La presunta malversación del alcalde de Estepona: Revelan cómo se gestó la operación

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha comparecido este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona. Lo ha hecho como investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos. 

Como ya informamos en elcierredigital.com, el caso se remonta a una denuncia inicial por supuesto acoso sexual interpuesta por un policía local. Este aseguró haber sido coaccionado por García Urbano para mantener relaciones íntimas bajo amenazas de represalias laborales.

Durante la instrucción de esa causa, elcierredigital.com destapó que la pareja del denunciante, C.P.B., había sido contratada por el Ayuntamiento sin cumplir funciones efectivas. Ello dio pie a la apertura de una nueva línea de investigación por presunta malversación.

Como reveló en exclusiva elcierredigital.com, C.P.B. fue designada asesora en el Área de Control Externo del Ayuntamiento de Estepona. Sin embargo, su formación no era la adecuada. 

García Urbano acudió este lunes al juzgado poco después del mediodía. Según fuentes cercanas, “optó por responder únicamente a las preguntas formuladas por su abogado”. En el resto de las cuestiones, incluyendo las planteadas por la acusación popular liderada por el PSOE, el alcalde ha decidido no declarar.

Su abogado ha afirmado que esta estrategia busca evitar confusiones. Y reiteró la postura del regidor: “Las acusaciones son falsas y carentes de fundamento”.

C.P.B., también citada a declarar hoy como testigo, confirmó que mantuvo una relación personal con el alcalde entre 2022 y 2023. Según C.P.B., se conocieron a través de una web de citas. 

También ha admitido que, tras firmar el alta  para su puesto en el Ayuntamiento de Estepona como personal eventual del área de Control Externo, no acudió a trabajar. Tampoco recibió instrucciones claras sobre sus responsabilidades.

Sin embargo, percibió un salario de 5.000 euros durante los 48 días que permaneció contratada.

El alcalde defendió durante su comparecencia que la contratación de C.P.B. respondía a la necesidad de abordar quejas ciudadanas sobre la limpieza de las calles del municipio. Según su declaración, ella elaboraba informes verbales al respecto. Sin embargo, la propia C.P.B. afirmó desconocer al concejal responsable del área, Blas Ruzafa, y no haber recibido instrucciones relacionadas con esta tarea.

La postura de la defensa y las acusaciones

La defensa de García Urbano ha entregado al juzgado documentación que, según afirman, demuestra la legalidad de la contratación y la ausencia de irregularidades. Su abogado ha adelantado que solicitarán el archivo de la causa, al considerar que no hay indicios de delito.

“Estamos hablando de una denuncia que carece de base. Ni el puesto ni la remuneración de esta persona supusieron un perjuicio económico para el Ayuntamiento de Estepona. Tampoco se puede demostrar que haya habido un uso indebido de fondos públicos”, manifestó el abogado del alcalde.

En el ámbito político, el caso ha generado reacciones divididas. El PSOE, personado como acusación popular, ha solicitado al PP que aparte a García Urbano de sus funciones mientras se resuelve la investigación.

“El alcalde debe dar explicaciones claras. Es inadmisible que continúe representando a los ciudadanos con una causa tan grave abierta en su contra”. Así lo señalaba Daniel Pérez, secretario general del PSOE en Málaga.

Por su parte, VOX también se ha personado en la causa de la mano del abogado  Antonio Granados. Este representa tanto a C.P.B. como a su pareja en la denuncia inicial. Según Granados, las pruebas y testimonios recogidos hasta ahora refuerzan la necesidad de esclarecer si existió un uso indebido de recursos municipales.

El Partido Popular, mientras tanto, ha evitado realizar declaraciones públicas sobre el caso. Ni los responsables locales ni el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, han emitido comunicados al respecto. Algo que ha suscitado críticas de la oposición.

Próximos pasos en el proceso judicial

El juez instructor de la causa evaluará en los próximos días la documentación aportada por la defensa. Así como los testimonios recogidos durante las comparecencias de hoy.

Según fuentes judiciales, el objetivo es determinar si procede continuar con la instrucción y, en caso afirmativo, fijar nuevas diligencias. Estas podrían incluir posibles peritajes sobre el impacto económico de la contratación de C.P.B. en el presupuesto municipal.

Además, se espera que el juez decida sobre la solicitud de la acusación popular de incluir más testigos relacionados con el área de Control Externo. Estos podrían arrojar luz sobre el rol asignado a C.P.B. durante su breve contratación.

La investigación ha causado un notable impacto en Estepona, tanto en la administración municipal como entre los vecinos.

Desde que García Urbano asumió la alcaldía en 2011, su gestión ha sido reconocida en varias ocasiones. Pero también ha enfrentado controversias relacionadas con la transparencia en la administración de los recursos públicos. Este caso podría marcar un punto de inflexión en su carrera política.

Mientras tanto, los ciudadanos se muestran divididos entre quienes lo defienden, valorando su gestión en turismo y urbanización del municipio, y quienes exigen mayor transparencia y responsabilidades políticas ante las graves acusaciones.

La comparecencia de José María García Urbano este lunes no ha resuelto las dudas sobre el caso. Pero ha dejado en evidencia la complejidad del mismo. Con varios frentes abiertos y declaraciones contradictorias entre las partes implicadas, será el desarrollo de las diligencias judiciales el que determine si las acusaciones de malversación tienen fundamento.

Por ahora, el caso sigue abierto, y se espera que en las próximas semanas el juez tome decisiones clave. Movimientos que podrían marcar el futuro político de García Urbano y la gestión del Ayuntamiento de Estepona.