El Grupo Lopesan en jaque: Paralizan sus obras en Gran Canaria por 'dudosas' licencias

El Ayuntamiento deSan Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha ordenado la paralización inmediata de las obras que el Grupo Lopesan estaba ejecutando. Estas obras se estaban realizando en el antiguo campo de golf de Pasito Blanco. La decisión municipal responde a la constatación de que los trabajos de urbanización se estaban desarrollando sin la licencia urbanística preceptiva. 

A esta irregularidad se suman los daños denunciados por varias organizaciones ecologistas. Estas han puesto el foco en la alteración de barrancos públicos y la ocupación de espacios costeros de acceso libre. De igual manera, Lopesan también ha sido recurrente en los últimos días. Concretamente, fuentes cercanas sostienen que Lopesan estaría negociando la compra del porcentaje restante del Hotel Miguel Ángel de Madrid. 

El grupo dirigido por Eustasio Lópezposee una participación destacada en el hotel, adquirido junto al fondo suizo Stoneweg por alrededor de 210 millones de euros en 2024. La posibilidad de que Lopesan se haga con la totalidad ha generado inquietud entre los sindicatos. Algunos temen una gestión más enfocada en criterios de rentabilidad, especialmente tras el reciente ERE que afectó a toda la plantilla.

Respecto a sus problemas en Canarias, Turcón-Ecologistas en Acción  y el colectivo  Altihay han denunciado en reiteradas ocasiones las obras impulsadas por Lopesan. Denuncian la destrucción de los barrancos del Hornillo y Pasito Blanco como una grave infracción ambiental. 

Los trabajos habrían consistido en el relleno de estos cauces naturales con tierras procedentes de otras obras del grupo. Sin contar con las debidas autorizaciones del Consejo Insular de Aguas ni con evaluaciones ambientales completas. 

Además, se ha documentado la construcción de un muro de contención en zona de servidumbre. Todo ello sin autorización de la Demarcación de Costas.

Según los colectivos, estas intervenciones comprometen la seguridad hidrológica del entorno. Obstaculizan la función natural de los barrancos como vías de evacuación de aguas pluviales, en una región particularmente vulnerable a fenómenos climáticos extremos.

El Consistorio sureño, tras recibir varios avisos y denuncias, ha procedido a levantar actas de inspección y a decretar la paralización de los trabajos, en aplicación de la legislación urbanística canaria. La ausencia de licencia municipal fue confirmada por técnicos del Área de Urbanismo. Asimismo, se han comunicado los hechos al Seprona de la Guardia Civil y a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Desde el ámbito político, formaciones como Nueva Canarias han exigido explicaciones sobre el grado de conocimiento previo del Gobierno municipal acerca de estas obras. Reclaman que se garantice el acceso libre al litoral y la protección de los corredores peatonales contemplados en el planeamiento urbanístico.

El plan urbanístico y los riesgos medioambientales

Las actuaciones paralizadas forman parte del Plan Parcial Meloneras 2A, aprobado por el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria. Este prevé el desarrollo de cinco hoteles de hasta siete plantas y la creación de más de 3.600 nuevas camas turísticas en la zona. En total, se han liberalizado más de 300.000 m² para uso turístico, con el compromiso de habilitar zonas verdes, paseos públicos y equipamientos.

Sin embargo, colectivos ecologistas han denunciado que, en la práctica, las intervenciones están priorizando el aprovechamiento privado del suelo frente al interés general. Esto, en un contexto de emergencia climática y saturación turística.

Las denuncias insisten en que el cierre o desnaturalización de cauces naturales puede provocar un aumento del riesgo de inundaciones y daños colaterales en caso de lluvias intensas. Asimismo, alertan sobre la posibilidad de una privatización encubierta del litoral, restringiendo el acceso a zonas que deben mantenerse como dominio público.

El movimiento 'Canarias Tiene Un Límite', en el que se integran Turcón y otros colectivos sociales, sostiene que este modelo de crecimiento reproduce los errores de hace décadas. Cuando la presión inmobiliaria sobre el litoral no iba acompañada de garantías medioambientales ni de participación ciudadana efectiva.

La posición de Lopesan y sus otros intereses turísticos

El Grupo Lopesan no ha emitido aún una valoración oficial tras la paralización decretada por el Ayuntamiento. En comunicados previos, la empresa ha defendido la legalidad de sus actuaciones, amparándose en autorizaciones sectoriales y planes aprobados por las administraciones competentes.

También ha reiterado su compromiso con la sostenibilidad, señalando que su plan de urbanización contempla zonas verdes y la integración paisajística del entorno. A pesar de ello, la ausencia de una licencia urbanística municipal ha sido considerada determinante por el consistorio para ordenar la paralización.

En paralelo, Lopesan vuelve a ser noticia también por su participación estratégica en el Hotel Miguel Ángel de Madrid tras su adquisición conjunta con el fondo suizo Stoneweg en noviembre de 2024. Una operación valorada en torno a los 210 millones de euros. Aunque actualmente no controla la totalidad del activo, fuentes cercanas al proceso aseguran que Lopesan estaría negociando la compra del porcentaje restante a su socio. Todo con el objetivo de asumir el control total del emblemático cinco estrellas del Paseo de la Castellana.

Sin embargo, esta posible operación ha generado inquietud entre los sindicatos, que recelan de una gestión exclusivamente hotelera por parte de Lopesan. Especialmente tras el reciente ERE aplicado a la plantilla y la tensión acumulada durante las negociaciones laborales. Los representantes sindicales temen que el cambio de control agrave la pérdida de derechos laborales y consolide un modelo centrado únicamente en la rentabilidad.

Las posibles consecuencias legales

En cuanto a su situación en Canarias, el conflicto podría derivar en sanciones administrativas para la promotora. Todo en función de la gravedad de las infracciones detectadas. Además, las organizaciones ecologistas no descartan acudir a la vía judicial si no se restituye la legalidad urbanística y ambiental.

Entre sus demandas se incluye la restauración del dominio público afectado. También la reapertura de los accesos a la costa y una moratoria urbanística en zonas saturadas.

Desde el ámbito académico, algunos expertos en ordenación del territorio subrayan que este tipo de conflictos ponen de relieve la necesidad de una mayor coordinación entre niveles administrativos. Además de herramientas más eficaces para la vigilancia y control del uso del suelo.

La trayectoria del Grupo Lopesan y otras controversias

El Grupo Lopesan, fundado en 1972 por Eustasio López González, es una de las principales corporaciones turísticas de Canarias. A lo largo de las últimas décadas ha diversificado su actividad hacia sectores como la promoción inmobiliaria, la construcción y la energía. Actualmente opera hoteles en España, Alemania, Austria y República Dominicana.

No obstante, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas. En 2021, Eustasio López fue procesado por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Las Palmas por presunta prostitución de menores. Todo en el marco del denominado caso '18 Lovas'. Según la investigación, una red captaba a jóvenes a través de una agencia de azafatas para actividades de prostitución encubierta.

Asimismo, Lopesan ha sido objeto de otras controversias relacionadas con operaciones urbanísticas y ventas inmobiliarias, como el caso 'La Parresía'. Aunque el grupo ha continuado expandiendo su presencia y recibiendo reconocimientos, los antecedentes judiciales han suscitado críticas sobre la transparencia de su gestión empresarial.

La paralización de las obras en Pasito Blanco constituye un punto de inflexión en el debate sobre el modelo de desarrollo turístico en Canarias. El conflicto entre la promoción de nuevas infraestructuras hoteleras y la protección del territorio, así como el papel fiscalizador de las administraciones, vuelve a situarse en el centro del debate público.

La resolución de este caso podría marcar un precedente importante en el litoral canario y en la definición de los límites del urbanismo insular.