Zaida Fernández, la abogada del Estado que ‘defiende’ a Sánchez: Sus mediáticos casos

Pedro Sánchez sigue generando polémica tras presentar una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación del caso Begoña Gómez. Las medidas legales tomadas por Sánchez han desatado respuestas de partidos políticos y de organizaciones jurídicas.

El presidente Sánchez ha decidido querellarse contra el juez Peinado después de que este lo citara a declarar como testigo en la investigación que involucra a su mujer,  Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Sánchez argumentó que, según la normativa, debería haber podido declarar por escrito debido a su cargo, pero Peinado insistió en una declaración presencial. En respuesta, Sánchez se acogió a su derecho a no declarar —tal y como ya avanzó elcierredigital.com— y posteriormente presentó la querella por prevaricación, acusando al juez Peinado de tomar decisiones injustas y arbitrarias sin base legal sólida.

Vox no ha tardado en responder a la querella de Sánchez, presentando una contrademanda. El partido verde acusa al presidente del Gobierno de intentar manipular e intimidar al sistema judicial para proteger a su esposa, sugiriendo que Sánchez está usando su posición de poder para influir en el caso de corrupción en el que está implicada su mujer. Según Vox, esta acción podría representar un intento de interferir en el proceso judicial y una violación de la independencia judicial.

Las respuestas a la denuncia de Sánchez también han llegado por parte de Iustitia Europa, que ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez  y otras autoridades implicadas, incluyendo a la Abogacía del Estado. La organización acusa a Sánchez de prevaricación y malversación, alegando que utilizó a la Abogacía del Estado para fines privados.

La querella de Iustitia Europa argumenta que Pedro Sánchez utilizó recursos públicos de manera inapropiada al involucrar a la Abogacía del Estado en una cuestión que consideran de índole privada. Y subraya que el uso de la Abogacía del Estado para defender a su esposa no está justificado bajo la ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que no cubre a los cónyuges de las autoridades. Iustitia Europa sostiene que el uso indebido de medios públicos podría constituir un delito de prevaricación y malversación.

El papel de la abogada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro

Aunque todas las miradas están puestas en Sánchez, hay un nombre que ha resonado especialmente en torno al caso, y es el de Zaida Isabel Fernández Toro, abogada del Estado, que firma la querella del presidente del Gobierno contra el juez Peinado.

Fernández Toro ha estado involucrada en varios casos judiciales de relevancia como abogada del Estado en España y también figura como secretaria desde enero de este año en Hunosa (Hulleras del Norte S.A.), una compañía histórica en el sector minero español, ahora enfocada en la transición energética y la diversificación empresarial, que además forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

Esta no es la única empresa en la que figura Fernández Toro, también participa en la empresa pública ENISA (Empresa Nacional de Innovación S.A.), donde ocupa el cargo de secretaria del Consejo de Administración desde noviembre de 2023. ENISA es una entidad pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales innovadores a través de préstamos participativos, enfocados en apoyar a pequeñas y medianas empresas españolas.

Paradójicamente, tal y como ha revelado Libertad Digital, ENISA patrocinó eventos como "Mañana empieza hoy", organizados por la consultora del empresario  Juan Carlos Barrabés —muy ligado a la investigación sobre Begoña Gómez—, con aportaciones que alcanzaron los 80.000 euros para un foro de conferencias de tres días en IFEMA. 

A pesar de que la querella contra el juez Peinado es el caso quizá más noticiado en su carrera hasta ahora, Fernández Toro ha estado involucrada en otros casos de relevancia en nuestro país, entre los que destaca su defensa de los líderes independentistas catalanes o su implicación en la causa contra Alberto González Amador, pareja actual de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los casos más relevantes de Zaida Isabel Fernández Toro

Además de lo dicho hasta ahora, la abogada del Estado ha participado activamente en otras causas relevantes en España. Por ejemplo,  en la defensa de  Oriol Junqueras y otros líderes independentistas en el contexto de la aplicación de la ley de amnistía relacionada con el 'procés'. En este caso,  la letrada pidió la amnistía total para los líderes catalanes argumentando que las acciones de los acusados no buscaban un enriquecimiento personal y estaban dentro del marco de la Ley de Amnistía.

También participó en la defensa de otros exconsejeros catalanes como Clara Ponsatí, implicados en los hechos relacionados con el referéndum independentista de 2017 y acusados de desobediencia y malversación.

De igual manera, y en representación del Estado, Fernández Toro pidió el "inmediato alzamiento" de la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, con los mismos motivos anteriormente mencionados.

Por otra parte, Fernández Toro estuvo involucrada en la controversia sobre la devolución de menores marroquíes desde Ceuta en 2021. En agosto de ese año, se produjo la devolución de 55 menores no acompañados desde la ciudad autónoma a Marruecos. Este suceso generó polémica, ya que se alegó que las devoluciones se realizaron sin seguir el procedimiento legal adecuado. 

También se destaca su participación en el caso que rodea al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, investigado por un presunto delito de falsedad documental y fraude fiscal. Inicialmente, el abogado del Estado, Julián Martínez-Simancas, mostró predisposición para retirar la acusación por falsedad documental contra González Amador. Sin embargo, esta decisión fue revisada tras el nombramiento de un nuevo Abogado General del Estado, David Vilas Álvarez, quien designó a Zaida Isabel Fernández Toro para hacerse cargo del caso.

Toro también representa a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en una querella interpuesta por González Amador contra la Fiscalía, alegando revelación de secretos.