Sánchez utiliza su derecho a no declarar sobre su mujer como avanzó El Cierre Digital

La reciente citación del presidente Pedro Sánchez paradeclarar como testigo en el caso que involucra a su esposa, Begoña Gómez, que lleva el Juzgado nº 41 de Instrucción de Madrid, ha generado un amplio debate tanto en el ámbito judicial como político. Esta citación, promovida por las acusaciones populares unificadas -compuestas por Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Movimiento para la Regeneración Política de España (MRPE) y Iustitia Europa- busca esclarecer posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción de negocios relacionados con la adjudicación de contratos.

La declaración del presidente como testigo en el caso que involucra a su mujer estaba prevista para hoy martes. Sin embargo, tal y como ya adelantó elcierredigital.com, el presidente Sánchez se ha acogido a la dispensa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le permite no declarar.

El juez Peinado informó a Pedro Sánchez al comienzo de su comparecencia que, debido a su relación marital con Begoña Gómez, no estaba obligado a testificar. Sin embargo, le indicó que tenía la opción de hacer cualquier declaración que considerara pertinente, conforme a lo que establece la ley. La declaración de Sánchez ha durado alrededor de dos minutos, los necesarios para señalar al juez Peinado su intención de no testificar como testigo.

Como ya informó este medio sobre los motivos de la declaración de Sánchez, según el escrito de las acusaciones populares unificadas,  la citación del presidente se fundamentaba en la necesidad de esclarecer su participación en varias reuniones en el Palacio de la Moncloa, donde estuvieron presentes tanto Begoña Gómez como el empresario Juan Carlos Barrabés. Este último ha sido implicado en la presunta adjudicación de contratos públicos a sus empresas, algunos de los cuales fueron financiados con fondos europeos. Durante su comparecencia el pasado 15 de julio, Barrabés afirmó haber asistido a reuniones con Gómez y Sánchez, aunque no pudo proporcionar detalles precisos sobre el contenido de dichas reuniones.

La decisión de citar a Sánchez también se debió a que Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar durante su comparecencia el pasado 19 de julio. Este silencio ha llevado a las acusaciones a considerar que la declaración de Sánchez es esencial para aclarar los hechos investigados.

De esta manera, y tras las peticiones de las acusaciones,  el juez Peinado decidió tomar declaración al presidente, aunque finalmente Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar.

Y es que como ya avanzó elcierredigital.com, Pedro Sánchez podría,  llegado el momento de su declaración y tras escuchar sus derechos, acogerse al artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que exime a parientes directos del procesado, incluyendo al cónyuge (en este caso, Pedro Sánchez) , de la obligación de declarar en su contra (en este caso, sobre Begoña Gómez), algo que finalmente ha sucedido.  Esta disposición legal pretende proteger la intimidad familiar y evitar conflictos de lealtad que podrían surgir al obligar a un familiar cercano a testificar contra el procesado.

Sobre este asunto, fuentes judiciales consultadas por este medio sostuvieron hace una semana que "una persona investigada tiene derecho a no declarar e incluso a no decir la verdad, pero un testigo sí que tiene obligación de declarar y decir la verdad, salvo excepciones como la de ser cónyuge". Para los expertos consultados, "es un dilema muy peligroso el que se le presenta al presidente Sánchez, en un tema tan turbio".

No obstante, la interpretación de esta normativa es y ha sido objeto de debate en el ámbito judicial. Algunas recientes consideraciones jurisprudenciales sugieren que la aplicación estricta de esta dispensa podría generar confusión y problemática en la práctica judicial diaria, especialmente en casos complejos como este.

El PSOE respondió a la citación del juez Peinado calificándola como una "persecución política" y un "montaje" orquestado por el Partido Popular y otras fuerzas opositoras. Argumentan que la citación de Sánchez es una maniobra destinada a desgastar la imagen del presidente y su gobierno.

En este sentido, fuentes judiciales consultadas por elcierredigital.com explicaron que "si Sánchez se basa en la misma idea que su esposa, de que todo es una persecución y que esta es una investigación prospectiva, también podría acogerse a su derecho a no declarar, emulando de algún modo la estrategia utilizada por su mujer". 

Desde una perspectiva política, la citación de Sánchez tiene un gran impacto, especialmente al coincidir con el cierre del curso político. La oposición ha aprovechado la situación para recordar declaraciones pasadas de Sánchez sobre la responsabilidad política y la necesidad de dimitir en situaciones comprometidas, haciendo un paralelismo con casos anteriores como el de Mariano Rajoy, que declaró como testigo en la causa que investigó la Trama Gürtel.

El caso Begoña Gómez y el peso de la declaración de Sánchez

El caso que involucra a Begoña Gómez se centra en la posible comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Las acusaciones señalan que Gómez podría haber utilizado su posición y su relación con altos funcionarios, incluyendo a su marido, para favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés en la adjudicación de contratos públicos. Algunos de estos contratos fueron presuntamente financiados con fondos europeos, lo que ha añadido una dimensión internacional al caso.

La citación de Pedro Sánchez, que estaba programada para el 30 de julio de 2024, y su decisión de acogerse al artículo 416.1 de la LECrim para no declarar como testigo es crucial en este sentido.

La decisión de un presidente en ejercicio de acogerse al artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no declarar en un juicio puede tener repercusiones significativas en su imagen política y en la percepción pública. Esta decisión podría ser vista como una falta de transparencia y un intento de evadir responsabilidades, lo cual afectaría negativamente tanto su reputación como la de su administración.

En el ámbito político, la transparencia y la responsabilidad son pilares fundamentales para mantener la confianza del público. Un presidente que decide no declarar, aunque esté amparado por la ley, puede ser percibido como alguien que tiene algo que ocultar. Esta percepción puede minar la credibilidad de su gobierno y generar sospechas entre la ciudadanía sobre la existencia de conductas inapropiadas o ilegales dentro de su administración.

La transparencia en la política no solo implica actuar de manera ética y legal, sino también parecerlo. La negativa a declarar puede ser interpretada como una falta de disposición para colaborar con la justicia y esclarecer los hechos, lo que podría interpretarse como un intento de proteger a su entorno cercano a costa de la verdad y la justicia.

En este sentido, la opinión pública es un factor crucial en la política. La percepción de que un presidente no coopera plenamente con la justicia puede erosionar su base de apoyo. Los votantes esperan que sus líderes sean ejemplares en su comportamiento, especialmente en situaciones de crisis o controversia.  La negativa a declarar puede ser utilizada por la oposición para cuestionar la integridad y la ética del presidente, exacerbando las tensiones políticas y polarizando aún más el ambiente político.

En el caso específico de Pedro Sánchez, la oposición ya aprovechó la situación para recordar declaraciones pasadas en las que  él mismo exigía responsabilidad y transparencia a otros líderes en situaciones similares. Esto crea una narrativa de hipocresía y doble estándar que puede ser muy dañina para su imagen pública​​.

En la historia reciente, hemos visto varios casos donde presidentes del Gobierno se han visto envueltos en controversias legales. Por ejemplo, la declaración de Mariano Rajoy  en el caso Gürtel fue vista como un acto de responsabilidad, aunque también fue criticada por la falta de claridad en sus respuestas.