'Guerra' en el Colegio de Médicos de Madrid: Los negocios de Merina, al descubierto
Tomás Merina, exganador de las elecciones al Icomem, ocupa cargos en empresas clave en la sanidad privada
El caso de Tomás Merina, que ganó las elecciones a la presidencia del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) pero vio su candidatura anulada, ha dado un nuevo giro. Merina ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.
Su equipo legal alega que la decisión de invalidar su elección fue arbitraria. Añaden que carece de base jurídica y viola los derechos fundamentales de Tomás Merina. Además, solicitan la suspensión cautelar de la resolución de la Comisión de Recursos mientras se resuelve el fondo del caso. Argumentando que dicha decisión podría causar un daño irreparable a la democracia interna del Icomem.
Fuentes cercanas al proceso judicial han informado que Merina no solo busca la restitución de su victoria electoral. "También una compensación económica por el daño reputacional que considera haber sufrido".
En los documentos judiciales presentados por el equipo legal de Merina, se incluyen supuestas pruebas de su cumplimiento con los requisitos electorales. E incluyen testimonios de expertos que apuntan a una supuesta falta de imparcialidad en la actuación de la Comisión de Recursos.
Merina ha declarado: "Esta lucha no es solo por mí, sino por la integridad y la transparencia que merece el Colegio de Médicos".
En respuesta, la Junta Electoral del Icomem, presidida por el Rafael del Río, emitió una carta dirigida a los colegiados el pasado lunes. En ella se recalca que la resolución de la Comisión de Recursos forma parte de un proceso reglamentario en el que cualquier decisión electoral puede ser objeto de impugnación.
Además, afirma que la nueva Junta Directiva no tomará posesión hasta que las autoridades judiciales resuelvan el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Merina.
Elcierredigital.com ha contactado con Manuel Martínez-Sellés, presidente en funciones del Icomem. Martínez ha señalado que “el recurso denunciando que el Dr. Merina no cumplía con los requisitos mínimos para ser presidente del Colegio de Médicos de Madrid se puso un mes antes de las elecciones. El dictamen de la Comisión de Recursos, de forma muy contundente, confirma que el Dr. Merina no cumple con esas condiciones”.
“En cuanto recibimos ese dictamen lo comunicamos con total transparencia. Nosotros hemos sido tremendamente respetuosos con los órganos institucionales. Es una pena que otros no los sean”.
En relación con las demandas judiciales, el presidente en funciones del Icomem explica que “los estatutos del Colegio de Médicos de Madrid son públicos. La Comisión de Recursos tiene un papel muy claro y ha estimado el recurso presentado frente a un presidente electo que no cumplía los requisitos obligatorios del Colegio”.
“Tengo pocas dudas de que cualquier juez estará de acuerdo con dicha decisión. En cualquier caso, como he dicho previamente, nosotros siempre respetaremos las instituciones y la legalidad”, sostiene Martínez-Sellés.
Sobre los intereses empresariales en el entorno del Icomem, Martínez-Sellés ha sido contundente. “Yo no tengo ningún conflicto de interés ni relación con ninguna empresa y así lo manifesté ante notario antes de las elecciones. La independencia y trasparencia son fundamentales para una buena gobernanza. Nuestra junta directiva implantó un programa de compliance muy riguroso que, espero, se mantenga en el futuro”.
Un giro inesperado en el proceso electoral
El pasado 18 de diciembre Tomás Merina dio la sorpresa al derrotar al entonces presidente Manuel Martínez-Sellés. Merina presentó su candidatura bajo el lema “Icomem para todos”, prometiendo mayor transparencia y una renovación en la gestión.
Sin embargo, un mes después de su victoria y a solo una semana de su toma de posesión, su candidatura fue invalidada. Concretamente, por no cumplir con los requisitos establecidos por el propio colegio.
El anuncio, realizado el 16 de enero, dejó al actual dirigente, Martínez-Sellés, como presidente interino. En un comunicado este aseguró que no se postularía para la reelección y convocó nuevas elecciones. La decisión ha suscitado críticas y apoyo dividido entre los colegiados.
Las razones detrás de la descalificación
Aunque oficialmente no se han divulgado los motivos exactos de la anulación, elcierredigital.com tuvo acceso exclusivo a información sobre los verdaderos motivos de la decisión. En su discurso electoral, Merina afirmó no tener “ningún vínculo con empresas del sector sanitario, hospitalario ni asegurador”. Esto reforzó su imagen de independencia.
Sin embargo, un análisis exhaustivo de su trayectoria muestra una extensa red de vinculaciones empresariales. Algunas de ellas relacionadas con el ámbito sanitario, lo que habría generado un claro conflicto de interés.
Según los informes analizados, Merina es administrador único de Dokter Capital SL, una sociedad de capital riesgo enfocada en startups de salud. Además, ocupa cargos clave en empresas como Oncogenomics SL, Kunsen VC y Los Ángeles de Badajoz. Todas ellas ligadas a la medicina privada y la innovación sanitaria.
Estas vinculaciones no fueron declaradas durante su candidatura y contradicen sus afirmaciones de independencia. Lo que habría motivado la anulación por parte de la Comisión de Recursos.
Otro aspecto relevante es su participación directa, y la de su familia, en diversas empresas relacionadas con el sector de la salud. Los documentos indican que su hija, Alicia Merina Castilla, y su hijo, Antonio Merina Castilla, también ostentan cargos en sociedades del mismo ámbito. Entre ellas Ziken Inversiones SL y Dokter Capital SL.
Esta red de intereses familiares reforzó las dudas sobre la imparcialidad de su gestión como candidato a presidente del Icomem.
Transparencia y contradicciones en su currículo
La candidatura de Merina también ha estado marcada por dudas sobre la veracidad de su formación académica y profesional.
Merina afirma haber cursado varias licenciaturas y grados. Entre las que se incluyen Sociología, Ciencias Políticas, Historia del Arte y Derecho, entre 2002 y 2018. Sin embargo, los informes destacan inconsistencias en las fechas de obtención de estos títulos.
Durante el periodo en que afirma haber cursado simultáneamente las licenciaturas de Ciencias Políticas e Historia del Arte, también ocupó cargos directivos en varias empresas. Concretamente, la presidencia del Hospital Fuensanta y de La Equitativa de Madrid.
La imposibilidad de compatibilizar estas responsabilidades alimentó las sospechas. Fuentes sanitarias consultadas por elcierredigital.com declararon que “parte de su currículo podría estar inflado o falsificado”.
Reacciones de Merina y el entorno sanitario
Tras conocerse la invalidación, Tomás Merina publicó un comunicado en el que tachó la decisión de “injusta y arbitraria”. Argumentó que su candidatura había sido inicialmente validada por el propio Icomem y que la anulación respondía a “intereses opacos”. “Mi elección fue la decisión democrática de los colegiados, y esta medida solo sirve para desprestigiar al colegio”, declaró.
Por otro lado, sectores del colegio que apoyaron su candidatura han expresado desconcierto. Otros critican su falta de transparencia y consideran que su elección hubiera supuesto una continuación de las prácticas cuestionables que prometió combatir.
El futuro del Icomem
Con la decisión de invalidar la candidatura de Tomás Merina, el futuro del Colegio de Médicos de Madrid queda en el aire. Las elecciones de diciembre ya habían estado marcadas por tensiones internas y una creciente desconfianza entre los colegiados. La anulación de la victoria de Merina profundiza estas divisiones.
Además, según fuentes sanitarias, esta situación “plantea dudas sobre la capacidad del Icomem para gestionar de manera transparente sus procesos electorales”.
El Icomem sigue a la espera de los resultados de las demandas judiciales presentadas por Tomás Merina. La resolución de este caso determinará si se convocan nuevas elecciones o si se adoptan otras medidas.
Mientras tanto, fuentes sanitarias sentencian que “el escándalo expone la necesidad urgente de reforzar la transparencia y la independencia dentro de la institución. Resolver este conflicto será clave para recuperar la confianza de los colegiados y garantizar una gestión más justa y eficaz”.
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