Transparencia no ejecuta sus órdenes sobre las auditorías de Indra

Tras la respuesta del  Ministerio del Interior  a la solicitud de información sobre las auditorías de los procesos electorales y el seguimiento que se le hace a Indra, el abogado  Guillermo Rocafort ha acudido de nuevo al Consejo de la Transparencia, que previamente ya había ordenado que se proporcionase dicha información. 

Ante la repuesta de Interior, Rocafort pide al Consejo de la Transparencia que “reclamen al Ministerio del Interior dichos Informes junto con el detalle de las incidencias electorales de las comisiones electorales gestionados por Indra desde 2018 en España”. El abogado también dejó constancia de su disconformidad. 

Tras la solicitud del abogado, este afirma que el Consejo de la Transparencia ha exigido aclaración al Ministerio de Marlaska de porqué no ha desvelado los Informes de Auditoría de los recuentos electorales de elecciones efectuados por Indra desde el 2018 y las incidencias que hubo. Sin embargo, el propio Consejo ha explicado que es un organismo que no puede ejecutar sus resoluciones.

En una conversación con elcierredigital.comGuillermo Rocafort sostiene que “si no lo aclaran, denunciaré penalmente por desobediencia grave al funcionario responsable, ya que me parece una tomadura de pelo. Seguramente el Ministerio del Interior se va a negar a aportar esas auditorías, cosa que es verdaderamente increíble”.

“He estado esperando meses para obtener una respuesta cuanto menos escasa, espero que no se vayan de rositas. Dijeron que sí había auditorías, pero no han colaborado. Afortunadamente el Consejo ha dado traslado de mis reclamaciones a Interior al objeto de que aclaren las cuestiones. Dentro de sus márgenes limitados de ejecución, el Consejo de la Transparencia está mostrando una proactividad importante a la hora de requerir información a ciertos estamentos”, añade Guillermo Rocafort.

La respuesta de Interior ante la solicitud de Rocafort

El 14 de mayo el  Consejo de la Transparencia, a raíz de una solicitud realizada por el abogado Guillermo Rocafort, dio un plazo de 10 días hábiles al Ministerios de Interior para que respondiese a la información solicitada por el letrado en relación con las auditorías de los procesos electorales y el seguimiento que se le hace a Indra.  Interior también tenía la opción de recurrir la resolución ante la Audiencia Nacional, como ya hizo con la relacionada con la caída de la web de Indra en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. 

En este caso Interior decidió responder a las cuestiones planteadas por Guillermo Rocafort. La primera cuestión planteada era: '¿Tiene Indra alguna resolución en su contra que le impida en España y fuera de España el acceso a la contratación pública?' La respuesta de Interior fue: “Tal cuestión debe ser formulada ante el Departamento Ministerial competente para la gestión e inscripción de las prohibiciones de contratar, que es el Ministerio de Hacienda”.

En segundo lugar, Rocafort planteaba: ¿Qué seguimiento está realizando el Ministerio del Interior en relación a las sanciones que está recibiendo Indra en cuanto a sus prácticas anticompetitivas?. En este caso la respuesta del departamento de Grande-Marlaska fue, “esta cuestión se encuentra fuera de las competencias ejercidas por el Ministerio del Interior”.

La tercera cuestión planteada era: ¿Qué consecuencias tendrán las resoluciones judiciales descritas condenatorias por parte de la Audiencia Nacional contra Indra?. Ante esto, Interior recalcó que “las consecuencias de las resoluciones judiciales condenatorias por parte de la Audiencia Nacional contra Indra serán las que en ellas mismas se determinen”.

En último lugar Rocafort planteaba: ¿Qué auditorías oficiales se han hecho sobre los comicios electorales gestionados por Indra en España desde el 2018?. Por último, Interior señaló que “la realización de auditorías a Indra se encuentran previstas expresamente en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que se incluyen en los diversos expedientes de contratación y que pueden ser consultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público”.

Para Guillermo Rocafort las respuestas del Ministerio no han sido satisfactorias. En su opinión, “han evitado aportar esos informes con declaraciones evasivas. Parece que lo que quieren es evitar ir a la Justicia y cumplir el trámite con una respuesta totalmente insuficiente. Me estoy planteando interponer una denuncia penal por desobediencia porque las resoluciones del consejo son de obligado cumplimiento si no las recurres”. 

Guillermo Rocafort había solicitado copia de las auditorías efectuadas y el detalle de las incidencias que se contienen en dichos informes, sin embargo, esa información no fue proporcionada por Interior.