Se cierra el círculo para el alcalde de Estepona, citado a declarar por malversación

El alcalde del Partido Popular de Estepona, José María García Urbano, ha vuelto a llevarse un ‘revés’. Esta vez, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Estepona ha desestimado las peticiones presentadas por la defensa del alcalde de Estepona en el marco de las diligencias previas relacionadas con un presunto caso de malversación de fondos. 

Entre las solicitudes rechazadas figura la pretensión de que la señora C.P.B. compareciera como investigada y no como testigo el próximo 13 de enero. Debemos recordar que  C.P.B., además, se sumó como denunciante junto a su pareja a una causa paralela por presunto acoso sexual por parte de José María García Urbano. 

En el caso de la presunta malversación, el procedimiento judicial ha suscitado gran interés público. Según la investigación,  C.P.B. habría trabajado para el Ayuntamiento de Estepona en el Área de Control Externo. Área destinada a supervisar y ejecutar operaciones relacionadas con el alumbrado público del municipio, entre otros. 

Como ya revelamos en exclusiva en elcierredigital.com, C.P.B. fue designada ‘a dedo’ como asesora temporal en esta área. Teniendo, además, una formación no relacionada con las funciones del cargo. Ocurrió en un lapso de tiempo que coincide con el presunto doble acoso sexual que habrían sufrido C.P.B. y su pareja, que fue policía local en el municipio.

La defensa del alcalde presentó un escrito solicitando que C.P.B. fuese citada en calidad de investigada. La petición se fundamentó en la alegación de que su testimonio podría estar vinculado a decisiones administrativas clave que requieren una mayor investigación.

Decisiones judiciales clave para el alcalde de Estepona

El 13 de diciembre, el juez encargado del caso dictó una providencia en la que citó a la señora C.P.B. como testigo para el 13 de enero a las 10:00 horas. De esta forma, rechazaba implícitamente su citación como investigada.

En el mismo documento, se fijó la declaración del alcalde García Urbano para las 12:00 horas del mismo día, en calidad de investigado. Con la obligación de ser instruido sobre los derechos contemplados en los artículos 118, 520 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Posteriormente, el 18 de diciembre, la jueza María Ramos Blanco resolvió denegar otras solicitudes relacionadas. Entre ellas, la personación de C.P.B. y su pareja como partes afectadas en el proceso, al no acreditar condición alguna que justificase dicho estatus.

La providencia confirmó que C.P.B. deberá comparecer exclusivamente como testigo, conforme a lo indicado previamente.

Reacciones de las partes

La defensa de García Urbano ha manifestado su desacuerdo con las decisiones judiciales. Y ha anunciado que explorará las vías legales pertinentes para impugnar las resoluciones. Considera que la condición de testigo asignada a  C.P.B. limita la posibilidad de interrogarla bajo el marco de derechos y obligaciones que impone la condición de investigada.

Por su parte, fuentes cercanas a la acusación creen que "las resoluciones del juzgado refuerzan la imparcialidad del proceso". Además, subrayan la gravedad de las acusaciones contra el alcalde.

Contexto político y repercusiones

José María García Urbano, un referente del Partido Popular en la región, ha liderado Estepona durante varios mandatos. García Urbano ha destacado especialmente por su gestión urbanística y proyectos de desarrollo.

Sin embargo,  este caso ha generado un fuerte impacto en su reputación y podría tener consecuencias políticas significativas. Especialmente de cara a las próximas elecciones municipales.

La oposición ha aprovechado el caso para cuestionar la transparencia y ética del gobierno local. Por otra parte, los simpatizantes del alcalde defienden su gestión y destacan su compromiso con el desarrollo de Estepona.

Las próximas etapas del proceso

El juicio continuará con las declaraciones programadas para el lunes 13 de enero. En este contexto, se espera que el testimonio de C.P.B. aporte información clave para esclarecer los hechos. Asimismo, la declaración de García Urbano podría marcar un punto de inflexión en el caso.

A medida que avanza el proceso, la atención se centra en las pruebas que las partes puedan presentar. También en el criterio del tribunal para determinar la posible responsabilidad penal del alcalde. La malversación de fondos públicos es un delito que conlleva penas severas, incluyendo prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Además, subraya la necesidad de que los procesos judiciales se desarrollen con imparcialidad y respeto a los derechos de todas las partes involucradas.

El desenlace del caso podría tener un efecto ejemplarizante para otros municipios y autoridades.

La decisión del Juzgado de rechazar las peticiones de la defensa de García Urbano representa un capítulo más en un caso que promete seguir acaparando titulares. Las declaraciones previstas para el próximo lunes podrían aportar nuevos elementos a la investigación. Y podrían marcar un momento decisivo en la resolución de uno de los casos más relevantes en la política local de Estepona.