El Cierre Digital El alcalde del PP de Estepona, ante un presunto delito de acoso sexual: Las claves
El político José María García Urbano se ha acogido a su derecho a no declarar y ahora el juez citará a un testigo clave
El alcalde del PP de Estepona, José María García Urbano, ha comparecido este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad en calidad de investigado. Lo hace por una denuncia de presunto acoso sexual presentada por un funcionario municipal.
Durante su declaración, García Urbano optó por responder únicamente a las preguntas formuladas por su abogado defensor. Absteniéndose de contestar a las interrogantes planteadas por la Fiscalía y la acusación particular.
La denuncia, interpuesta por un agente de la Policía Local de Estepona, alega que el alcalde habría ejercido presiones para mantener relaciones sexuales con él y su pareja. Todo bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo si no accedía a sus pretensiones.
Según el relato del denunciante, estos hechos habrían ocurrido entre marzo de 2022 y junio de 2023.
Tras conocerse la denuncia, García Urbano emitió un comunicado en el que calificaba la acusación de "falsa" y sin fundamento. Y afirmaba ser víctima de una campaña destinada a dañar su dignidad personal y trayectoria política.
El alcalde fue citado a declarar tras ratificarse la denuncia. Durante la declaración judicial, que tuvo lugar en la mañana de este lunes, García Urbano acudió acompañado de su letrado.
Conforme a su derecho, decidió no responder a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular, limitándose a contestar las de su propio abogado. "Esta estrategia es común en procesos judiciales donde el investigado busca evitar posibles autoincriminaciones o inconsistencias en su testimonio", explican fuentes cercanas al caso.
La estrategia de la defensa del alcalde
La declaración del alcalde estuvo marcada por su estrategia procesal. Las preguntas de su abogado estuvieron orientadas a subrayar la supuesta inconsistencia de los hechos denunciados. También a reforzar la idea de que todo se trata de una maniobra para perjudicar su imagen pública y trayectoria política.
Sin embargo, García Urbano evitó responder preguntas clave planteadas tanto por la Fiscalía como por el abogado del denunciante. Tales como las relacionadas con detalles sobre las reuniones privadas.
No quiso aclarar si efectivamente existieron encuentros en hoteles entre él, el denunciante y su pareja, tal como se recoge en la denuncia.
También evitó pronunciarse sobre posibles intercambios de mensajes o correos electrónicos que pudieran comprometerle. A pesar de que estos podrían ser clave en la investigación.
De igual manera, García Urbano rechazó responder por qué ofreció un alquiler subvencionado y un apoyo económico a la pareja del denunciante. Algo que según su abogado tiene explicaciones laborales, pero que la acusación interpreta como parte del contexto de coacción.
El testigo clave y los próximos pasos en la investigación
El juez de Instrucción, que ya ha oído al denunciante ratificar su denuncia en una declaración por videoconferencia, ha decidido citar próximamente a un testigo cuya identidad no ha sido revelada públicamente.
Según fuentes del entorno judicial, “este testigo podría aportar información relevante sobre las relaciones entre el alcalde y el denunciante. Así como sobre los presuntos episodios denunciados”.
Esta diligencia forma parte del proceso de instrucción destinado a esclarecer los acontecimientos. Sobre todo para determinar si existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento judicial.
Por el momento, la defensa de García Urbano ha anunciado que solicitará el archivo de la causa. Alegando que las acusaciones son falsas y responden a intereses espurios destinados a dañar la reputación del alcalde.
La denuncia presentada detalla una serie de episodios en los que, presuntamente, el alcalde habría ejercido su posición de poder para coaccionar al denunciante y a su pareja a mantener relaciones sexuales.
El denunciante afirma que, ante el temor de perder su empleo y la estabilidad económica de su familia, se sintió obligado a acceder a las demandas del alcalde.
Además, señala que García Urbano le ofreció una ayuda económica de 2.000 euros mensuales. Y habría facilitado el arrendamiento de una vivienda en Estepona para que la pareja pudiera residir en la localidad.
El PSOE ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que se pronuncie sobre el asunto y condene el presunto comportamiento del alcalde de Estepona.
En el ámbito judicial, el proceso de instrucción continuará con la práctica de las diligencias necesarias para determinar la veracidad de las acusaciones. La citación del testigo anunciada por el juzgado será una pieza clave en la investigación. Su testimonio podría aportar información relevante sobre los hechos denunciados.
Es importante destacar que, en el sistema judicial español, la condición de investigado no implica una presunción de culpabilidad. Se trata de una figura procesal que garantiza los derechos de la persona mientras se esclarecen los hechos.
Por lo tanto, hasta que no se dicte una resolución judicial firme, debe prevalecer la presunción de inocencia.
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