Indra podría no computar más votos en elecciones: 'Hacienda ve si anula sus contratos'

En los últimos meses, la situación de la empresa  Indra ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a varios factores. En primer lugar, tal y como viene informando elcierredigital.com, a causa de las  caídas de la web del recuento provisional de votos durante las elecciones del 28-M de 2023, gestionada por la empresa. 

Guillermo Rocafort, letrado solicitante de información que lleva un año de ‘pulso’ con Indra, presentó una reclamación solicitando acceso a los informes de la empresa que detallen los motivos de dichas caídas, los protocolos fallidos y las medidas adoptadas para restablecer el sistema.

La negativa del Ministerio del Interior a proporcionar estos informes, alegando motivos de seguridad, llevó al Consejo de la Transparencia a intervenir.

El 11 de abril de 2024,  el Consejo de la Transparencia resolvió que el Ministerio del Interior debía proporcionar los informes solicitados, argumentando que la divulgación de esta información no compromete la seguridad pública.

Según el Consejo, estos informes son cruciales para garantizar la confianza pública en el sistema democrático al demostrar la transparencia y la eficacia de las medidas adoptadas para manejar las incidencias en el sistema de escrutinio provisional.

Este mes de julio  el Consejo de la Transparencia acusó al Ministerio del Interior de sembrar dudas electorales al negarse a desvelar informes de Indra  sobre las caídas de la web del recuento provisional de las elecciones del 28-M.

Ahora, tal y como ha enfatizado el letrado Guillermo Rocafort  en conversaciones con elcierredigital.com, “Indra podría dejar de computar votos en España debido a su participación en actividades contra la justa competencia”. Esta decisión sería el resultado de múltiples condenas judiciales y la posible prohibición de “contratar con el Estado español”.

Y es que Indra, que es una de las principales empresas tecnológicas en España, ha estado implicada en varios casos de prácticas anticompetitivas. En particular,  la empresa fue hallada culpable de formar parte de un cártel en el sector ferroviario, donde se coordinó para repartir contratos públicos y privados, incluyendo aquellos relacionados con la electrificación y el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad.

Esta conducta llevó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a imponer una multa de 870.000 euros a Indra en 2019.

Además de este caso,  Indra también ha sido vinculada a un ‘cártel tecnológico’, conocido como el "cártel Informático", que involucraba a varias empresas en la manipulación de precios y licitaciones en contratos tecnológicos. Este cártel fue confirmado por el Tribunal Supremo, que rechazó los recursos presentados por las empresas implicadas.

En este sentido, el abogado Guillermo Rocafort ha explicado en conversaciones con este medio que “Indra ha sido condenada en varias ocasiones por falsear la competencia y aliarse con otras empresas para ‘costarle’ más dinero al Estado".

"Existe una sentencia que impone una multa a Indra de 870.000 euros, aunque está recurrida. Sin embargo, otra sentencia de la Audiencia Nacional del 29 de abril de 2024 desestimó las pretensiones de Indra, lo que podría abrir el camino para la prohibición de contratar con el Estado, una vez que la sentencia sea firme”, señala Rocafort.

Ante lo expuesto, el letrado ha señalado que  “el Ministerio de Hacienda ha iniciado un procedimiento para evaluar la prohibición de Indra de participar en contratos públicos”.

Según la Ley de Contratos del Sector Público en España, una condena firme por prácticas anticompetitivas puede resultar en la inhabilitación de una empresa para contratar con el Estado. 

“No debería computar votos una empresa condenada por la CNMC”

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), junto con otras empresas como IBM, Atos, Accenture y Everis, Indra participó en un cártel que buscaba controlar el mercado de contratación pública mediante la creación de Uniones Temporales de Empresas (UTE) que aparentaban una situación de competencia normal.

Sin embargo, estas UTE se usaban para asegurar que determinadas compañías tuvieran un porcentaje fijo de facturación y condiciones ventajosas a cambio de no participar en ofertas alternativas durante los procesos de licitación.

La investigación se inició en 2015 y concluyó con sanciones que totalizaron 29,9 millones de euros para las 11 empresas involucradas. En concreto, la multa específica para Indra ascendió a 13,5 millones de euros. 

En lo que respecta a las caídas de la web de Indra durante el cómputo de votos en las elecciones del 28M del pasado 2023, el letrado Guillermo Rocafort señala que “todo está más relacionado de lo que parece, no podemos permitir que una empresa que ha sido condenada y que está a la espera de sentencia firme por delitos contra la competencia siga encargándose del cómputo de votos en unas elecciones en España”.

En este sentido, Rocafort sostiene que “la solución óptima sería sacar a Indra de esta ecuación y delegar su responsabilidad de cómputo de votos en una o varias empresas distintas, que aseguran un proceso transparente y justo en el que cualquiera pueda consultar incidencias como las que ocurrieron el 28M”.

Paradójicamente, el letrado Rocafort incide en que “la empresa (Indra) puede quedarse sin acceso al cómputo de votos por algo no relacionado directamente con las elecciones, a pesar de todo el revuelo que ha habido con las caídas de su web durante el 28M. Son demasiadas las polémicas que lleva acumulando como para no intervenir", concluye.