EP Lo oculto de la siderúrgica 'peneuvista' Sidenor: Sus vínculos con empresas israelíes
Sindicatos y trabajadores han hecho que el acero vasco se desvincule de la compañía armamentística de Israel IMI Systems
La empresa vasca Sidenor Aceros Especiales, con sede en Basauri, ha anunciado el fin de su relación comercial con la compañía armamentística IMI Systems. Esta empresa es propiedad del gigante militar israelí Elbit Systems.
La decisión, según fuentes internas de la empresa, representa una pérdida de apenas el 0,5% de su facturación total. Pero tiene una enorme carga simbólica. Y es que se produce tras una intensa campaña de presión social, sindical y política. Esta campaña denunciaba su "implicación indirecta en el genocidio perpetrado por Israel en Gaza".
La noticia, revelada el pasado 10 de junio por el medio irlandés The Ditch, sacó a la luz que Sidenor llevaba al menos diez meses suministrando acero al fabricante de armas israelí. El material, esencial para la elaboración de proyectiles, cañones y otros sistemas bélicos, tenía como destino final el puerto de Ashdod, en Israel. Lo hacía a través del carguero Zim Luanda, que atracó recientemente en Barcelona para cargar parte del pedido.
La presión no tardó en multiplicarse. Los sindicatos vascos ELA, LAB y ESK acusaron públicamente a la accionista de Talgo de "colaborar con el genocidio del pueblo palestino". Y exigieron el "cese inmediato del envío de acero con fines militares a Israel". Al mismo tiempo, el movimiento Boikot, Desinversiones y Sanciones (BDS) en Euskal Herria reclamaba responsabilidades al Gobierno vasco. Y denunciaba la "complicidad de parte de la industria vasca con la ocupación, el apartheid y la represión en Palestina".
La compañía trató de contener los daños. En un comunicado, alegó que su ruptura con Israel se produce "tras la decisión tomada por el Gobierno de España en abril de suspender los contratos de ventas con dicho país". Sin embargo, la cronología sugiere que la respuesta social fue decisiva para acelerar la salida.
Sidenor, símbolo de un nuevo escrutinio
La relación de Sidenor con Israel ha desatado un profundo debate en el tejido industrial vasco. Fundada en Euskadi y con un fuerte componente identitario, Sidenor forma parte del consorcio empresarial que este año, junto al Gobierno vasco, BBK Fundazioa y Vital, ha impulsado la operación para adquirir Talgo.
Con una inversión conjunta de más de 150 millones, el grupo defiende el traslado de la sede de Talgo a Euskadi, en una apuesta por el arraigo industrial.
Sin embargo, el escándalo ha sembrado dudas sobre los criterios éticos de algunas de estas operaciones. En este sentido, la figura de José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y referente del empresariado peneuvista, ha quedado en entredicho. Aunque la empresa haya cortado la relación, la imagen de una acería vasca alimentando el complejo militar israelí ha generado una gran polémica.
La sombra de CAF: la herida que no cierra
El caso Sidenor reabre un conflicto que lleva años latente en la política vasca: la participación de empresas locales en proyectos que vulneran derechos humanos. El ejemplo más conocido es el del Grupo CAF, también con sede en Euskadi y con el Gobierno vasco como accionista mediante el fondo Finkatuz.
CAF forma parte del consorcio JNET, encargado de construir y operar el polémico tranvía de Jerusalén. El mismo conecta barrios de Jerusalén Oeste con colonias israelíes ilegales en Jerusalén Este, según la ONU. Es un proyecto que ha sido ampliamente condenado por organizaciones internacionales, que acusan a la compañía de contribuir a la normalización de la ocupación y el apartheid israelí.
Desde 2020, más de 70 ONG y sindicatos han exigido a CAF que se retire del proyecto, alegando que su implicación vulnera el derecho internacional. Pero la empresa ha seguido defendiendo la legalidad del contrato “dentro del marco jurídico israelí”. Con la intensificación de la ofensiva militar sobre Gaza desde octubre de 2023, y las más de 56.000 víctimas mortales palestinas reconocidas por organismos internacionales, el silencio de CAF es estruendoso.
El PNV, entre la ética y la economía
La presión social también ha llegado al Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ha sido señalado por sus vínculos con el entramado empresarial que mantiene relaciones con el Estado de Israel. EH Bildu ha intensificado sus críticas en las últimas semanas, acusando al PNV de 'doble moral'. Y es que condena públicamente los ataques sobre Gaza, mientras respalda económica y políticamente a empresas que colaboran con la ocupación.
La participación del Gobierno vasco en CAF, así como su implicación directa en el fondo Finkatuz, convierte esta controversia en una cuestión de Estado. Desde sectores de la izquierda soberanista y movimientos sociales se exige una auditoría de los contratos internacionales de las empresas públicas vascas. Así como una cláusula ética vinculante para evitar relaciones comerciales con regímenes que violan los derechos humanos.
Una victoria social parcial, pero significativa
El caso Sidenor se interpreta como una victoria de la sociedad civil. Aunque la empresa haya minimizado el impacto económico de su decisión, el simbolismo de romper relaciones con Israel en pleno genocidio es incuestionable. Además, el precedente marca un camino para otras compañías vascas implicadas en proyectos similares.
La denuncia interpuesta por la Comunitat Palestina de Catalunya ante la Audiencia Nacional contra el barco Zim Luanda por complicidad con el genocidio abre un nuevo frente legal.
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