Ángel Ron del Banco Popular, al banquillo: Esta es la versión del expresidente acusado

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama va a sentar en el banquillo de los acusados al expresidente del Banco Popular Ángel Ron. El banquero estará acompañado por 12 exdirectivos de la entidad de crédito y los responsables de la auditora PwC. 

Todos ellos están acusados de cometer presuntas irregularidades contables en la ampliación de capital que el Banco Popular emprendió en mayo de 2016. Calama ha fijado una responsabilidad civil de 2.277 millones para garantizar indemnizaciones a los accionistas y perjudicados por la operación. 

En caso de derrota, los grandes pagadores del fallo  podrían ser el Banco Santander, que absorbió el Popular en junio de 2017 por 1 euro, y 7 aseguradoras que tenía contratadas el extinto Banco Popular para asuntos relacionados con la responsabilidad civil. 

Anticorrupción pide 6 años y medio de prisión a Ángel Ron

La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años y medio de prisión y una multa de 250.000 euros al expresidente del Popular, Ángel Ron, y a 3 de sus colaboradores. Los 4 directivos están acusados de cometer presuntos delitos de falseamiento de cuentas y de información económico-financiera de los ejercicios 2015 y 2016. 

Ron recibió este revés tras cobrar oxígeno hace unos meses por un dictamen de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que respaldó al juez Santiago Pedraz en otra causa abierta. El magistrado había decidido archivar de forma definitiva, tal y como había solicitado la Fiscalía, una anterior ampliación de capital en 2012 por parte del Banco Popular. 

Decía por entonces el tribunal que  "del informe de los peritos del Banco de España no se deduce de forma suficiente la existencia de indicios de una manipulación de la situación contable y económica del Banco Popular para propiciar una imagen errónea de sus estados financieros a la que realmente tenían". 

Y sobre presuntas irregularidades contables señalaba que "no concurren indicios que las mismas determinen un falseamiento de la información económico-financiera que afecte a la imagen fiel de la empresa, y menos aún que hayan causado un perjuicio de notoria gravedad a los inversores". 

Junto a Ron se libraron entonces el exvicepresidente Roberto Higuera y el auditor de PwC, José María Sanz Oliva. Lo hicieron tras fallarse el recurso presentado por la empresa familiar Cerquía (que alcanzó el 0,19% del quebrado banco) y otros inversores minoritarios. 

Sin embargo, ahora, Ángel Ron y su séquito tendrán que dar explicaciones en el banquillo de los acusados por la ampliación llevada en el Banco Popular en 2016.

La ampliación de 2016 en el Popular

Presentar cuentas que no reflejaban la salud económica de la empresa en 2015 y 2016 es la principal acusación que se cierne ahora judicialmente contra el expresidente Ángel Ron. El auto recien dictado por el juez José Luis Calama compromete directamente al banquero del Popular. La entidad crediticia quebró poco después de recaudar más de 2.500 millones de euros en una ampliación de capital que arruinó a muchos. Y que sirvió, sin embargo, para sanear en parte el banco comprado en 2017 por el Santander por apenas un euro. 

Ron, según el auto,  "permitió que se aprobara la ampliación de capital sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar capital por ese importe (...) Ese consejo fue una manifestación clara de déficit de gobernanza y, a nuestro juicio, adoleció de información y de debate".

El texto también deja claro que Ron tenía una grandísima responsabilidad en el Popular en el momento de la ampliación. Y es que era, ni más ni menos, que presidente de su consejo de administración, presidente ejecutivo y presidía también la comisión delegada del consejo.

El banquero, según el auto judicial, "fue quien impulsó la ampliación de capital del año 2016. Permitió que se aprobara dicha ampliación, con un déficit de gobernanza notable. Y sin explicar mínimamente las bases de cálculo de los 2.506 millones de la ampliación. El sr. Ron estaba al tanto del déficit de provisiones que afectaba al balance del banco durante los años 2015 y 2016".

Algunas voces señalan que las autoridades estatales y europeas miraron por otro lado sobre la situación del Popular. Pero el auto deja claro que sus responsables desoyeron todo tipo de consejos.  "Resulta sumamente peligroso despreciar y prescindir de las opiniones e instrucciones que contemporáneamente recibía Banco Popular por parte de Banco de España y BCE", se refleja en el auto del juez Calama.

De la sombra del delito se escapa el sucesor de Ron en la presidencia, Emilio Saracho, que tomó posesión efectiva el 20 febrero de 2017.Y según el auto no tuvo "ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable a que hemos hecho referencia". 

El texto añade: "Por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco". Saracho también se libró de la principal acusación que pesaba sobre él. La de realizar filtraciones a la prensa que provocaron una fuga de depósitos que facilitaron el final definitivo del Popular.

Fuentes de la investigación afirman a elcierredigital.com que "ahora Ángel Ron tendrá que preguntar a los 300.000 accionistas perjudicados por la falsificación de los balances en la ampliación de capital del 2016, dando lugar, a la mayor estafa de la historia del IBEX-35".

La versión de Ron

El expresidente Ángel Ron señaló que la solvencia del Popular fue avalada por los peritos del Banco de España. Estos afirmaron en 2019 que "las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad. Y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva". 

Sobre su posible decisión de esconder créditos dudosos para evitar provisionar grandes cantidades con el fin de asegurar operaciones de riesgo, el banquero se justificó en que "no conozco caso alguno que habiendo certificado unos peritos judiciales la existencia de irregularidades tales, la investigación se centre en una ampliación que reforzó el Banco y no en la resolución que de manera irregular acabó con él". 

"No había agujero alguno en las cuentas de 2015 que fueron las que dieron base a la ampliación de capital de 2016", sostiene el expresidente del Popular. Y ha llegado a explicar que "desde una perspectiva contable esta simulación no tiene soporte regulatorio. Y, por tanto, no cabe la exigencia de una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 ni 2016".

El banquero calificó su labor al frente del Popular de "trabajo arduo, muy profundo y riguroso". Y asegura que exhibirá "pruebas demoledoras" para batallar contra las tesis del instructor, que desliza que en el Popular se cometieron delitos de estafa y falsedad contable. 

Será ahora la Justicia la que determinará si Ángel Ron, sus colaboradores y la auditora PwC son o no responsables y cómplices de la mayor estafa financiera en el IBEX 35 español.