Las contradicciones del alcalde del PP de Estepona en su caso de presunto acoso sexual

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha vuelto al centro de la controversia esta semana. Como venimos informando en elcierredigital.com, el edil fue denunciado por un funcionario municipal por presunto acoso sexual. 

Ahora, este medio ha podido confirmar en exclusiva —por fuentes cercanas al caso— que el alcalde de Estepona solicitó que las actuaciones del caso se declararan secretas.  Petición que habría sido denegada por el juez instructor. 

Además, se ha confirmado que José María García Urbano declaró el pasado lunes 18 de noviembre en calidad de investigado. Contradiciendo su afirmación de que acudió voluntariamente.

El proceso judicial se remonta al pasado 23 de octubre. Fue cuando un funcionario del Ayuntamiento de Estepona presentó una denuncia contra el alcalde, José María García Urbano, por presunto acoso sexual. 

Según la denuncia,  los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2022 y junio de 2023. Periodo durante el cual el denunciante afirma haber sido objeto de conductas inapropiadas por parte del regidor. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona abrió diligencias previas para investigar el caso. 

Fuentes judiciales han señalado que “el alcalde solicitó que las actuaciones del caso se declararan secretas. Argumentó la necesidad de proteger su imagen pública y garantizar la integridad del proceso”. 

Sin embargo, “el juez instructor denegó esta petición". Consideró que "no se cumplían los requisitos legales para decretar el secreto de sumario en este caso”.

Esto implica que las partes involucradas y sus representantes legales tienen acceso a las actuaciones. Pero se mantiene la reserva propia de la fase de instrucción.

El 18 de noviembre, José María García Urbano compareció ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. Inicialmente, el alcalde de Estepona afirmó que acudía de manera voluntaria para esclarecer los hechos y demostrar la falsedad de las acusaciones. 

No obstante, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado que García Urbano declaró en calidad de investigado. Esta condición le otorgaba el derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, derecho al que se acogió durante su comparecencia. 

Contradicciones en las declaraciones públicas del alcalde de Estepona

La afirmación del alcalde de Estepona sobre su comparecencia voluntaria ha sido puesta en entredicho. Según el procedimiento judicial,  una declaración voluntaria no otorga al declarante el derecho a no responder a las preguntas de las partes, derecho reservado a quienes comparecen en calidad de investigados. 

Por lo tanto, la negativa de José María García Urbano indica que su comparecencia no fue voluntaria, sino en calidad de investigado. Esta discrepancia ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y veracidad de las declaraciones públicas del alcalde de Estepona.

En este sentido, fuentes cercanas al caso declaran que “el alcalde de Estepona está tratando de ocultar esto a toda costa. Ya se han pronunciado a nivel nacional y exigido explicaciones a Feijóo, el alcalde está en una situación complicada políticamente”.

El silencio del alcalde de Estepona sobre las denuncias

La denuncia y las posteriores revelaciones han tenido un impacto significativo en el ámbito político local y regional. Diversos partidos de la oposición han exigido explicaciones al alcalde. Además de solicitar que se aparte temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen los hechos. 

Por ejemplo.  Emma Molina, portavoz del PSOE en Estepona, ha hablado con este medio. Según Molina, “el alcalde esquiva todas las preguntas sobre las denuncias, no hay manera de tener una explicación suya al respecto. Una explicación que la ciudadanía se merece”.

Por su parte, José María García Urbano ha reiterado en varias ocasiones que la denuncia es "falsa y sin fundamento". También ha sostenido que confía en que la justicia demostrará su inocencia. 

Implicaciones legales y éticas para el alcalde de Estepona

Según Emma Molina, “este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la coherencia en los responsables políticos. Especialmente cuando están involucrados en procesos judiciales”. 

En este sentido, son cada vez más los que argumentan que “la contradicción entre las afirmaciones del alcalde y la realidad procesal puede afectar a la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en las instituciones”. 

Asimismo, “la solicitud del secreto de actuaciones, aunque legalmente permitida en ciertos casos, puede interpretarse como un intento de ocultar información. Algo que genera suspicacias sobre la conducta del investigado”.

El proceso judicial contra el alcalde de Estepona por presunto acoso sexual avanza con nuevas revelaciones que contradicen las declaraciones públicas del regidor. La denegación del secreto de actuaciones y la confirmación de su comparecencia en calidad de investigado plantean interrogantes sobre la transparencia y de sus afirmaciones. 

Mientras la justicia sigue su curso, la opinión pública y el ámbito político permanecen atentos al desarrollo de este caso. Un caso que continuará con sus citas judiciales en las próximas semanas.

El denunciante sostiene que, bajo amenaza de perder su empleo, se vio obligado a mantener relaciones sexuales con el regidor.  Afirma que García Urbano le ofreció una ayuda económica de 2.000 euros mensuales. Y, supuestamente, le facilitó un arrendamiento para él y su pareja en un edificio llamado Panorama. 

Cuando intentó poner fin a estas relaciones, el denunciante asegura haber recibido amenazas de represalias laborales por parte del alcalde.