Abren diligencias por malversación del alcalde de Estepona como avanzó ElCierreDigital

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha abierto diligencias previas contra el alcalde José María García Urbano. Le investiga por un presunto delito de malversación de caudales públicos, en un proceso que incluye también dos denuncias por acoso sexual. 

Como ya revelamos en exclusiva en elcierredigital.com, el alcalde de Estepona habría utilizado presuntamente fondos municipales para beneficiar a una de sus ahora denunciantes. Identificada como  C.P.B., habría sido "contratada como personal eventual sin cumplir los requisitos para el cargo".

Este nuevo escándalo judicial ha desatado un intenso debate en la opinión pública. Se cruzan acusaciones de presunto abuso de poder, posible corrupción y la instrumentalización de recursos públicos. 

La situación coloca a García Urbano, uno de los líderes locales más reconocidos del Partido Popular, en una posición política delicada.

La decisión del juez de abrir diligencias por malversación deriva de las denuncias presentadas contra el alcalde y de la documentación aportada por los denunciantes. Las acusaciones se centran en la supuesta contratación irregular de C.P.B. La persona tras estas iniciales es la pareja de un policía local que también denunció a García Urbano por acoso sexual. 

Según los denunciantes, esta contratación habría servido para "encubrir conductas inapropiadas del alcalde". También para "garantizar su acceso a la denunciante", quien afirma haber sufrido "presiones y comportamientos de índole sexual no deseados por parte del edil".

El procedimiento judicial se fundamenta en la posible desviación de fondos municipales para fines personales. 

Documentos internos del Ayuntamiento, ya publicados por elcierredigital.com, y testimonios aportados por las partes, señalan que C.P.B. recibió salarios por parte del Ayuntamiento. También que su puesto en el consistorio no estaba respaldado por una convocatoria pública ni por criterios objetivos de selección.

Ahora, el juez a cargo del caso ha advertido indicios de malversación de fondos tras la declaración de C.P.B. Este avance del caso deja al alcalde de Estepona, José María García Urbano, en una situación política y judicial más que delicada. Para contextualizar, el edil se enfrenta a dos posibles cargos por acoso sexual y a un tercero por malversación de fondos públicos. 

El juez intenta esclarecer los detalles de la contratación, ante la posibilidad de un posible uso indebido de fondos públicos. Como recuerda ElDiario.es, los 12 cargos de confianza que trabajan en el Ayuntamiento, sin incluir a C.P.B., cobran entre 41.150 y 63.900 euros anuales. Esto sugiere que el Ayuntamiento de Estepona podría haber pagado a la mujer entre 10.000 y 16.000 euros por los tres meses en los que ocupó ese puesto.

En este contexto, se plantea la sospecha de que la contratación podría haber sido un pago encubierto a C.P.B. Quien además mantenía una relación complicada con un agente de la policía local y el alcalde. Según la denuncia, el regidor habría "presionado al agente con amenazas que ponían en peligro su carrera profesional". La presunta existencia de vídeos y pagos relacionados añade más dudas sobre las circunstancias y las motivaciones del caso. 

El juez ha optado por separar la investigación sobre la presunta malversación de fondos con el propósito de preservar la intimidad del alcalde de Estepona. Además, ha aceptado la personación del PSOE en esta nueva línea de investigación.

Una medida que Emma Molina, portavoz socialista en Estepona, considera “necesaria, dada la repercusión de los cargos señalados al alcalde”. Según los socialistas, “García Urbano debería apartarse del cargo temporalmente hasta que su situación judicial se resuelva”.

Las denuncias por presunto acoso sexual

El primer denunciante, policía local de Estepona, afirmó que entre marzo de 2022 y junio de 2023 recibió "propuestas sexuales reiteradas del alcalde". Según el agente, estas propuestas iban "acompañadas de amenazas veladas" sobre la posibilidad de "perder su empleo si no accedía a las demandas" del alcalde. 

Ante esta supuesta presión, el policía decidió denunciar los hechos, una acción que ha abierto un nuevo capítulo en la política municipal del municipio.

Posteriormente,  C.P.B., pareja del policía, presentó una segunda denuncia por acoso sexual. En su declaración, aseguró que fue contratada por el Ayuntamiento en un puesto de confianza para facilitar un acceso más directo del alcalde a ella. 

Además, señaló que esta relación laboral irregular fue utilizada como una forma de presión y sometimiento. Su denuncia amplió el alcance de las investigaciones, dando pie a que el juez incluyera la sospecha de malversación en las diligencias abiertas.

El pasado noviembre, García Urbano compareció en calidad de investigado ante el juez que instruye el caso. Durante la sesión, en la que solo respondió las preguntas de su defensa, negó todas las acusaciones y las calificó de "falsas y políticamente motivadas". 

En su defensa, argumentó que las contrataciones en el Ayuntamiento se realizan conforme a los procedimientos establecidos. También negó cualquier relación inapropiada con los denunciantes. 

No obstante, las evidencias presentadas, incluidas nóminas, contratos y testimonios, han llevado al juez a considerar que existen indicios suficientes para continuar con la investigación. La Fiscalía, que también participa en el caso, ha solicitado una auditoría completa de las contrataciones del consistorio durante el mandato de García Urbano.

De igual manera, fuentes cercanas al Ayuntamiento de Estepona confirman para elcierredigital.com que “el juez ya ha solicitado al consistorio los expedientes de trabajo de la denunciante. En caso de que no haya expedientes la malversación sería evidente”.

La posible malversación de fondos del alcalde de Estepona

Además de las denuncias por acoso, el caso incluye la sospecha de malversación de caudales públicos. Según fuentes cercanas al proceso, “las investigaciones preliminares sugieren que el alcalde pudo haber utilizado recursos municipales para garantizar la contratación y el pago de salarios a uno de los denunciantes”. 

Esta actuación podría implicar un delito tipificado en el artículo 432 bis del Código Penal. Este regula el uso indebido de bienes públicos para beneficio privado.

Entre las diligencias ordenadas por el juez, se incluyen la recopilación de contratos, nóminas y expedientes del Ayuntamiento. También se ha solicitado al consistorio que entregue toda la documentación relacionada con los procesos de contratación de personal eventual durante los últimos dos años.

Emma Molina

Según su abogado, Francisco Javier Conejo, la personación busca garantizar la transparencia y la defensa de la legalidad en el uso de los recursos municipales. Según explicó el equipo legal de la portavoz socialista, “la personación refuerza el carácter público de la causa y asegura que las posibles irregularidades no queden impunes”.

Reacciones políticas y repercusiones públicas

El escándalo ha provocado una oleada de críticas por parte de los grupos de la oposición, que han exigido la "dimisión inmediata" de García Urbano. Desde el PSOE señalan que la permanencia del alcalde en el cargo es "insostenible" y daña la imagen institucional del Ayuntamiento. 

Otros partidos han reclamado una auditoría externa que evalúe la gestión de los recursos municipales en los últimos años.

Manuel Aguilar Illescas, portavoz del Grupo Municipal Estepona Vox, ha solicitado de manera oficial información al alcalde del Ayuntamiento de Estepona. En esta comunicación, fechada el 10 de diciembre, solicita una serie de datos relacionados con la contratación y actividad laboral de la denunciante C.P.B. en el Ayuntamiento.

En primer lugar, el portavoz requiere información específica sobre la fecha de alta y baja de esta persona en la plantilla municipal. Así como el grupo de retribución al que estaba asignada y el importe correspondiente a dicho grupo. También solicita el registro detallado de los controles de entrada y salida realizados mediante marcación de huella. Especificando los días y las horas en que dicha persona accedió y salió de su puesto de trabajo.

En caso de no contar con esta información, se pide que se explique el motivo de su ausencia.

Además, Illescas solicita una relación completa de los expedientes en los que la funcionaria participó durante su tiempo en el Ayuntamiento. Incluyendo toda la documentación que forme parte de cada uno de esos expedientes.

Por último, el portavoz de Vox también requiere al secretario que certifique cómo C.P.B. proporcionó sus datos personales y su cuenta bancaria para el cálculo de retenciones y el pago de sus percepciones salariales mensuales al departamento de personal.

La solicitud se fundamenta en las instrucciones aprobadas durante un pleno municipal celebrado el 23 de junio de 2023. Illescas ha declarado a elcierredigital.com que esta solicitud "refleja un ejercicio de fiscalización en busca de claridad y transparencia en los procedimientos administrativos del Ayuntamiento".

Por su parte, el Partido Popular ha cerrado filas en torno a García Urbano, defendiendo su presunción de inocencia y acusando a la oposición de instrumentalizar el caso con fines electorales. Sin embargo, fuentes internas del partido admiten que la situación ha generado preocupación.

Un caso que marcará la política local

La apertura de estas diligencias previas supone un duro golpe para la trayectoria de José María García Urbano. Urbano ha sido alcalde de Estepona desde 2011 y es considerado uno de los pilares del Partido Popular en la provincia de Málaga. El desenlace del caso no solo determinará su futuro político, sino también el clima de confianza en las instituciones locales.

Como venimos informando en elcierredigital.com, desde octubre García Urbano se enfrenta a una denuncia por presunto acoso sexual. Denuncia interpuesta por un policía local del municipio. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona fue el encargado de abrir diligencias.

El pasado lunes, la pareja del denunciante, C.P.B., declaró como testigo durante aproximadamente una hora y 50 minutos. Tuvo que responder a las preguntas de todas las partes: la acusación particular, la defensa del alcalde, el juez instructor y la fiscalía.

Según pudo saber en exclusiva elcierredigital.com, “la mujer ocupó durante meses un puesto de funcionaria eventual en el Ayuntamiento de Estepona”. “Tuvo un salario anual superior a 60.000 euros al año como consejera en el Área de Control Externo”.

Por otra parte, C.P.B., que ratificó la denuncia presentada por su pareja y ahora se suma como denunciante también, solo cuenta con titulación de auxiliar de Enfermería, estudios que no parecen guardar relación con el puesto que ocupaba.

En concreto, el Área de Control Externo y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Estepona supervisa y coordina diversas empresas y servicios municipales. Entre ellos, servicios de mantenimiento y limpieza o alumbrado público, entre otras.

C.P.B. se unió a esta Área “para desarrollar funciones propias de asesoramiento especial y confianza”. Así lo muestra un edicto de 2023 del Ayuntamiento de Estepona firmado por el propio alcalde.