objeto de críticas. Especialmente cuando se percibe que puede ser utilizado con fines políticos o como herramienta de presión en procesos judiciales. La reforma propuesta por el PSOE plantea cambios estructurales que limitarían significativamente el alcance de este instrumento.

Por un lado, se propone que solo puedan intervenir en la fase del juicio oral y en la formulación inicial de la querella. Dejando la instrucción en manos del Ministerio Fiscal y de las víctimas directas del delito.

Los partidos políticos y las organizaciones relacionadas con ellos quedarían excluidos del ejercicio de la acusación popular.

El Gobierno también busca impedir que se admitan denuncias que se fundamenten únicamente en informaciones periodísticas sin otros elementos probatorios.

Contexto y motivos de la reforma

El PSOE ha justificado la reforma alegando que busca proteger a las personas de acosos judiciales abusivos y garantizar que los procesos penales se desarrollen con mayor rigor y objetividad. Sin embargo, ha habido críticos de la medida, incluidos miembros de la oposición y asociaciones de juristas. Para ellos, podría ser un intento de blindar al partido y a su entorno de investigaciones judiciales comprometedoras.

El momento en que se presenta esta reforma también ha despertado suspicacias. En los últimos meses, varias figuras cercanas al PSOE han sido objeto de investigaciones judiciales donde la acusación popular ha jugado un papel clave. Dos casos destacan en particular.

Por un lado, Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, está siendo investigada. Concretamente, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigación se inició tras una querella presentada por varias organizaciones, incluyendo a Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en este caso. 

La reforma propuesta podría excluir del caso a las organizaciones que han impulsado las pesquisas. 

Por otra parte, el "Caso Koldo" se refiere a una investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia de COVID-19. Entre los investigados se encuentra José Luis Ábalos, exministro de Transportes, acusado de recibir sobornos y regalos a cambio de favorecer a determinadas empresas.

La acusación popular ha desempeñado un papel crucial en este caso, promoviendo diligencias que podrían no haberse llevado a cabo de otro modo.

La reforma podría implicar la expulsión de las organizaciones y partidos que ejercen la acusación popular en este caso. Debilitando la investigación y, potencialmente, protegiendo a personas cercanas al Gobierno de un escrutinio público y judicial más profundo.

Beneficios políticos para el PSOE

El carácter polémico de esta reforma radica en que podría beneficiar directamente al PSOE al limitar las investigaciones que afectan a su entorno. 

La oposición ha señalado que la medida parece estar diseñada "a medida" para evitar que partidos y asociaciones investiguen a figuras relacionadas con el Gobierno. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos han coincidido en criticar la reforma. Y lo califican de un "ataque a la transparencia" y "un paso atrás en la lucha contra la corrupción".

Reacciones de expertos y asociaciones

Diversas asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su preocupación por las implicaciones de esta reforma. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha alertado de que la limitación de la acusación popular podría debilitar el control ciudadano sobre el poder público.

"En un sistema donde el Ministerio Fiscal depende jerárquicamente del Gobierno, la participación de la sociedad civil en los procesos penales es un contrapeso esencial", afirmó un portavoz de la APM.

Por su parte, Transparency International España ha expresado su preocupación por el impacto de la reforma en la percepción de la corrupción en el país. "La eliminación de la posibilidad de que partidos y asociaciones investiguen irregularidades podría agravar la desconfianza en las instituciones", advierte la organización.

Un debate político y social

El debate sobre esta reforma se ha trasladado a las redes sociales. De hecho, el hashtag #AcusaciónPopular se ha convertido en tendencia. Los defensores de la medida argumentan que es necesaria para evitar el abuso de este instrumento con fines partidistas. Mientras que los detractores insisten en que representa un intento de silenciar investigaciones incómodas para el Gobierno.

En cualquier caso, la aprobación de esta reforma podría marcar un antes y un después en el sistema judicial español. Con implicaciones que trascienden los casos específicos que han motivado su impulso. Su impacto en la percepción pública de la justicia y la lucha contra la corrupción será un tema de debate durante los próximos años.