Nuevo giro en el 'caso hidrocarburos': El principal valedor de este fraude millonario

El denominado  'caso Hidrocarburos' sigue generando titulares. Investigaciones recientes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han revelado más detalles sobre la trama. 

La red, presuntamente liderada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas, utilizó empresas pantalla y 'valedores' para defraudar más de 220 millones de euros. Este aumento respecto a los 182,5 millones iniciales evidencia la magnitud del delito.

En nuevas redadas, las autoridades incautaron documentos clave y dispositivos electrónicos. También se detuvo a colaboradores cercanos de los líderes de la organización. Estos movimientos buscan consolidar pruebas y desarticular por completo la estructura delictiva. Además, se investigan vínculos con altos cargos políticos.

Como venimos informando en elcierredigital.com, Víctor de Aldama compagina este caso con las investigaciones que lo vinculan al exministro José Luis Ábalos. Según informes, utilizó contactos políticos para obtener contratos durante la pandemia en el denominado ‘caso Koldo’. 

Por su parte, Claudio Rivas está implicado en operaciones inmobiliarias dudosas. Entre ellas, la adquisición de propiedades que podrían estar conectadas con el propio Ábalos. 

Mientras tanto, el caso sigue bajo la supervisión de la Audiencia Nacional. El pasado mes de octubre, el juez Santiago Pedraz ordenó prisión provisional para De Aldama y Rivas. Posteriormente, ambos fueron liberados tras ofrecer colaboración con la Fiscalía. Sus declaraciones han ayudado a esclarecer parte de la operativa de la red.

Nuevos giros en el proceso judicial

Ahora, un auto emitido el 16 de enero marca un punto de inflexión. Este documento atendió un recurso de queja de la defensa de Juan Sánchez Yepes, otro implicado en la trama de los hidrocarburos. La resolución obliga al Juzgado Central de Instrucción número 5 a reconsiderar una solicitud de nulidad de actuaciones.

Según el auto, el artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite declarar la nulidad de actuaciones bajo ciertas condiciones. Este fallo refuerza las garantías procesales para los investigados y podría influir en el desarrollo del caso.

La obligación de tramitar el incidente de nulidad no implica automáticamente que toda la investigación quede anulada. Lo que significa es que el juez Santiago Pedraz deberá revisar si el desglose de actuaciones en el caso matriz, relacionado con los hidrocarburos y Víctor de Aldama, fue realizado de forma ajustada a derecho.

Si, tras el análisis, se concluye que el desglose fue ilegal, ciertas pruebas o actuaciones derivadas de este podrían ser invalidadas. Esto no implicaría automáticamente la anulación de toda la investigación, pero sí podría debilitarla al excluir elementos clave del proceso.

Por otro lado, si el incidente de nulidad es rechazado, el procedimiento seguiría adelante sin cambios significativos.  Mientras tanto, la UCO sigue investigando para identificar a otros posibles implicados.

Entre las incautaciones destacan inhibidores de frecuencia, dinero en efectivo y vehículos de lujo. Estos objetos reflejan el nivel de vida de los implicados y la sofisticación de sus métodos. La red usaba sociedades ficticias para transferir fondos ilícitos a países como Portugal, China y Colombia. Esto dificultaba rastrear los flujos de dinero y enmascaraba la procedencia de los fondos.

Los antecedentes de Víctor de Aldama y Claudio Rivas

Víctor de Aldama,expresidente del Zamora CF, ha estado involucrado en varios casos de corrupción. Su papel como comisionista le permitió establecer contactos clave en el ámbito político. También está vinculado al "caso Koldo", que implica posibles adjudicaciones irregulares durante la pandemia. 

Según fuentes jurídicas, consultadas por elcierredigital.com, “su historial empresarial refleja un patrón de opacidad. También hay una clara tendencia al uso de estructuras financieras complejas para ocultar actividades ilícitas”.

Claudio Rivas, experto en el sector inmobiliario, formó parte de la red gracias a su relación con De Aldama. Una de sus operaciones más cuestionadas fue la compra de un chalé en Cádiz, presuntamente para el uso de Ábalos. Esta acción apunta a una estrategia para afianzar la influencia de la trama en círculos políticos y empresariales.

Sin embargo, algunas evidencias contradicen sus declaraciones iniciales. Esto, según fuentes jurídicas, “genera dudas sobre su verdadero nivel de implicación y sus intenciones al cooperar con las autoridades”.

Las implicaciones de la trama de los hidrocarburos

Las fuentes jurídicas consultadas por este medio afirman que “el caso Hidrocarburos es un ejemplo claro de corrupción a gran escala. Las conexiones políticas y empresariales reveladas destacan la urgencia de reforzar los controles en sectores estratégicos. También subrayan la importancia de la cooperación internacional para rastrear flujos ilícitos y prevenir el blanqueo de capitales”.

“Las autoridades enfrentan el reto de cerrar las lagunas legales que permiten estas prácticas. La magnitud del fraude representa un duro golpe para las arcas públicas. Además, plantea interrogantes sobre la supervisión de las relaciones entre empresas privadas y el sector público”, recalcan las mismas fuentes.

Paralelamente, otras investigaciones de alto impacto, como el 'caso Koldo' y el 'caso Begoña Gómez', han puesto en evidencia redes de corrupción que abarcan diversos sectores. Las fuentes consultadas sentencian que “estos procesos judiciales reflejan un patrón común. La utilización de contactos estratégicos para facilitar operaciones irregulares”.

“En este contexto, el caso Hidrocarburos destaca por su alcance financiero y su repercusión internacional. Las investigaciones en curso subrayan la necesidad de implementar mecanismos más robustos para prevenir y detectar fraudes a gran escala”, concluyen las mismas fuentes.